La gobernanza rebelde en los Estados de facto

Adrian Florea

European Journal of International Relations, volumen 26, número 4 (2020), pp. 1004–1031.

DOI: https://doi.org/10.1177/1354066120919481

Resumen

Los Estados de facto, como Somalilandia (Somalia), son enclaves separatistas no reconocidos que presentan características propias de un Estado, pero carecen de estatus jurídico internacional. Para obtener legitimidad interna y externa, estos actores desarrollan una amplia variedad de prácticas de gobernanza: crean fuerzas militares y policiales, ramas ejecutivas, legislativas y judiciales, hospitales, escuelas, bancos o redes de seguridad social.

A pesar de las ventajas evidentes que puede aportar la creación de una arquitectura institucional compleja, los Estados de facto muestran una gran variación en el conjunto de instituciones propias de un Estado que construyen: algunos, como la República Popular de Lugansk (Ucrania), establecen un aparato de gobernanza rudimentario, mientras que otros, como Transnistria (Moldavia), consiguen construir un sistema de gobierno complejo. ¿Qué explica las diferencias en las prácticas de gobernanza entre estos enclaves separatistas? A partir de datos originales sobre las instituciones de gobernanza de todos los Estados de facto existentes entre 1945 y 2016, este estudio examina empíricamente los principales factores que determinan los incentivos de los separatistas para proporcionar gobernanza.

Los resultados revelan que los separatistas de Estados de facto tienen menos probabilidades de proporcionar gobernanza cuando disponen de recursos minerales susceptibles de ser saqueados, pero más probabilidades de hacerlo cuando reciben apoyo militar externo, cuando hay fuerzas de mantenimiento de la paz presentes, cuando tienen acceso a activos relativamente inmóviles, cuando adoptan una ideología marxista y cuando controlan el territorio durante un periodo prolongado. Los resultados contribuyen a comprender mejor las condiciones en las que actores armados no estatales sustituyen a Estados soberanos como autoridades de facto e institucionalizan con éxito su dominio.

Palabras clave: Estados de facto; secesión; gobernanza rebelde; guerra civil; soberanía; territorialidad.

Introducción

Antes de 2009, quienes viajaban al noreste de Sri Lanka se encontraban con una sucesión de puestos de control fronterizo internos que no aparecían en ningún mapa oficial, porque estaban controlados por los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE). Desde Kilinochchi hasta Trincomalee, estos puestos de control, sometidos a una vigilancia estricta, regulaban la entrada de personas y mercancías en Tamil Eelam, un Estado de facto donde los separatistas tamiles habían establecido estructuras paralelas de gobernanza.

En 2009, el ejército de Sri Lanka lanzó una gran ofensiva que terminó con la destrucción del LTTE y la desaparición del Estado de facto. Tamil Eelam no es un caso aislado de un grupo separatista que gobierna autónomamente partes del territorio de un país soberano y desarrolla actividades propias de un Estado. De hecho, los Estados de facto han sido una presencia constante en el entorno internacional posterior a 1945 (Florea, 2014).

Algunos, como Chipre del Norte y Somalilandia, existen desde hace varias décadas, mientras que otros, como la República Popular de Donetsk (Ucrania) o Cirenaica/Libia Oriental, son creaciones más recientes.

Los Estados de facto se sitúan en un espacio intermedio entre el bandolerismo y la construcción estatal (Ahram, 2019), y evocan dos imágenes: por un lado, la de espacios semianárquicos controlados por insurgentes despiadados, depredadores y sujetos a los intereses de grandes potencias o potencias regionales; por otro, la de entidades funcionales que cuentan con legitimidad interna y establecen estructuras complejas de gobernanza. Para quienes los observan desde fuera, sus dirigentes pueden parecer señores de la guerra oportunistas; para la población local, pueden presentarse como constructores de un Estado que proporcionan orden, organizan los asuntos locales y sustituyen al gobierno soberano como autoridad normativa (Pegg, 1998).

Lo que diferencia a los Estados de facto de otros tipos de actores no estatales que monopolizan la violencia es su objetivo de independencia y su relativo éxito a la hora de construir un aparato funcional propio de un Estado.

Una vez que han asegurado el control militar de un territorio que legalmente pertenece a un Estado-nación reconocido, los dirigentes de los Estados de facto llevan a cabo regularmente una amplia variedad de actividades de gobernanza: crean estructuras gubernamentales y administrativas paralelas, establecen instituciones alternativas para garantizar los derechos de propiedad y resolver disputas, realizan actividades periódicas de extracción de recursos y recaudación de impuestos, y proporcionan bienes públicos —como servicios sanitarios, educativos o de seguridad social— a la población local.

A pesar de los costes de coordinación y aplicación —acordar y poner en práctica una estrategia de gobernanza basada en normas supone un esfuerzo considerable—, la gobernanza proporcionada por los separatistas de los Estados de facto genera diversos beneficios: refuerza su legitimidad ante los públicos nacionales y extranjeros (Coggins, 2014; Griffiths, 2016), facilita el reclutamiento y la movilización de recursos, transmite su compromiso con el gobierno del territorio y contribuye a internacionalizar el conflicto.

Aunque las ventajas esperadas de establecer una arquitectura de gobernanza son evidentes, los Estados de facto muestran grandes diferencias en el conjunto de instituciones propias de un Estado que construyen: algunos, como la autoproclamada República Popular de Lugansk en Ucrania, improvisaron un aparato de control rudimentario, mientras que otros, como Transnistria en Moldavia, consiguieron construir un sistema de gobierno separado y avanzado.

¿Qué explica las diferencias en las prácticas de gobernanza entre estos actores que comparten objetivos similares? ¿Por qué no todos los Estados de facto construyen más instituciones de gobernanza, cuando estas probablemente aumentarían su legitimidad interna e internacional y, más ampliamente, sus reivindicaciones de independencia?

A partir de datos recopilados originalmente para todos los Estados de facto durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial (1945–2016), este estudio sostiene que la variabilidad observada en las actividades de gobernanza de los enclaves secesionistas está determinada por la naturaleza del entorno de amenazas en el que operan los separatistas, la estructura organizativa del movimiento separatista y el tipo de recursos disponibles para los dirigentes de los Estados de facto.

El artículo identifica dos factores fundamentales que pueden modificar el entorno de amenazas y, por tanto, afectar a las decisiones de gobernanza de los separatistas: el apoyo militar externo y la presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz. El apoyo militar externo ayuda a los dirigentes de los Estados de facto a mantener la movilización frente al Estado matriz, reduce el nivel de amenaza y puede animarles a centrarse más en gobernar el territorio bajo su control. Las fuerzas de mantenimiento de la paz también pueden influir decisivamente en la percepción de las amenazas por parte de los separatistas.

Aunque la función principal de estas fuerzas es evitar que se reanude la violencia, su presencia aísla efectivamente el enclave del Estado matriz y ayuda a los separatistas a consolidar su autoridad. La estructura organizativa de la insurgencia —si es unitaria o está fragmentada— resulta fundamental para la viabilidad a largo plazo de las estructuras alternativas de gobernanza. La fragmentación puede desviar recursos, a menudo escasos, hacia las disputas entre facciones en lugar de destinarlos a institucionalizar un aparato de gobierno.

La sostenibilidad de un sistema funcional de gobernanza en los Estados de facto también depende de la naturaleza de los recursos disponibles para los insurgentes. Cuando controlan activos relativamente inmóviles, los separatistas probablemente tendrán incentivos para desarrollar prácticas de gobernanza más amplias. Sin embargo, cuando tienen acceso a recursos minerales susceptibles de ser saqueados, probablemente tendrán menos incentivos para emprender actividades de gobernanza.

El análisis empírico ofrece un respaldo desigual a las expectativas teóricas. El apoyo militar externo parece afectar únicamente al establecimiento de determinados tipos de instituciones de gobernanza, en concreto las instituciones políticas, como un ejecutivo, un poder legislativo o un sistema judicial. La presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz está positivamente relacionada con el conjunto de instituciones de gobernanza. La fragmentación de los movimientos rebeldes parece afectar negativamente solo a la institucionalización de una fiscalidad regularizada.

Los activos inmóviles tienen un impacto positivo en todos los tipos de instituciones de gobernanza, especialmente en las instituciones políticas y las extractivas o tributarias. El acceso a recursos minerales expropiables aparece como un importante obstáculo para la institucionalización del gobierno rebelde. Los resultados también revelan que la gobernanza en los Estados de facto tiende a ser más amplia cuando los separatistas adoptan una ideología marxista/comunista y cuando controlan el territorio durante un periodo prolongado.

En conjunto, los resultados contribuyen a la creciente investigación sobre la gobernanza ejercida por actores armados no estatales al identificar las condiciones que incentivan a estos actores a proporcionar gobernanza. En términos más amplios, el análisis permite comprender mejor los incentivos de los rebeldes para optar entre un gobierno organizado y la depredación, y amplía nuestro conocimiento sobre la fragmentación de la autoridad durante las guerras civiles.

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera. La primera parte ofrece una definición conceptual de la gobernanza rebelde y analiza los fundamentos lógicos de la provisión de gobernanza en los Estados de facto. El debate teórico genera una serie de expectativas que se contrastan con datos recopilados originalmente sobre todos los Estados de facto entre 1945 y 2016. El análisis empírico va seguido de un examen de la significación estadística y sustantiva de los principales resultados. Por último, la sección final desarrolla la importancia teórica y práctica de los resultados clave.

La lógica de la gobernanza rebelde en los Estados de facto

Convencionalmente, los rebeldes se consideran empresarios de la violencia que luchan contra el Estado —o contra competidores internos— y ejercen violencia selectiva o indiscriminada contra la población civil (Kalyvas, 2006). Es menos habitual la imagen del rebelde que decide «asentarse, ponerse una corona y sustituir la anarquía [interna] por un gobierno» (Olson, 1993: 568).

