De Nexus — Movimiento 2030 por la Democracia Directa
Señor Óscar Puente, ministro de Transportes:
Ante la tragedia ferroviaria y las referencias a un posible fallo humano, considero necesario plantear una pregunta que va más allá de un accidente concreto: ¿basta con señalar el último error humano o también debemos investigar los fallos del sistema que debían impedir sus consecuencias?
Le escribo desde mi experiencia laboral, porque conozco una situación que me obliga a reflexionar sobre esta cuestión.
Trabajo en una residencia pública de personas mayores gestionada por la Comunidad de Madrid. En mi centro llevamos años soportando continuas falsas alarmas de la central de incendios debido a averías. Además, hay zonas que están desconectadas del sistema.
Las alarmas saltan repetidamente y tengo que silenciarlas a diario. Con el paso del tiempo, una situación que debería ser excepcional se ha convertido en parte de nuestra rutina laboral.
Y ante esta situación, me hago una pregunta tan sencilla como inquietante:
Si mañana se produjera un incendio en mi residencia y hubiera víctimas, ¿sería yo el culpable por haber silenciado una alarma?
¿O habría que investigar también por qué llevamos años con falsas alarmas, por qué hay zonas desconectadas, quién conoce estas deficiencias, qué medidas correctoras se han adoptado y por qué el problema continúa sin resolverse?
No planteo esta pregunta para eludir mis responsabilidades. Cada trabajador debe cumplir sus funciones y actuar conforme a los protocolos de seguridad. Pero tampoco podemos aceptar que toda la responsabilidad recaiga automáticamente sobre la persona que está en primera línea, mientras quedan sin examinar las decisiones, las omisiones y las obligaciones de quienes deben garantizar que los sistemas de seguridad funcionen.
Una alarma contra incendios no es un simple dispositivo molesto. Es un mecanismo destinado a proteger vidas humanas. Y en una residencia de personas mayores, donde algunos residentes pueden necesitar ayuda para evacuar, su funcionamiento resulta especialmente importante.
Cuando las falsas alarmas se repiten durante años, el problema deja de ser una simple molestia: exige investigar las causas, corregir las averías y garantizar que el sistema proteja realmente a las personas.
Si una alarma falla, la solución no puede consistir en acostumbrarse al fallo. Si hay zonas desconectadas, no basta con que el personal continúe trabajando como si nada ocurriera.
Esta experiencia me lleva a plantear una reflexión sobre la tragedia ferroviaria.
Cuando se produce un accidente, debemos investigar qué ocurrió, qué hizo cada persona y si se respetaron los procedimientos. Pero también debemos comprobar si los sistemas de seguridad funcionaban, si las deficiencias conocidas se habían corregido y si existían mecanismos suficientes para impedir que un error humano terminara en una catástrofe.
Señor Puente, usted, como ministro de Transportes, debe rendir cuentas políticamente por la gestión de su departamento y explicar las medidas adoptadas en materia de seguridad ferroviaria. Las responsabilidades concretas deberán establecerse mediante investigaciones rigurosas y pruebas, sin anticipar conclusiones.
Pero la expresión «fallo humano» no debería convertirse en una explicación que cierre todas las preguntas.
Las personas pueden equivocarse. Precisamente por eso, los sistemas de seguridad deben contar con controles, redundancias, protocolos y mecanismos de prevención capaces de reducir las consecuencias de los errores.
Y esta reflexión también debe aplicarse a las administraciones públicas. En mi caso, la residencia está gestionada por la Comunidad de Madrid, por lo que corresponde investigar y exigir explicaciones a los responsables competentes sobre las deficiencias que describo y las medidas adoptadas para corregirlas.
No afirmo que mi caso y un accidente ferroviario sean técnicamente equivalentes. Lo que señalo es un principio común: la seguridad de las personas no puede depender únicamente de que el último trabajador de la cadena no cometa un error.
No escribo para enfrentar a trabajadores y responsables públicos, ni para utilizar el sufrimiento de las víctimas como arma partidista. Escribo porque la ciudadanía tiene derecho a exigir prevención, transparencia y responsabilidades en todos los niveles.
Por eso, mi pregunta es también una exigencia:
¿Quién debe responder cuando un sistema de seguridad presenta deficiencias?
¿Qué ocurre cuando esas deficiencias se prolongan durante años sin una solución efectiva?
¿Qué mecanismos de control permiten a los trabajadores comunicar los riesgos y conseguir que se solucionen?
¿Cómo garantizamos que las investigaciones no se detengan en el último eslabón de la cadena?
La responsabilidad individual importa. Pero también importan la prevención, la supervisión y la responsabilidad de quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad.
Porque cuando ocurre una tragedia, no basta con preguntar quién cometió el último error. Hay que averiguar qué falló antes, quién debía evitarlo y qué debe cambiar para que no vuelva a suceder.
Atentamente,
Nexus
Fundador del Movimiento 2030 por la Democracia Directa
Solo el pueblo salva al pueblo.