En 2011, Naciones Unidas declaró el acceso a internet un derecho humano básico y afirmó que privar a las personas de conectividad viola los derechos humanos y el derecho internacional. El informe se emitió el mismo día en que parte del acceso a internet en Siria se cortó sin previo aviso. En su informe sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue señala que “el carácter único y transformativo de internet no solo le permite a las personas ejercer su derecho a la libertad de expresión, sino también a otra serie de derechos humanos, y de fomentar el progreso de la sociedad en general”.
El aumento de manifestaciones en todo el mundo ha demostrado la relación intrínseca entre internet y las movilizaciones de sociedad civil en hechos relacionados con la justicia, la igualdad, responsabilidad y derechos humanos. A medida que internet se convierte en testigo de abusos de derechos humanos en las calles, el desarrollo del nexo entre internet y los derechos humanos ha incrementado el interés de los estudiosos por cómo las situaciones clásicas de derechos humanos se desarrollan en el ámbito digital. Muchos sostienen que las nuevas tecnologías fortalecen la sociedad civil al reducir los costos de movilización, lo que facilita los movimientos de protesta y otras formas de disidencia movilizada.
Es sabido que los grupos de oposición han usado las redes sociales para coordinar sus actividades. Por ejemplo, durante la denominada Primavera Árabe, los manifestantes utilizaron las redes sociales para difundir información sobre sus actividades y dar a conocer eventos locales y globales en desarrollo. Se había declarado que los medios digitales se habían convertido en la herramienta principal de los movimientos de protesta. Mientras tanto, periodistas e investigadores afirmaban que en el siglo XXI “la revolución se publicaría en Twitter”.
Las protestas son indispensables en cualquier sociedad democrática, ya que facilitan que se produzcan cambios sociales y que los Gobiernos actúen con eficacia. Además, las protestas garantizan que los ciudadanos expresen sus opiniones y desacuerdos con los problemas de gobernabilidad. A medida que se van estableciendo, muchos movimientos dependen de internet para contactar nuevos partidarios. Sin embargo, a lo largo de la historia las protestas se han visto como una amenaza para los Gobiernos. Como consecuencia, los regímenes autoritarios han usado los cortes de internet como una herramienta para inmovilizar a los disidentes con el pretexto de salvaguardar la seguridad pública y nacional.
Como ejemplo, el Gobierno iraní limitó recientemente el acceso a internet y privó a millones de personas del derecho a participar en el debate político luego del asesinato de Mahsa Amini a manos de la Policía de la Moral. Esta situación ha bloqueado el acceso de los iraníes a internet y a redes sociales, lo que ha dificultado el trabajo de los activistas al coordinar sus actividades y transmitir información al mundo exterior. Igualmente, se ha violado la libertad civil de manera masiva, ya que así se obstaculiza la capacidad de los ciudadanos de reunirse y se interrumpe el flujo de información, de este modo el Gobierno puede silenciar a los críticos y difundir información tergiversada.
Si bien estas tecnologías han sido de gran beneficio para los grupos de oposición, las tecnologías digitales también se han convertido en armas de regímenes represivos para sofocar protestas y silenciar disidentes. A menudo, las represiones son la primera línea de defensa de Gobiernos autoritarios para impedir que grupos de oposición se organicen y se movilicen. Por otra parte, las nuevas tecnologías están transformando el modo en que los activistas interactúan con los regímenes autoritarios. Mientras los disidentes usan el mundo digital para apoyar y coordinar actividades de protestas, los Gobiernos antidemocráticos utilizan nuevas tecnologías para inundar la redes con desinformación e identificar a los agitadores con algoritmos sofisticados que utilizan inteligencia artificial.
Las autoridades han ingeniado métodos específicos para disuadir movilizaciones políticas. De igual forma, internet facilita el uso de muchas herramientas que permiten a los Gobiernos autoritarios fortalecer sus regímenes. Por ejemplo, pueden ordenar a los proveedores de servicios de internet que ralenticen la velocidad o que solo afecten las conexiones de internet móvil con el pretexto de proteger al público de mensajes de odio y desinformación. Tales Gobiernos han usado tecnología de reconocimiento de voz para escanear redes móviles, han rastreado ciudadanos por medio de GPS, han vigilado correos electrónicos y mensajes de textos para rastrear grupos disidentes, y han utilizado malware para espiar en computadores portátiles y teléfonos móviles.
Cuando los Gobiernos cortan el acceso a internet, quienes se movilizan contra el régimen autoritario no pueden coordinar sus actividades y desarrollar sus funciones. Asimismo, la vigilancia digital provee información específica sobre la posición y las intenciones de los líderes de oposición, lo que permite reprimirlos de manera más selectiva. Además, el hecho de vigilar a actores claves ayuda a los regímenes autoritarios a identificar redes de grupos de oposición y sus métodos de operación. Como consecuencia, las tecnologías provocan un efecto atemorizante en los movimientos de protestas, lo que evita que la gente ejerza su derecho a la libertad de expresión. Por ello, los manifestantes dudan al participar en temas de interés público, por temor a amenazas y represalias de las autoridades. Así pues, que los regímenes usen estas tecnologías impide que la población ejerza su derecho a protestar y a expresar ideas y opiniones divergentes, ya que esto puede obstaculizar el abuso de poder.
Por otro lado, los grupos marginados que viven bajo regímenes represivos tienen menos probabilidades de acceder a internet. Sin embargo, cuando tienen acceso, es mucho más probable que los vigilen, los acosen y los censuren. Más importante aún, los cortes de internet forman una medida estratégica para frenar movilizaciones y evitar que los grupos marginados participen en debates de interés público y documenten sus quejas. Entretanto, es probable que las personas que viven en zonas más privilegiadas con acceso sin censura a internet presenten niveles más bajos de descontento político o de interés en participar en movilizaciones. Justamente las poblaciones vulnerables que más necesitan movilizarse contra sus Gobiernos represivos son las que tienen menor acceso a internet.
Para terminar, los cortes de internet no son una novedad para los regímenes autoritarios. Es más, existe una tendencia considerable a que los regímenes autoritarios limiten el acceso a internet en diferentes niveles. Para limitar el acceso a la información, los Gobiernos establecen medidas legales restrictivas que obligan a los proveedores de internet a eliminar contenido digital o información disidente. A su vez, estas medidas crean un ambiente de autocensura, ya que la gente teme ser perseguida y sufrir represalias. Limitar el acceso a internet y desalentar movimientos políticos se ha convertido en un mecanismo para reprimir a la población y reducir la transparencia y la responsabilidad, sobre todo en contextos de concentraciones políticas, elecciones y asambleas públicas. Por desgracia, los cortes de internet por parte de los Gobiernos se ha convertido en la nueva normalidad. Aunque los manifestantes descubren nuevas formas para resistirse a los regímenes autoritarios, los cortes cada vez mayores amenazan el futuro de las protestas y de las sociedades libres de censura.
Este artículo fue publicado originalmente en https://es.globalvoices.org/. Lea el original.