Aunque la lógica de la violencia en las guerras civiles ha recibido mucha atención, la lógica de la gobernanza rebelde en los conflictos internos ha sido investigada en menor medida. Esto resulta llamativo, dado que la gobernanza rebelde es bastante común en rebeliones de distintas regiones y periodos históricos.

Las actividades de gobernanza de insurgencias latinoamericanas, como las FARC (Colombia), el FMLN (El Salvador) o Sendero Luminoso (Perú), están bien documentadas (Arjona, 2016; Weinstein, 2007; Wickham-Crowley, 1987). También existe abundante información sobre las prácticas de construcción estatal de diversos movimientos rebeldes en África (Mampilly, 2011; Reno, 2011), el Sudeste Asiático (Hashim, 2013), Oriente Próximo (Berti, 2015; Pearlman, 2011) o el espacio postsoviético (Caspersen, 2012; Hill, 2012; Toal, 2017).

Los estudios existentes analizan la gobernanza rebelde desde la perspectiva de las actividades destinadas a aplicar normas de obligado cumplimiento colectivo y proporcionar bienes públicos en territorios controlados por insurgentes (Arjona et al., 2015; Huang, 2016a).

Mampilly (2011: 17) sostiene que una organización rebelde ejerce una gobernanza efectiva cuando: (a) ejerce el monopolio de la violencia en un área y es capaz de «desarrollar una fuerza que pueda ejercer funciones policiales sobre la población» que vive en ella; (b) desarrolla un mecanismo de resolución de disputas, «ya sea mediante una estructura judicial formal o mediante un sistema ad hoc»; y (c) demuestra capacidad para proporcionar otros bienes públicos además de la seguridad. La creciente investigación sobre la gobernanza rebelde se centra mayoritariamente en el aspecto redistributivo del repertorio de comportamiento de los insurgentes.

Los estudios cuantitativos y cualitativos actuales sobre el gobierno rebelde intentan explicar principalmente la provisión de bienes públicos en territorios controlados por insurgentes y los procesos mediante los cuales las actividades redistributivas de los rebeldes influyen en los resultados de los conflictos, como su duración, su finalización, la democratización posterior a la guerra o la victimización de la población civil (Arjona, 2016; Florea, 2017; Heger y Jung, 2017; Huang, 2016a; Stewart, 2018).

Sin embargo, el ejercicio del gobierno observado en los Estados de facto y en otros actores armados no estatales que persiguen objetivos diferentes —como derrocar al gobierno— va más allá de la redistribución y la provisión de bienes públicos, e incluye un abanico más amplio de prácticas institucionales (Clunan y Trinkunas, 2010; Risse, 2011).

Por ello, este estudio adopta una visión más amplia de la gobernanza rebelde, que incluye el conjunto de instituciones políticas, redistributivas y extractivas mediante las cuales los insurgentes regulan la vida social, económica y política en el territorio bajo su control. La conceptualización de la gobernanza rebelde adoptada aquí incluye todo el espectro de actividades insurgentes funcionalmente equivalentes a la construcción de un Estado: organización política —establecimiento de instituciones ejecutivas, legislativas o judiciales—; redistribución —provisión de bienes públicos—; y extracción —recaudación regularizada de impuestos—.

Las prácticas de gobernanza rebelde son muy diversas. Muchos grupos rebeldes realizan alguna forma de extracción o tributación regularizada y, de este modo, se apropian de una función importante de la soberanía estatal.

Diversos movimientos insurgentes, como la Unión Patriótica del Kurdistán (Natali, 2010), la Agrupación Congoleña para la Democracia (de la Sierra, 2020) o, más recientemente, el Estado Islámico de Irak y el Levante (Revkin, 2020), han impuesto impuestos sobre la propiedad, los ingresos, la exportación e importación de mercancías, los servicios, las actividades comerciales, el tránsito de vehículos y personas, las remesas o la producción de minerales.

Otros grupos rebeldes, como el Ejército para la Independencia de Kachin en Birmania/Myanmar (Berg y Van Houtum, 2003), han establecido sistemas paralelos de gobierno con ministerios, policía y fuerzas fronterizas, prisiones, escuelas y hospitales. Otros insurgentes, como los de la región de Puntlandia, en Somalia (Nalla, 2010), desarrollaron sistemas jurídicos complejos y mecanismos de resolución de disputas.

Lo distintivo de los Estados de facto es la expectativa de que presenten una arquitectura de gobernanza compleja. A diferencia de otros tipos de organizaciones armadas no estatales, que pueden utilizar la gobernanza de manera más estratégica o selectiva, se supone que los dirigentes de los Estados de facto emprenden una institucionalización amplia de su dominio.

Esta premisa se deriva de dos características fundamentales que distinguen a los Estados de facto de otros actores armados no estatales: el monopolio de la violencia o el control territorial, y el objetivo de independencia. Por un lado, quienes monopolizan la violencia tienen incentivos racionales para asentarse y maximizar los beneficios del autogobierno (Olson, 1993). Por otro, los rebeldes que buscan la independencia necesitan demostrar, ante públicos nacionales e internacionales, que son capaces de gobernar con éxito para obtener y mantener su legitimidad (Cunningham, 2015; Griffiths, 2016; Stewart, 2018).

Los Estados de facto sustituyen a los gobiernos soberanos como autoridades efectivas en el territorio que reivindican, pero su legitimidad depende, en última instancia, de su capacidad para mantener el orden, administrar justicia, resolver disputas, proporcionar servicios públicos —como carreteras, escuelas u hospitales— y coordinar instituciones formales o informales para organizar los asuntos locales.

En esencia, su legitimidad —entendida como la aceptación de que son la autoridad legítima del territorio— depende de su capacidad y disposición para ejercer una gobernanza efectiva. Al construir una estructura funcional de gobierno, los dirigentes de los Estados de facto se comprometen de manera creíble a cumplir su parte del contrato social, garantizar el cumplimiento voluntario de sus normas y transmitir a los públicos internacionales su capacidad para organizar los asuntos internos y sobrevivir separados del Estado matriz.

En muchos Estados de facto, la gobernanza se ejerce de forma bastante amplia. Por ejemplo, Somalilandia, un Estado de facto surgido en 1991 tras el colapso del régimen de Barre en Somalia, ha construido gradualmente una arquitectura institucional propia de un Estado soberano. La república autoproclamada cuenta con su propio gobierno, poder legislativo, sistema judicial y policía.

El enclave aplica un sistema regular de impuestos, proporciona servicios públicos como sanidad y educación, mantiene relaciones comerciales con socios internacionales e incluso dispone de un banco central separado que emite moneda propia, el chelín somalilandés. Durante sus casi tres décadas de existencia separada, la región ha sido más estable que el Estado soberano al que sigue perteneciendo legalmente, Somalia.

En otros casos, sin embargo, los dirigentes de los Estados de facto han tenido menos éxito a la hora de implantar un sistema funcional de gobernanza. Por ejemplo, los Tigres de Liberación (LTTE), que controlaron el desaparecido Tamil Eelam, en el noreste de Sri Lanka, entre 1984 y 2009, sí establecieron un sistema jurídico separado compuesto por una red de tribunales de distrito y tribunales de apelación.

Sin embargo, el LTTE nunca proporcionó servicios sanitarios ni educativos en el territorio bajo su control, ni coordinó eficazmente las actividades productivas locales (Hashim, 2013). Más recientemente, los separatistas de la autoproclamada República Popular de Lugansk (RPL), en el este de Ucrania (2014–), han tenido dificultades incluso para poner en marcha estructuras básicas de estatalidad (Toal, 2017).

En teoría, la RPL tiene su propio gobierno, parlamento y tribunales, pero estas instituciones apenas funcionan: el gobierno está dividido por las rivalidades entre antiguos comandantes rebeldes, el parlamento es poco más que una asamblea que ratifica decisiones y se reúne de forma irregular, y los tribunales locales recién creados todavía no han adoptado un código civil.

Estos ejemplos de Estados de facto de distintas regiones y periodos históricos ilustran la enorme variabilidad de las actividades de gobernanza: algunos tienen bastante éxito a la hora de institucionalizar un sistema de autogobierno propio de un Estado, mientras que otros desarrollan una gobernanza mínima. ¿Qué puede explicar estas diferencias?

Basándose en la literatura reciente sobre los Estados de facto y el comportamiento organizativo de los rebeldes, este estudio sostiene que los incentivos de sus dirigentes para proporcionar una gobernanza amplia o limitada probablemente dependen de la naturaleza del entorno de amenazas en el que operan, de la estructura organizativa del movimiento separatista y del tipo de recursos disponibles en los enclaves escindidos.

La siguiente sección examina los procesos mediante los cuales estos factores alteran la motivación de los separatistas para construir sistemas de gobernanza más o menos desarrollados.

El entorno de amenazas

Aunque los Estados de facto controlan un territorio y aspiran a independizarse, su existencia es intrínsecamente precaria y su supervivencia depende, en última instancia, de su capacidad para movilizarse con éxito frente al gobierno central. La capacidad y la voluntad de sus dirigentes para institucionalizar un aparato de gobernanza elaborado probablemente se verán afectadas por el nivel de amenaza a su monopolio de la violencia.

Cuando la amenaza al monopolio de la violencia de los separatistas es grave, tendrán menos incentivos para construir una arquitectura de gobernanza sofisticada. Por el contrario, cuando la amenaza a su control territorial sea menos acuciante, probablemente estarán más interesados en desarrollar un sistema de gobierno integral.

La literatura reciente sobre los Estados de facto (Caspersen, 2012; Florea, 2017; Keating, 2018; Lynch, 2004; Toal, 2017) sugiere que dos factores determinan fundamentalmente el entorno de amenazas en el que operan y, por tanto, su capacidad para asegurar un monopolio de la violencia: el grado de apoyo militar externo de terceros y la presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz en su territorio.

