Las consecuencias no deseadas de la política de vacunación contra la COVID-19: por qué los mandatos, los pasaportes y las restricciones pueden causar más daño que bien

Abstracto

Las políticas de vacunación han cambiado drásticamente durante la COVID-19 con la rápida aparición de mandatos de vacunación para toda la población, pasaportes nacionales de vacunación y restricciones diferenciales basadas en el estado de vacunación. Si bien estas políticas han provocado un debate ético, científico, práctico, legal y político, ha habido una evaluación limitada de sus posibles consecuencias no deseadas. Aquí describimos un conjunto completo de hipótesis que explican por qué estas políticas pueden, en última instancia, ser contraproducentes y dañinas. Nuestro marco considera cuatro dominios: (1) psicología del comportamiento, (2) política y derecho, (3) socioeconomía y (4) la integridad de la ciencia y la salud pública. Si bien las vacunas actuales parecen haber tenido un impacto significativo en la disminución de la carga de morbilidad y mortalidad relacionada con la COVID-19, sostenemos que las políticas actuales de vacunación obligatoria son científicamente cuestionables y es probable que causen más daño que bien a la sociedad. Restringir el acceso de las personas al trabajo, la educación, el transporte público y la vida social en función del estado de vacunación contra la COVID-19 atenta contra los derechos humanos, promueve el estigma y la polarización social y afecta negativamente a la salud y el bienestar. Las políticas actuales pueden conducir a una ampliación de las desigualdades sanitarias y económicas, impactos perjudiciales a largo plazo en la confianza en el gobierno y las instituciones científicas, y reducir la adopción de futuras medidas de salud pública, incluidas las vacunas COVID-19 y las inmunizaciones de rutina. La vacunación obligatoria es una de las intervenciones más poderosas en salud pública y debe usarse con moderación y cuidado para defender las normas éticas y la confianza en las instituciones. Sostenemos que las políticas actuales de vacunación contra la COVID-19 deberían reevaluarse a la luz de las consecuencias negativas que describimos. Aprovechar estrategias de empoderamiento basadas en la confianza y la consulta pública, y mejorar los servicios e infraestructuras de atención médica, representan un enfoque más sostenible para optimizar los programas de vacunación contra la COVID-19 y, en términos más generales, la salud y el bienestar del público.