El apoyo militar externo proporcionado por un patrocinador puede ofrecer a los dirigentes de un Estado de facto un amplio margen para mantener la base de movilización de su movimiento y destinar recursos materiales a actividades de gobernanza (San-Akca, 2016). La ayuda militar extranjera puede adoptar diversas formas: armas ligeras, tecnologías de comunicación, logística, equipamiento militar, personal militar, instructores profesionales y refugios seguros (Byman, 2005).

Imponer el orden, administrar justicia, formar asambleas populares, establecer un sistema de impuestos regularizado y una administración pública, gestionar escuelas y hospitales, dirigir los asuntos económicos locales y cultivar la legitimidad mediante prácticas simbólicas —como desfiles militares o monumentos dedicados a los «combatientes» rebeldes— requiere un importante presupuesto de gobernanza. Gestionar una burocracia gubernamental alternativa es una tarea costosa que exige fondos sustanciales, distintos de los destinados a mantener la insurgencia.

La asistencia militar externa —especialmente cuando el apoyo se ofrece de forma regular y creíble— puede facilitar la reasignación de recursos hacia actividades de gobernanza. Bajo el paraguas protector de un patrocinador externo, es probable que los separatistas tengan más éxito a la hora de consolidar su dominio y establecer un contrato social con la población local. Por tanto, el apoyo militar externo puede generar fuertes incentivos para construir instituciones de gobernanza.

Los Estados de facto supervivientes del espacio postsoviético —Transnistria (Moldavia), Abjasia y Osetia del Sur (Georgia), y Nagorno-Karabaj (Azerbaiyán)— ilustran claramente el papel fundamental del apoyo militar extranjero en el desarrollo de instituciones propias de un Estado.

Bajo la protección de patrocinadores externos —Rusia en los casos de Transnistria, Abjasia y Osetia del Sur; Armenia en el de Nagorno-Karabaj—, todos estos enclaves consiguieron construir un aparato funcional propio de un Estado, con instituciones políticas, extractivas y redistributivas (Blakkisrud y Kolsto, 2011; Caspersen, 2012).

Fuera del espacio postsoviético, Turquía ha sido fundamental para el proceso de construcción estatal en Chipre del Norte (Ker-Lindsay, 2012) y, más recientemente, la amplia asistencia militar de Emiratos Árabes Unidos ha sido clave para el desarrollo de un gobierno paralelo en Cirenaica/Libia Oriental (Ahram, 2019).

Aunque se espera que el apoyo militar externo tenga un efecto positivo en el proceso general de gobernanza de los Estados de facto, su impacto en los tipos de instituciones creadas por los separatistas probablemente será más desigual. Los estudios sobre los procesos de construcción estatal en los Estados de facto postsoviéticos, por ejemplo, sugieren que la asistencia militar de un Estado patrocinador influye sobre todo en el desarrollo de instituciones políticas y redistributivas (Caspersen, 2012; Lynch, 2004).

Los separatistas parecen tomar de manera independiente las decisiones relativas al alcance de la tributación regularizada —extracción—, sin depender del apoyo militar externo. Por tanto, la primera expectativa es que el apoyo militar externo afectará positivamente al número total de instituciones de gobernanza, pero tendrá un mayor efecto sobre las instituciones políticas y redistributivas que sobre las extractivas.

La presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz en el territorio de los Estados de facto también puede alterar de forma decisiva el entorno de amenazas en el que operan los separatistas. Aunque estas fuerzas se despliegan principalmente para evitar la reanudación de conflictos violentos, su presencia aísla efectivamente el territorio del Estado matriz y puede ayudar a los separatistas a consolidar su monopolio de la violencia.

Las operaciones de mantenimiento de la paz suelen funcionar como barreras militares y políticas y, por tanto, pueden crear condiciones favorables para establecer o consolidar estructuras alternativas de autoridad (Fortna, 2008). Según Beardsley et al. (2015), las operaciones de mantenimiento de la paz pueden permitir que actores no estatales refuercen su poder.

En concreto, las fuerzas de mantenimiento de la paz «pueden permitir que actores no estatales adquieran fuerza y legitimidad y, por tanto, constituyan una amenaza futura aún mayor para el Estado si no se alcanza algún tipo de acuerdo» (Beardsley y Gleditsch, 2015: 67). Así, cuando hay fuerzas de mantenimiento de la paz presentes, cabe esperar que los dirigentes de facto estén protegidos frente a amenazas externas y destinen más recursos a actividades de gobernanza.

Al igual que ocurre con el apoyo militar externo, es poco probable que el impacto de las fuerzas de mantenimiento de la paz sobre el establecimiento de instituciones de gobernanza sea uniforme. Estas fuerzas pueden abrir espacio para que los separatistas desarrollen sus instituciones políticas y pueden ayudar, directa o indirectamente, a proporcionar bienes públicos, como seguridad, hospitales y escuelas.

Por ejemplo, la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS; 2005–2011) contribuyó a proporcionar seguridad y un espacio de cooperación entre los organismos humanitarios y los separatistas de Sudán del Sur para prestar servicios sanitarios y educativos a la población local (Podder, 2014). Al mismo tiempo, el efecto de las misiones de mantenimiento de la paz sobre las instituciones extractivas podría ser menos acusado.

Los dirigentes de los Estados de facto podrían tener menos incentivos para crear instituciones extractivas cuando las fuerzas de mantenimiento de la paz facilitan, directa o indirectamente, la prestación de servicios públicos como seguridad, sanidad y educación. Los datos sobre las instituciones de gobernanza establecidas por los Estados de facto permitirán aclarar si la presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz tiene efectos distintos según el tipo de institución creada por estos persistentes actores no estatales.

La estructura organizativa de la insurgencia

La estructura organizativa de los Estados de facto es otro factor clave que puede influir en los incentivos de los separatistas para construir instituciones de gobernanza. Las características internas de una insurgencia —si es cohesionada y unitaria o está fragmentada— pueden ser una fuente importante de variación en la gobernanza rebelde. Intuitivamente, los movimientos rebeldes cohesionados y unitarios deberían tener más éxito a la hora de institucionalizar órdenes alternativos.

Un movimiento cohesionado suele «disfrutar de la capacidad organizativa para movilizar la participación de masas, imponer disciplina estratégica y contener elementos perturbadores». Por el contrario, un movimiento fragmentado «carece del liderazgo, las instituciones y el propósito colectivo necesarios para coordinar y limitar a sus miembros» (Pearlman, 2011: 2).

La fragmentación rebelde es frecuente en las guerras civiles (Bakke et al., 2012) y se ha demostrado que influye en diversos procesos de conflicto, como la escalada de la no violencia a la violencia, la probabilidad de alcanzar acuerdos de paz o la violencia entre facciones (Seymour et al., 2016).

La fragmentación puede perjudicar considerablemente la capacidad de los rebeldes para desempeñar las funciones clásicas asociadas al gobierno. Cuando la autoridad política o militar dentro de un movimiento es objeto de fuertes disputas, los valiosos recursos pueden desviarse hacia las luchas internas entre facciones en lugar de destinarse a proporcionar gobernanza. Por el contrario, cuando hay pocas disputas sobre quién ejerce la autoridad no estatal, los rebeldes pueden estar mejor situados para regular los asuntos socioeconómicos y políticos en las zonas bajo su control.

La fragmentación resulta especialmente perjudicial cuando no existe un patrocinador externo que compense los recursos consumidos por los conflictos internos. Por ejemplo, la división interna del movimiento rebelde fue sin duda uno de los factores clave del desmoronamiento de la insurgencia chechena en 1999. Después de expulsar a las tropas rusas de la república en agosto de 1996, las rivalidades internas debilitaron la capacidad organizativa de la insurgencia.

Las intensas luchas internas entre señores de la guerra como Shamil Basáyev y Aslán Masjádov pasaron a ocupar un lugar prioritario frente a las actividades de construcción estatal. Las consecuencias se hicieron evidentes de inmediato: a comienzos de 1999, Chechenia se caracterizaba por el desmantelamiento casi completo de las instituciones, la «pérdida de control sobre los medios de violencia, la incapacidad para integrar a los grupos armados en el Estado y la radicalización del discurso islámico» (Zurcher, 2007: 86).

La competencia dentro de un movimiento puede influir notablemente en la decisión de los rebeldes de proporcionar gobernanza. Los grupos hegemónicos pueden aprovechar su posición monopolística para institucionalizar un sistema de gobierno, reforzar su legitimidad entre la población local y disuadir la entrada de nuevos competidores en el mercado local de la autoridad.

Akcinaroglu y Tokdemir (2018) sostienen que, dados los costes de proporcionar gobernanza, los grupos armados que controlan un territorio en régimen de monopolio tendrán más probabilidades de invertir en una reputación positiva dentro de sus comunidades mediante la prestación de bienes y servicios, porque los riesgos de esa inversión serán menores. Por el contrario, los grupos que se enfrentan a rivales internos tendrán menos disposición o capacidad para proporcionar gobernanza.

Según Metelits (2010: 12), «cuando un grupo insurgente no se enfrenta a competencia por los recursos, puede movilizar el apoyo popular de forma más eficiente, recaudando recursos y reclutando cuadros para obtener autonomía frente al Estado y frente a posibles rivales».

Todos estos argumentos coinciden en señalar que la fragmentación puede perjudicar la capacidad de los separatistas para construir instituciones de gobernanza. Sin embargo, un análisis desagregado por funciones de estas instituciones puede revelar que la fragmentación tiene efectos potencialmente distintos sobre los tipos de instituciones de gobernanza construidas por los separatistas en los Estados de facto.

Mientras que el efecto negativo de las rivalidades internas sobre las instituciones extractivas y redistributivas resulta intuitivo y es claramente visible en casos recientes —como Cirenaica/Libia Oriental o la República Popular de Lugansk en Ucrania—, el efecto de la fragmentación sobre el desarrollo de instituciones políticas es menos evidente. A primera vista, cabría esperar que la rivalidad entre facciones rebeldes redujera la capacidad de los insurgentes para establecer o mantener sistemas políticos con ramas ejecutivas, legislativas o judiciales funcionales.

Sin embargo, un examen más detenido muestra que grupos que se enfrentaban a múltiples competidores internos, como el LTTE en Sri Lanka durante la década de 1980, fueron bastante eficaces en el desarrollo de instituciones políticas (Hashim, 2013). Los datos desagregados sobre los tipos de instituciones de gobernanza de los Estados de facto permitirán aclarar la relación entre la fragmentación y la gobernanza rebelde.

Los recursos disponibles

Los Estados de facto realizan actividades propias de un Estado de forma irregular y muestran que los monopolios de la violencia o la existencia de objetivos compartidos entre los rebeldes son predictores imperfectos de la gobernanza no estatal. Lo que también parece importar es el tipo de recursos disponibles para los separatistas y, más concretamente, la naturaleza de los activos locales y de los recursos minerales situados en su territorio.

Cuando los separatistas controlan activos locales relativamente inmóviles, como instalaciones industriales o agrícolas, probablemente anticiparán flujos constantes de ingresos y tendrán interés en asentarse y apoyar las actividades económicas productivas.

Los activos situados en territorios controlados por los rebeldes pueden modificar radicalmente su enfoque de la gobernanza, porque los ingresos previstos de la explotación de activos relativamente inmóviles probablemente desplazarán la estrategia de equilibrio desde el saqueo hacia el gobierno (de la Sierra, 2020). Cuando existen activos inmóviles, interesa a los separatistas limitar la extracción forzosa y fomentar la actividad económica para maximizar la producción sujeta a impuestos (Sabates-Wheeler y Verwimp, 2014).

Para maximizar la extracción y la recaudación, los gobernantes rebeldes tienen, no obstante, un interés general en alcanzar un pacto social con la población local, que normalmente implica redistribución y provisión de bienes públicos (Olson, 1993). Por tanto, la especificidad de los activos probablemente afecta directamente a la extracción o tributación rebelde y a la redistribución o provisión de bienes públicos.

En los Estados de facto, los activos agrícolas o industriales suelen haber sido creados por los propios separatistas después de asegurar el control territorial o heredados de los Estados matrices cuando estos perdieron el control del enclave disputado. Somalilandia es un ejemplo de Estado de facto con un sector agrícola bastante sólido, compuesto principalmente por la producción ganadera.

La ganadería es fundamental para la viabilidad del territorio escindido, ya que representa aproximadamente el 60 % del PIB de Somalilandia y más del 75 % de sus exportaciones (Muhumed y Yonis, 2018). Un ejemplo de Estado de facto con una infraestructura industrial bien desarrollada, heredada del Estado matriz, es Transnistria, que se separó de Moldavia tras la disolución de la Unión Soviética. Durante la época soviética, la mayor parte de la industria pesada moldava estaba concentrada en Transnistria.

Después de la separación de facto del enclave en 1991, los separatistas transnistrios conservaron el control de un gran complejo industrial. Desde entonces, esta infraestructura industrial ha generado sistemáticamente más de la mitad del PIB de la región (Calus, 2013).

Cuatro grandes empresas operan en el territorio escindido: la Siderúrgica de Moldavia (Moldova Steel Works, MSW), en Ribnita, que «en el año 2000 exportaba una producción valorada en 150 millones de dólares anuales, incluidos 70 millones a Estados Unidos» (Hill, 2012: 98) y que proporciona alrededor del 60 % de las exportaciones de Transnistria y «aproximadamente el 50 % de sus ingresos fiscales» (Blakkisrud y Kolsto, 2011: 189); la central eléctrica de Cuciurgani, que cubre todas las necesidades energéticas del enclave e incluso satisface alrededor del 50 % de la demanda eléctrica de Moldavia; la cementera de Ribnita, que exporta la mayor parte de su producción a Rusia; y el conglomerado Sheriff, propietario de un canal de televisión, una fábrica textil, una red de telefonía móvil, una cadena de supermercados, un moderno complejo deportivo y estaciones de servicio repartidas por toda la región.

Sin duda, la infraestructura industrial de Transnistria ha facilitado que el Estado de facto sustituya al gobierno soberano moldavo como principal actor encargado de proporcionar gobernanza local. La naturaleza de los activos locales ha permitido a los separatistas transnistrios construir con éxito un sistema paralelo de gobernanza.

Un informe de 2004 del International Crisis Group señalaba que Transnistria «había establecido y consolidado sus propias estructuras similares a las de un Estado: cuenta con un presidente y un parlamento elegidos, un banco nacional que emite moneda, un sistema judicial que va desde los tribunales inferiores hasta un Tribunal Constitucional, un ejército, policía, milicia, un potente servicio de seguridad interna, guardias fronterizos y un servicio de aduanas, una Constitución, un himno nacional, un escudo y una bandera» (International Crisis Group, 2004).

Los residentes del territorio escindido disfrutan de asistencia sanitaria y educación gratuitas, gas subvencionado, transporte público y un tipo impositivo fijo del 10 %. Así pues, la lógica expuesta, junto con los ejemplos de Somalilandia y Transnistria, sugiere que las infraestructuras industriales o agrícolas compuestas por activos relativamente inmóviles pueden influir positivamente en los esfuerzos de los separatistas por establecer instituciones de gobernanza, especialmente instituciones extractivas y redistributivas.

La presencia de recursos minerales expropiables, como diamantes, oro u otras piedras preciosas, también puede afectar a los incentivos de los separatistas para invertir en la institucionalización de su dominio. Cuando controlan zonas ricas en recursos minerales, los insurgentes tienen incentivos racionales para abandonar las actividades productivas y adoptar comportamientos depredadores (Beardsley y McQuinn, 2009; Haer et al., 2020).

Los entornos ricos en recursos fácilmente saqueables desincentivan a los separatistas a ejercer una gobernanza amplia, porque el acceso a los activos materiales no depende de su estrategia de gobierno. Las dotaciones de recursos minerales expropiables, como los diamantes aluviales o los metales preciosos, pueden transformar los enclaves secesionistas en Estados de facto rentistas, donde los ingresos proceden de actividades no productivas y los gobernantes locales obtienen más beneficios de la depredación que de un gobierno institucionalizado.

Los recursos minerales tienden a atraer a insurgentes oportunistas, que probablemente serán indisciplinados, violentos y explotadores de la población local (Weinstein, 2007). Los rebeldes que tienen acceso a recursos minerales lucrativos buscan maximizar sus ingresos, no el bienestar social.

La función principal de las instituciones construidas por los insurgentes en entornos ricos en recursos consiste en reducir el coste de mantener un monopolio de la violencia, en lugar de desarrollar un aparato complejo de extracción, redistribución y organización política.

La presencia de recursos minerales fácilmente saqueables proporciona la base material necesaria para superar los problemas de acción colectiva y mantener la movilización contra el gobierno. Además, hace innecesario un contrato social entre los rebeldes y la población, en virtud del cual la legitimidad de los primeros dependa de la prestación de servicios de gobernanza a la segunda.

Por el contrario, los entornos con escasez de recursos incentivan a los grupos rebeldes a asentarse, convertirse en «gobernantes de su propio dominio» y establecer un contrato social con la población civil (Olson, 1993). Cuando los recursos minerales son escasos, los rebeldes tienen más probabilidades de construir instituciones de gobernanza para legitimar su autoridad y asegurar una tributación regularizada.

La falta de acceso a recursos fácilmente saqueables puede impulsar a los grupos insurgentes a organizar «verdaderos contra-Estados» (Tilly, 1990; Wickham-Crowley, 1987: 487), con muchos de los atributos propios de la estatalidad, que les permitan monopolizar la actividad en el área bajo su control y obtener los medios necesarios para sobrevivir y perseguir sus objetivos estratégicos.

Por tanto, la expectativa es que los recursos minerales expropiables se correlacionen negativamente con el alcance de la gobernanza en los Estados de facto: en igualdad de condiciones, en entornos ricos en recursos los insurgentes tienden a ser depredadores, mientras que en entornos pobres en recursos tienden a asentarse y gobernar.

Se espera que los recursos minerales fácilmente saqueables reduzcan la probabilidad de una extracción o tributación regularizada —relacionada con la actividad económica general en los territorios controlados por los separatistas— y de la redistribución o provisión de bienes públicos. Sin embargo, su impacto sobre las instituciones políticas rebeldes resulta menos claro. Por un lado, el acceso a recursos naturales lucrativos fomenta el oportunismo y podría favorecer insurgencias con estructuras organizativas reducidas. Por otro, los ingresos obtenidos de la explotación de recursos minerales pueden ayudar a compensar los costes de establecer y mantener las instituciones políticas necesarias para la viabilidad a largo plazo de una insurgencia, especialmente si tiene un perfil ideológico marcado. Los datos sobre los tipos de instituciones de gobernanza creadas en los Estados de facto permiten contrastar estas posibilidades. La Tabla 1 presenta un resumen de las principales expectativas.

Diseño de la investigación

Las expectativas teóricas se contrastan utilizando nuevos datos sobre la totalidad de los Estados de facto existentes entre 1945 y 2016 (Florea, 2014).

Un Estado de facto se define como un actor armado no estatal que: pertenece a un país reconocido —o está administrado por él—, pero no es una posesión colonial; busca algún grado de separación de ese país y ha declarado la independencia —o ha demostrado aspiraciones de independencia, por ejemplo mediante un referéndum o una declaración de soberanía—; ejerce control militar sobre un territorio o partes de un territorio habitado por una población permanente; no cuenta con el consentimiento del gobierno; carece de soberanía jurídica internacional; y existe durante al menos 24 meses.

Esta definición da lugar a una población de 40 Estados de facto entre 1945 y 2016 (Tabla 2), que experimentaron distintos desenlaces tras su aparición: seis fueron reintegrados por la fuerza a sus Estados matrices; otros seis fueron reincorporados pacíficamente con algún grado de autonomía; cuatro se convirtieron en Estados; y 24 seguían existiendo al final del periodo de observación (2016).

1. Taiwán pasó a ser considerado un Estado de facto cuando China sustituyó a Taiwán en las Naciones Unidas.
2. República Turca del Norte de Chipre.
3. Administrado por Marruecos.
4. Bajo ocupación israelí, según la clasificación del artículo.
5. Bajo control de Hamás, según la clasificación del artículo.
6. El Estado matriz se determina por la ubicación de la capital del Estado Islámico, Raqqa.
7. También conocida como Federación Democrática del Norte de Siria (DFNS).
8. República Popular de Donetsk (RPD).
9. República Popular de Lugansk (RPL).
10. No era miembro de las Naciones Unidas.

Nota de traducción: la tabla reproduce la clasificación histórica del autor para el periodo de observación 1945–2016. Las denominaciones y situaciones territoriales se presentan como parte de su base de datos, no como una actualización de su estatus actual.

Variable dependiente

La variable dependiente recoge el número de instituciones de gobernanza que presenta un Estado de facto en cada año de su existencia. La mayoría de los actores armados no estatales no son organizaciones unitarias (Bakke et al., 2012), sino que comprenden múltiples facciones que a menudo luchan entre sí en lugar de hacerlo contra un enemigo externo común.

La variable de gobernanza registra el conjunto de instituciones políticas, redistributivas y extractivas establecidas por la facción hegemónica o dominante de cada Estado de facto durante cada año de su periodo de supervivencia —o hasta diciembre de 2016, si el Estado de facto seguía existiendo en esa fecha—. En concreto, esta variable cuenta el número de instituciones propias de un Estado presentes en cada Estado de facto e incluye diez indicadores de instituciones políticas, redistributivas y extractivas:

1. Poder ejecutivo: se codifica como presente cuando existe una autoridad ejecutiva que toma decisiones en el Estado de facto; es decir, un dirigente separatista autoproclamado, designado o elegido que encabeza una rama ejecutiva formalizada, al menos mínimamente, mediante una oficina ejecutiva.
2. Poder legislativo o consejo regional: se codifica como presente cuando en la capital del Estado de facto existe un órgano legislativo o un consejo regional que promulga leyes locales.
3. Tribunal o sistema jurídico semiformalizado: se codifica como presente cuando existe una autoridad judicial formal o semiformal que resuelve disputas entre personas o instituciones del Estado de facto.
4. Sistema bancario central: se codifica como presente cuando las autoridades del Estado de facto establecen un sistema bancario central que funciona separadamente de la red bancaria del Estado matriz o cuando adoptan y utilizan ampliamente una moneda diferente.
5. Instituciones de asuntos exteriores: se codifican como presentes cuando las autoridades del Estado de facto desarrollan actividades diplomáticas mediante la creación de una burocracia de asuntos exteriores, el establecimiento de misiones en el extranjero o el mantenimiento de contactos formales con ONG, organizaciones intergubernamentales, gobiernos extranjeros u otras entidades subestatales.
6. Medios de comunicación o instituciones de propaganda: se codifican como presentes cuando las autoridades del Estado de facto establecen medios de comunicación o canales de propaganda —televisión, periódicos, radio o, más recientemente, presencia en redes sociales—.
7. Sistema educativo: se codifica como presente cuando las autoridades del Estado de facto establecen un sistema educativo que funciona en paralelo al proporcionado por el Estado matriz o en su sustitución.
8. Sistema de bienestar: se codifica como presente cuando las autoridades del Estado de facto establecen un sistema de bienestar —prestación de asistencia sanitaria o pensiones— que sustituye o complementa al proporcionado por el Estado matriz.
9. Sistema policial o de gendarmería: se codifica como presente cuando las autoridades del Estado de facto establecen un sistema de control interno —policía o gendarmería— que funciona separadamente del ejército separatista.
10. Sistema tributario civil: se codifica como presente cuando existen instituciones para la recaudación regularizada de impuestos a la población civil local, a las empresas o a la diáspora.

La media de la variable de gobernanza es 6,43, mientras que la mediana es 7 (la Tabla 3 presenta los estadísticos descriptivos). Por ejemplo, Transnistria (Moldavia) registra un valor de 7 en el año de su aparición (1991) y un valor de 10 durante el periodo 1992–2011. Gagauzia, un Estado de facto de corta duración en el mismo país, registra un valor de 2 en esta variable durante todo su periodo de existencia (1991–1995).

La variable dependiente se desglosa además en tipos de instituciones de gobernanza: instituciones políticas, una variable de recuento que incluye las instituciones 1 a 6 —poder ejecutivo, poder legislativo, tribunales, banco central, asuntos exteriores y medios de comunicación—; instituciones redistributivas, una variable de recuento que incluye las instituciones 7 a 9 —educación, bienestar y policía—; y un marco institucional extractivo, una variable binaria que recoge si se ha implantado un sistema de tributación civil.

Variables independientes

La primera expectativa planteaba que la asistencia militar extranjera puede influir notablemente en las estrategias de gobernanza de los insurgentes al reducir su percepción de amenaza. La medida ideal del apoyo militar externo sería una estimación, expresada en dólares, de la ayuda militar que un Estado de facto recibe de otros países. El carácter clandestino de las relaciones militares entre los Estados de facto y sus patrocinadores externos limita la disponibilidad de estos datos. Para sortear este problema, recurro a una medición alternativa.

En concreto, construyo un indicador indirecto que recoge cuánta asistencia militar externa recibe cada Estado de facto en un año determinado por parte de Estados patrocinadores (Byman et al., 2001; Carter, 2012; San-Akca, 2016). Esta variable es un índice de cinco tipos de apoyo militar externo, todos ellos ponderados por igual: (1) armamento y material militar; (2) personal militar extranjero; (3) asesores militares extranjeros; (4) formación de tropas del Estado de facto en el extranjero; y (5) refugios seguros.

El valor medio de esta variable es 2,77 y su mediana es 3. Por ejemplo, Tamil Eelam registra una puntuación de 4 durante el periodo 1984–1988, cuando el LTTE recibió un apoyo considerable de India, y de 1 después de 1988, cuando Nueva Delhi retiró su asistencia militar. La segunda expectativa planteaba que la presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz también puede reducir la percepción de amenaza de los separatistas e impulsar sus actividades de gobernanza.

La presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz se recoge mediante una variable binaria, codificada según Fortna (2008).

La tercera proposición anticipaba que la gobernanza de los Estados de facto también podía depender del grado de fragmentación del movimiento separatista. Para medir esa fragmentación en cada Estado de facto, examino el número de facciones que formulan reivindicaciones en nombre del movimiento separatista (Bakke et al., 2012). Cuanto mayor es el número de facciones, mayor es el grado de fragmentación del movimiento rebelde.

Una facción es una organización que afirma representar a la población local y plantea reivindicaciones sobre el estatus del enclave, como su reintegración en el Estado matriz; una autonomía limitada; una autonomía amplia; el mantenimiento del statu quo; la independencia; la unión o reunificación con otro Estado; o la integración en una entidad supranacional. Una facción puede ser un partido político, un grupo militar o una organización cívica que opere dentro o fuera del Estado de facto.

La variable de fragmentación oscila entre 1 y 21, con una media de 4,32 y una mediana de 3. Ayaria, Gagauzia y el Reino de Rwenzururu son los únicos Estados de facto que tuvieron una sola facción durante toda su existencia, mientras que Palestina presenta el mayor número de facciones: 21 al final del periodo de observación.

La cuarta expectativa sostenía que los activos fijos o relativamente inmóviles, como las infraestructuras industriales o agrícolas, pueden incentivar a los separatistas a construir un aparato de gobernanza complejo. Cuando existen estos activos, los insurgentes tienen incentivos racionales para asentarse y emprender la ardua, aunque potencialmente rentable, tarea de gobernar el área bajo su control.

Para evaluar el impacto de la especificidad de los activos sobre los incentivos de los dirigentes de los Estados de facto para ejercer una gobernanza mayor o menor, recurro a una variable binaria que toma el valor 1 si existe una infraestructura industrial —como en la República Popular de Donetsk, Ucrania— o agrícola —como en Somalilandia— controlada por el grupo separatista hegemónico.

Por último, la última proposición planteaba que los recursos minerales expropiables fomentarían comportamientos rebeldes oportunistas y se correlacionarían negativamente con las actividades de gobernanza. Para tener en cuenta el efecto de los recursos minerales sobre la variabilidad de las instituciones propias de un Estado en los Estados de facto, utilizo un indicador dicotómico que señala la presencia de recursos minerales saqueables —oro, diamantes, gemas y otros metales preciosos— en estos enclaves.

Los datos sobre recursos minerales se recopilan a partir de Ross (2004), el Servicio Geológico de Estados Unidos (U.S. Geological Survey) y la base de datos Rebel Contraband Dataset (Walsh et al., 2018).

Variables de control

Varios factores pueden estar correlacionados sistemáticamente tanto con la decisión de un grupo separatista de crear instituciones de gobernanza como con las cinco variables explicativas de interés. Gran parte del proceso de gobernanza rebelde es endógeno a la guerra civil. La guerra en curso puede influir decisivamente en las estrategias rebeldes respecto a la institucionalización de un sistema alternativo de gobierno (Mampilly, 2011).

Los combates prolongados contra el gobierno, o contra competidores internos que desafían a la facción hegemónica, desvían recursos de la gobernanza hacia la movilización militar y aumentan la incertidumbre sobre la evolución del conflicto. Por tanto, es probable que un conflicto en curso reduzca la capacidad o la disposición de los separatistas para desarrollar prácticas amplias de gobernanza.

Esta variable de control señala la existencia de un conflicto militar entre los separatistas de los Estados de facto y el gobierno, o entre la facción hegemónica del enclave y sus adversarios internos. Los datos sobre guerras internas se basan en el conjunto de datos UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset (Pettersson y Eck, 2018), en el que el umbral para registrar un conflicto es de al menos 25 muertes relacionadas con combates por año.

También se espera que la antigüedad de un Estado de facto afecte a la capacidad de los separatistas para institucionalizar un sistema alternativo de gobierno. La lógica es que los territorios escindidos más antiguos habrán dispuesto de más tiempo que los más recientes para establecer instituciones de gobernanza. Además, la fuerza del grupo rebelde en relación con el Estado matriz —un indicador indirecto de la naturaleza del entorno de amenazas en el que operan estos actores— puede influir considerablemente en los incentivos de los separatistas para comportarse de manera depredadora o asentarse.

Como sugieren Beardsley et al. (2015: 506), la provisión de gobernanza podría depender de la capacidad relativa: los grupos insurgentes más fuertes están mejor situados para permanecer en el territorio, competir con éxito con los Estados matrices y obtener legitimidad mediante la provisión de orden y servicios públicos.

Siguiendo esta lógica, incluyo una variable ordinal que recoge la capacidad relativa entre el ejército separatista y el gobierno, con información procedente del Nonstate Actor Dataset (Cunningham et al., 2009).

Un amplio conjunto de investigaciones (Kalyvas, 2015; Mampilly, 2011; Stewart, 2018) sugiere que, debido a su orientación hacia la movilización de masas y la confrontación basada en las clases sociales, las insurgencias marxistas/comunistas tienen más probabilidades de establecer instituciones elaboradas de autogobierno. Como señala Stewart (2018), estos grupos suelen crear «gobiernos populares» y prestar servicios públicos de forma extensa.

El perfil ideológico y organizativo de las rebeliones marxistas/comunistas también les permite comprometerse de manera más creíble con una buena gobernanza, lo que probablemente facilita la cooperación civil y reduce la resistencia al gobierno no estatal. Para tener en cuenta los efectos de la ideología sobre la gobernanza separatista, incluyo una variable binaria, ideología, que indica si la facción hegemónica de cada Estado de facto adopta principios marxistas/comunistas.

Además, la gobernanza rebelde también puede verse influida por el tamaño de la población local. Las poblaciones más numerosas amplían el conjunto de activos y actividades sujetos a tributación, pero también aumentan la demanda de bienes públicos proporcionados por los rebeldes. Para controlar este posible factor de confusión, incluyo una variable —en escala logarítmica— que recoge la población de cada Estado de facto. Por último, controlo el número de Estados que reconocen a un Estado de facto durante cada año de su existencia.

El reconocimiento internacional puede afectar a los patrones de apoyo militar externo y al establecimiento de determinadas estructuras de gobernanza, como una arquitectura institucional para desarrollar relaciones exteriores.

Resultados y discusión

El análisis empírico se realiza sobre cuatro conjuntos de variables dependientes: el recuento de todas las instituciones de gobernanza (Tabla 4); el recuento de las instituciones políticas (Tabla 5); el recuento de las instituciones redistributivas (Tabla 6); y la presencia de un sistema regularizado de tributación o extracción (Tabla 7).

Dada la naturaleza de las variables dependientes, la autocorrelación y la falta de independencia de las observaciones —es poco probable que el establecimiento de instituciones de gobernanza en el momento t+1 sea independiente de las instituciones existentes en el momento t—, utilizo una regresión por intervalos con errores estándar robustos agrupados por Estado de facto para evaluar cómo las variables explicativas afectan a la variabilidad de los distintos tipos de instituciones de gobernanza. Para el resultado binario relativo a la tributación, utilizo una regresión logística. La regresión por intervalos resulta adecuada para modelizar resultados censurados por intervalos cuando existe incertidumbre sobre el valor verdadero de la variable dependiente.

Para evitar falsos positivos, el protocolo de codificación exigía al menos tres fuentes para registrar la presencia de cada institución de gobernanza en cada Estado de facto y durante cada año de su periodo de existencia. Sin embargo, como ocurre con la recopilación de datos que depende ampliamente de fuentes secundarias disponibles públicamente (Huang, 2016a; Weidmann, 2016), eliminar por completo los falsos positivos —instituciones de gobernanza que pueden figurar erróneamente como existentes— o los falsos negativos —instituciones existentes cuya presencia puede no haberse registrado correctamente— constituye una tarea difícil.

La regresión por intervalos ayuda a abordar este problema calculando la probabilidad correspondiente de que el valor del resultado se encuentre dentro del intervalo designado.

Se presentan los coeficientes de la regresión por intervalos, con errores estándar robustos agrupados por Estado de facto entre paréntesis. La variable dependiente es el número de instituciones de gobernanza en los Estados de facto. Todas las covariables, excepto la antigüedad, se retrasan un año para mantener su exogeneidad respecto a la variable dependiente. *p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01.

Se presentan los coeficientes de la regresión por intervalos, con errores estándar robustos agrupados por Estado de facto entre paréntesis. La variable dependiente es el número de instituciones políticas en los Estados de facto. Todas las covariables, excepto la antigüedad, se retrasan un año para mantener su exogeneidad respecto a la variable dependiente. *p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01.

Se presentan los coeficientes de la regresión por intervalos, con errores estándar robustos agrupados por Estado de facto entre paréntesis. La variable dependiente es el número de instituciones redistributivas en los Estados de facto. Todas las covariables, excepto la antigüedad, se retrasan un año para mantener su exogeneidad respecto a la variable dependiente. *p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01.

Se presentan los coeficientes de la regresión logística, con errores estándar robustos agrupados por Estado de facto entre paréntesis. La variable dependiente es la presencia de tributación regularizada en los Estados de facto. Todas las covariables, excepto la antigüedad, se retrasan un año para mantener su exogeneidad respecto a la variable dependiente. *p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01.

Las Tablas 4 a 7 presentan los resultados empíricos, mientras que la Figura 1 muestra los efectos de las covariables sobre el número previsto de instituciones de gobernanza. Todas las variables, excepto la antigüedad del Estado de facto, se retrasan un año para preservar su exogeneidad. En conjunto, los resultados son mixtos y revelan una variabilidad interesante en la relación entre las principales variables y los resultados.

En contra de lo esperado, el apoyo militar externo no parece tener un efecto significativo sobre el número total de instituciones de gobernanza (Modelo 4). Sin embargo, al desagregar la variable de gobernanza, el panorama es más matizado: aunque el apoyo militar sigue sin ser significativo para las instituciones redistributivas (Modelo 12) y extractivas (Modelo 16), muestra un efecto positivo y significativo sobre las instituciones políticas (Modelo 8).

En concreto, por cada tipo de apoyo militar externo que reciben los Estados de facto, el número medio de instituciones políticas aumenta en 0,359 (estimaciones del Modelo 8). La ayuda militar de patrocinadores externos parece reducir la incertidumbre sobre el mantenimiento de la movilización frente al gobierno y facilita la asignación de una mayor proporción de recursos al desarrollo de instituciones políticas.

Bajo la protección de patrocinadores externos, los Estados de facto parecen estar mejor preparados para consolidarse como actores políticos fuertes y desafiar institucionalmente la autoridad de los Estados matrices.

Como se esperaba, la presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz está positivamente asociada a las actividades de construcción estatal. Un Estado de facto que cuenta con fuerzas de mantenimiento de la paz en su territorio consigue construir, de media, 2,589 instituciones de gobernanza adicionales en comparación con un enclave separatista en el que estas fuerzas están ausentes (Modelo 4). El impacto positivo de las fuerzas de mantenimiento de la paz sobre la gobernanza de los Estados de facto sigue siendo fuerte y estadísticamente significativo incluso cuando las instituciones de gobernanza se desglosan funcionalmente (Modelos 8, 12 y 16).

Estos efectos, amplios y altamente significativos, respaldan la idea de que, al impedir la reanudación de las hostilidades y congelar el statu quo, las operaciones de mantenimiento de la paz pueden alterar considerablemente el entorno de amenazas en el que operan los separatistas y facilitar involuntariamente la consolidación del dominio de actores no estatales. Los resultados sugieren que, al menos en una parte de las luchas separatistas, las operaciones de mantenimiento de la paz pueden ser más útiles como instrumentos de prevención de conflictos que como mecanismos de resolución de conflictos.

La institucionalización del gobierno rebelde en enclaves separatistas donde hay fuerzas de mantenimiento de la paz probablemente reduce los incentivos de los insurgentes para aceptar cualquier acuerdo que suponga abandonar el statu quo, una situación que puede prolongar el conflicto en lugar de resolverlo.

Al examinar los resultados correspondientes al conjunto de instituciones de gobernanza (Modelo 4), el signo de la fragmentación opera en la dirección negativa esperada, pero no alcanza significación estadística. ¿Puede ser que las rivalidades internas en los Estados de facto afecten a determinados tipos de instituciones de gobernanza y no a otros? Los resultados parecen respaldar esta posibilidad.

Mientras que la fragmentación no parece afectar a la capacidad de los dirigentes de los Estados de facto para construir instituciones políticas y redistributivas (Modelos 8 y 12), sí tiene un efecto negativo fuerte y estadísticamente significativo sobre la extracción rebelde. El Modelo 12 de la Tabla 7 ofrece pruebas sólidas de que la fragmentación socava gravemente los esfuerzos de los separatistas por establecer una tributación regularizada.

Esto podría deberse a que los grupos que compiten con rivales internos carecen de los recursos necesarios para extraer ingresos de la población local, o a que las comunidades locales, al enfrentarse a intentos de tributación por parte de varias facciones rebeldes, pueden movilizarse con mayor eficacia y oponer una resistencia exitosa al dominio rebelde (Kaplan, 2017).

Se necesitan nuevas investigaciones para comprender mejor los procesos que vinculan la fragmentación rebelde con la tributación rebelde en los Estados de facto y en otros contextos.

Las Tablas 4 a 7 muestran que las dotaciones de recursos tienen efectos distintos sobre los tipos de instituciones de gobernanza construidas por los dirigentes de los Estados de facto. Los activos relativamente fijos o inmóviles presentan un impacto positivo y estadísticamente significativo sobre todas las instituciones de gobernanza (Modelo 4), pero especialmente sobre las instituciones políticas y extractivas (Modelos 8 y 16).

La naturaleza de los activos económicos en los Estados de facto parece ejercer una influencia considerable sobre la capacidad de los separatistas para ampliar el conjunto de instituciones políticas y aplicar prácticas tributarias efectivas. En contra de lo esperado, los resultados indican que el control rebelde sobre activos relativamente inmóviles no necesariamente fomenta la redistribución o la provisión de bienes públicos.

Esto sugiere que los ingresos obtenidos de actividades económicas productivas tienden a canalizarse hacia la distribución de bienes de club, en lugar de bienes públicos.

La expectativa de que los recursos minerales saqueables se correlacionarían negativamente con la gobernanza separatista recibe un fuerte respaldo. En los modelos con la variable dependiente agregada (Modelo 4) y desagregada (Modelos 8, 12 y 16), el signo de esta covariable opera en la dirección negativa prevista e indica que la presencia de recursos minerales expropiables reduce los incentivos de los separatistas para construir instituciones propias de un Estado.

En igualdad de condiciones, los Estados de facto con recursos minerales saqueables presentan, de media, 2,367 instituciones de gobernanza menos que aquellos que no disponen de esos recursos. Estos patrones respaldan la hipótesis de que, en entornos ricos en recursos, los insurgentes tienen menos incentivos para invertir en la institucionalización de su gobierno (Weinstein, 2007).

En cuanto a las variables de control, cabe destacar algunas tendencias. La guerra en curso opera en la dirección esperada, pero no alcanza los niveles convencionales de significación estadística. Este resultado no es del todo sorprendente, ya que, después de separarse de sus Estados matrices, muchos Estados de facto han experimentado niveles bajos de violencia, con un potencial limitado para interrumpir por completo los procesos de gobernanza.

El equilibrio militar entre los Estados matrices y los separatistas después de la separación de facto de estos últimos, unido en muchos casos a la presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz, actúa como un fuerte elemento disuasorio frente a la reanudación de la violencia. En estas condiciones, los dirigentes de los Estados de facto pueden continuar su proceso de construcción estatal sin impedimentos.

Como se anticipaba, la antigüedad de un Estado de facto afecta positivamente a los niveles observados de gobernanza. Este resultado es intuitivo: cuanto más antiguo es un Estado de facto, más tiempo habrá tenido para establecer instituciones de gobernanza. La separación de facto prolongada permite a los separatistas consolidar su dominio y superar los problemas de acción colectiva inherentes al proceso de construcción estatal.

El signo de la capacidad militar relativa opera en la dirección esperada —cabría esperar que los rebeldes más fuertes proporcionaran una gobernanza más amplia que los más débiles—, pero no alcanza significación estadística. Cabe destacar que esta variable sigue siendo no significativa incluso cuando se elimina del modelo el apoyo militar externo debido a problemas de colinealidad.

Por otro lado, la ideología aparece como un fuerte predictor del alcance de la gobernanza rebelde en los Estados de facto: en igualdad de condiciones, los enclaves separatistas gobernados por una organización que adopta una orientación marxista/comunista presentan, de media, 2,246 instituciones de gobernanza adicionales en comparación con los Estados de facto controlados por grupos con otras motivaciones.

Al desglosar las instituciones de gobernanza, observamos que, como cabía esperar, el impacto más fuerte de la ideología se produce sobre las instituciones redistributivas y extractivas (Modelos 12 y 16), y no sobre las instituciones políticas (Modelo 8).

Estos resultados corroboran estudios existentes (Mampilly, 2011; Stewart, 2018) que sostienen que una de las características distintivas de las insurgencias marxistas/comunistas es la construcción estatal revolucionaria: la creación de un aparato de autogobierno como estructura de autoridad alternativa a un gobierno central depredador. Por último, ni la población ni el reconocimiento alcanzan significación estadística.

El resultado relativo a la variable de población confirma la distribución observada de las instituciones de gobernanza tanto en Estados de facto grandes como pequeños. Por ejemplo, puede observarse un número comparativamente elevado de instituciones de gobernanza tanto en Osetia del Sur (Georgia), con una población aproximada de 50.000 personas, como en Somalilandia (Somalia), con una población de alrededor de 3,5 millones.

La tendencia relativa al reconocimiento internacional —medido por el número de Estados miembros de las Naciones Unidas que reconocen a un Estado de facto durante cada año de su existencia— tampoco resulta sorprendente: el reconocimiento internacional es bastante infrecuente entre los Estados de facto (véase la Tabla 3), mientras que las actividades de gobernanza son relativamente comunes. Por tanto, otros factores deben explicar las diferencias observadas en los resultados.

Conclusión

Los Estados de facto, como Abjasia o Chipre del Norte, son enclaves separatistas resistentes que aspiran a alcanzar la independencia. Para reforzar su legitimidad interna e internacional, estas entidades emprenden una amplia variedad de actividades de gobernanza y se apropian de la mayoría, cuando no de todas, las funciones propias de la soberanía estatal.

A pesar de que los esfuerzos exitosos de construcción estatal aumentan la legitimidad de los Estados de facto ante públicos nacionales e internacionales y refuerzan sus reivindicaciones de independencia, estos actores armados no estatales desarrollan prácticas de gobernanza diferentes: algunos construyen un aparato de gobierno separado plenamente funcional, mientras que otros tienen menos éxito a la hora de gobernar el territorio y la población bajo su control.

A partir de datos recopilados originalmente para todos los Estados de facto entre 1945 y 2016, este estudio ha sostenido que la variación en los procesos de gobernanza observados entre estos actores no estatales viene determinada por la naturaleza del entorno de amenazas en el que operan, la estructura organizativa del movimiento y el tipo de recursos disponibles en los enclaves escindidos.

En particular, se planteó que cinco factores relacionados con la naturaleza del entorno de amenazas, la estructura organizativa rebelde y las dotaciones de recursos afectan no solo a la presencia, sino también —y sobre todo— a los tipos de instituciones de gobernanza —instituciones políticas, redistributivas y extractivas— establecidos por los dirigentes de los Estados de facto: el apoyo militar externo; la presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz; la fragmentación dentro del movimiento separatista; la naturaleza de los activos locales; y la disponibilidad de recursos minerales.

De los resultados empíricos destacan varios patrones. Se observó que el apoyo militar externo de patrocinadores terceros solo refuerza la presencia política de los separatistas, y no el conjunto más amplio de actividades extractivas y redistributivas. Por el contrario, los resultados revelaron que la presencia de fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz reduce la percepción de amenaza y afecta positivamente a todo el conjunto de instituciones de gobernanza —políticas, redistributivas y extractivas—.

La estructura organizativa del movimiento separatista —unitaria o fragmentada— no parece afectar a la capacidad de los dirigentes de los Estados de facto para construir instituciones políticas y redistributivas, pero tiene un efecto negativo considerable sobre la extracción y la tributación: cuanto más dividido internamente está el movimiento separatista, menor es la probabilidad de observar una tributación regularizada en los territorios escindidos.

En cuanto al efecto de las dotaciones de recursos, la presencia de activos relativamente fijos o inmóviles tiene un impacto positivo sobre todos los tipos de instituciones de gobernanza, especialmente sobre las instituciones políticas y extractivas. Se constató que el acceso a recursos minerales expropiables reduce notablemente los incentivos para construir instituciones propias de un Estado en todos los ámbitos.

Por último, el análisis reveló que la construcción estatal probablemente será más extensa cuando los separatistas adoptan una ideología marxista/comunista y cuando el enclave ha sobrevivido durante un periodo prolongado.

Los resultados tienen varias implicaciones. Hasta ahora, la mayor parte de la literatura sobre la gobernanza rebelde ha examinado la influencia de las actividades de construcción estatal de los insurgentes sobre diversos resultados de los conflictos, como las negociaciones (Heger y Jung, 2017), la resistencia civil frente al gobierno rebelde (Arjona, 2016) o la democratización posterior al conflicto (Huang, 2016a).

Con algunas excepciones (Arjona, 2016; Mampilly, 2011; Stewart, 2018), los factores que explican la variación de la propia gobernanza rebelde no se han investigado en profundidad. Este artículo amplía nuestro conocimiento sobre las condiciones en las que los rebeldes tienen más probabilidades de establecer instituciones complejas de autogobierno.

La principal contribución del estudio consiste en explicar no solo si los actores armados no estatales ejercen funciones de gobernanza, sino, sobre todo, qué tipo de instituciones de gobernanza tienden a construir y por qué.

En términos más amplios, este artículo contribuye a los debates en curso sobre los procesos de construcción estatal en medio de guerras civiles. Los Estados de facto son territorios donde dos soberanos rivales —un gobierno legalmente soberano y un movimiento rebelde empíricamente soberano— compiten por el poder y desarrollan una amplia gama de actividades de gobernanza, creando instituciones políticas, extractivas y redistributivas que muestran su capacidad para gobernar eficazmente.

Los patrones obtenidos del análisis empírico mejoran nuestra comprensión de la fragmentación de la autoridad entre actores territoriales estatales y no estatales en el sistema internacional contemporáneo (Staniland, 2012). Grandes extensiones de Eurasia, el norte de África y Oriente Próximo siguen bajo el control de organizaciones rebeldes que consolidan su dominio mediante la creación de sistemas sofisticados de gobernanza.

Aunque en el discurso público estas zonas suelen describirse como «no gobernadas», en realidad están «gobernadas de otra manera» (Clunan y Trinkunas, 2010; Risse, 2011).

Cuando la autoridad estatal es desplazada tras rebeliones violentas, no se produce automáticamente una anarquía interna; por el contrario, en muchas situaciones de guerra civil, los actores territoriales no estatales consolidan estructuras alternativas de autoridad y plantean, por tanto, un serio desafío a la estatalidad territorial y a la soberanía (Lemke y Crabtree, 2020). En el entorno internacional contemporáneo, el Estado weberiano ya no mantiene el monopolio del mercado de la gobernanza —si es que alguna vez lo tuvo—.

En su lugar, el Estado comparte ese espacio con una multitud de «otros actores, benignos y malignos, que a veces compiten […] en la provisión de gobernanza y seguridad» (Clunan y Trinkunas, 2010: 6).

Este estudio también tiene relevancia para las políticas públicas.

La comunidad internacional se enfrenta a dos imágenes antagónicas de la gobernanza rebelde: una imagen «maligna», en la que insurgencias radicales —como la desarrollada por el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS) en Siria e Irak— aseguran el control territorial, gestionan economías de guerra, desarrollan actividades clandestinas, establecen vínculos con la población local, atraen a reclutas ideológicamente comprometidos y crean focos de inestabilidad en amplias zonas; y una imagen «benigna», en la que rebeliones moderadas —como la de Kurdistán iraquí— gestionan con éxito los asuntos locales y proporcionan orden y seguridad en lo que, de otro modo, podría ser un entorno anárquico.

Diseñar los instrumentos políticos más adecuados para hacer frente a estos desafíos contemporáneos requiere comprender en profundidad los incentivos que tienen los rebeldes para convertirse en «gobernantes de sus propios dominios». Este estudio aspira a acercarnos a una mejor comprensión de esos incentivos.

Agradecimientos

Agradezco a Kristin Bakke, Karlo Basta, Nina Caspersen, Erica Chenoweth, Bridget Coggins, Kathleen Cunningham, Ryan Griffiths, Reyko Huang, George Kyris, Cyanne Loyle, Zachariah Mampilly, Theodore McLauchlin, Scott Pegg, Jessica Steinberg y Megan Stewart sus comentarios sobre versiones anteriores. También agradezco a los editores de EJIR y a los revisores anónimos sus detalladas observaciones. Anna Kabedeva y Stephen Powell prestaron una excelente asistencia en la investigación.

Financiación

El autor declara haber recibido el siguiente apoyo financiero para la investigación, la autoría o la publicación de este artículo: se agradece el apoyo de la British Academy (SG171035) y del Carnegie Trust for the Universities of Scotland (70580) para la recopilación de datos sobre los Estados de facto surgidos después de 2011.

Identificador ORCID

Adrian Florea: https://orcid.org/0000-0002-7493-9307.

Notas

1. Los términos rebeldes, insurgentes y actores armados no estatales se utilizan indistintamente para describir organizaciones armadas no estatales que emplean tácticas violentas o no violentas en busca de objetivos políticos, como la secesión o el derrocamiento del gobierno. Gobernanza rebelde, gobierno rebelde y construcción estatal rebelde también se utilizan indistintamente para describir prácticas institucionalizadas de gobernanza llevadas a cabo por organizaciones armadas no estatales.
2. Este tipo de apoyo puede desincentivar a los separatistas a desarrollar una extracción regularizada. Beardsley y Quinn (2009) sostienen que la disponibilidad de recursos externos reduce los incentivos para la gobernanza local: la asistencia de terceros crea rebeldes oportunistas, interesados en beneficios privados a corto plazo en lugar de los beneficios a largo plazo que pueden obtenerse mediante el establecimiento de un aparato de gobernanza.
3. Esto se debe a que la coerción pura fomenta la infraproducción. Como señaló Olson (1993: 568): «En un mundo de bandolerismo itinerante, apenas existe incentivo para que alguien produzca o acumule algo que pueda ser robado y, por tanto, apenas hay nada que los bandidos puedan robar».
4. Paradójicamente, el gobierno moldavo compra electricidad a los separatistas de Transnistria.
5. Excluyo el petróleo del conjunto de recursos minerales expropiables por dos razones. En primer lugar, pocos Estados de facto tienen o han tenido reservas sustanciales de petróleo en su territorio —algunas excepciones son Aceh, Biafra, Chechenia, Kurdistán y Sudán del Sur—. En segundo lugar, el petróleo no es un activo fácilmente saqueable, ya que requiere infraestructuras de producción y transporte. Por el contrario, aunque los yacimientos de minerales preciosos son relativamente fijos, su producción es mucho más móvil que el petróleo y, por tanto, más fácil de expropiar.
6. La soberanía jurídica internacional se refiere al reconocimiento por parte de una mayoría simple de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), además del reconocimiento por parte de una mayoría simple de los Estados miembros de las Naciones Unidas.
7. El material suplementario incluye detalles sobre la recopilación de datos y el manual de codificación del conjunto de datos de Estados de facto.
8. La mera existencia declarada de una institución de gobernanza no era suficiente para codificarla; el proceso de codificación exigía buscar información que confirmara que la institución funcionaba. Por ejemplo, a comienzos de la década de 1990, los separatistas de la República Serbia de Krajina, un enclave serbio en Croacia, establecieron un «Ministerio de Asuntos Exteriores». Sin embargo, esta institución existía principalmente sobre el papel: en la práctica, el «ministerio» no disponía de una oficina adecuada ni siquiera de diplomáticos capaces de hablar una lengua extranjera (Caspersen, 2012). En este caso, la codificación no registró una institución funcional para el ejercicio de las relaciones exteriores.
9. Cuando existen, los parlamentos meramente formales de los Estados de facto desempeñan funciones similares a las de los parlamentos en las dictaduras. Los dirigentes separatistas suelen crear estos órganos oficiales, aunque carentes de poder, para proyectar un mínimo de legitimidad y, sobre todo, neutralizar amenazas internas a su poder.
10. Según Huang (2016b: 94), un grupo rebelde desarrolla actividades diplomáticas cuando realiza cualquiera de los siguientes actos: (1) abre una oficina política en el extranjero; (2) envía representantes al extranjero en misiones políticas; o (3) crea un órgano político dedicado a las relaciones exteriores.
11. Coggins (2015: 115) sostiene de forma convincente que la diplomacia rebelde es una modalidad de gobernanza rebelde, ya que puede afectar a la capacidad de los insurgentes para consolidar su dominio y proporcionar bienes públicos. Huang (2016b: 100–101) considera que la diplomacia es una forma de «rebelcraft» que permite a los grupos rebeldes demostrar que «son capaces de llevar a cabo un acto importante —las relaciones exteriores— que suele considerarse competencia exclusiva de los Estados reconocidos».
12. La creación de un sistema de medios de comunicación por parte de actores armados no estatales es una decisión manifiestamente política. Algunos Estados de facto, como Kurdistán iraquí o Nagorno-Karabaj, han establecido recientemente una sólida presencia en redes sociales, especialmente en Twitter.
13. La codificación original se llevó a cabo para los años no cubiertos por Fortna (2008), siguiendo un protocolo similar.
14. Esta variable incluye las siguientes categorías: 1, más débil que el gobierno; 2, en paridad con el gobierno; 3, más fuerte que el gobierno; 4, mucho más fuerte que el gobierno. La codificación original se llevó a cabo para los años no cubiertos por el Nonstate Actor Dataset, siguiendo un protocolo similar.
15. Por construcción, un Estado de facto puede presentar entre 0 y 10 instituciones de gobernanza en total, entre 0 y 6 instituciones políticas y entre 0 y 3 instituciones redistributivas.
16. Los estimadores alternativos —OLS y Tobit— producen resultados sustantivamente similares. En el material suplementario se proporcionan varias pruebas de robustez.
17. Las decisiones de codificación se tomaron de forma muy conservadora: cada institución de gobernanza requería al menos tres fuentes independientes para ser registrada como presente. Los procedimientos de codificación se describen en el material suplementario.
18. Los intervalos son de 0 a 10 para el número total de instituciones de gobernanza, de 0 a 6 para el número de instituciones políticas y de 0 a 3 para el número de instituciones redistributivas.
19. Una excepción es el efecto negativo de la guerra sobre las instituciones políticas. Como este resultado solo es significativo al nivel de 0,10, debe interpretarse con cautela.
20. Véanse las pruebas de robustez en el material suplementario.

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Se conservan los títulos de las obras en su idioma original para facilitar su localización bibliográfica.

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Material suplementario

La publicación original facilita un archivo suplementario con información adicional sobre la recopilación de datos y el manual de codificación del conjunto de datos de Estados de facto. Puede consultarse y descargarse desde el sitio del editor: material suplementario (ZIP).

Nota biográfica

Adrian Florea era profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad de Glasgow (desde 2015), Escocia, Reino Unido. Sus principales líneas de investigación son la guerra civil, la violencia política, la gobernanza rebelde, la construcción y descomposición del Estado, la seguridad internacional y los métodos de investigación.

Nota sobre la traducción y la licencia

Traducción al castellano de Rebel governance in de facto states, de Adrian Florea, publicado originalmente en European Journal of International Relations, 26(4), 2020, pp. 1004–1031. DOI: 10.1177/1354066120919481.

El artículo original se distribuye bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite compartir y adaptar el material, incluso con fines comerciales, siempre que se reconozca adecuadamente la autoría y la fuente, se incluya un enlace a la licencia y se indique si se han realizado cambios. Esta traducción no ha sido revisada ni aprobada por el autor y no implica su respaldo a la versión traducida.