Quien busca piso en España quiere encontrar algo que pueda pagar, dejar de compartir casa y empezar a vivir por su cuenta. Pero pasan los años y sigue escuchando las mismas promesas, mientras los partidos se culpan unos a otros. El caso de Japón invita a mirar otras soluciones y a preguntarnos por qué aquí no se ha construido suficiente vivienda en los lugares donde hace falta.
La referencia a los alquileres japoneses de unos 500 euros llama la atención, pero necesita contexto. Hay alojamientos pequeños que pueden encajar en ese presupuesto, según la ubicación y el cambio del yen. También en barrios de Tokio se encuentran opciones económicas. Eso no significa que una familia pueda instalarse en un piso amplio en el centro por ese dinero. El tamaño, la antigüedad, la distancia al trabajo y los gastos de entrada cambian mucho la comparación.
Por ejemplo, en Tokio se pueden encontrar alquileres por debajo de 500 euros sin tener que vivir en una habitación de diez metros cuadrados. En Inagi, al oeste de la metrópoli, hay anuncios de pisos de entre 40 y 45 metros cuadrados, con dos habitaciones y cocina-comedor, por unos 420–490 euros mensuales. Son viviendas pequeñas, en edificios antiguos y fuera del centro, pero permiten tener un piso propio con un presupuesto limitado. La zona cuenta con conexiones ferroviarias y, desde las estaciones de la línea Keio, se llega a Shinjuku en unos treinta minutos, aunque el tiempo de viaje depende de la ubicación de cada vivienda.
Lo interesante de Japón va más allá de un anuncio barato. La OCDE ha destacado su sistema urbanístico como un ejemplo de flexibilidad. Sus reglas permiten combinar distintos usos y construir vivienda en muchas zonas comerciales, con límites destinados a evitar actividades incompatibles. Esa capacidad de adaptar los barrios ayuda a que la oferta responda cuando aumenta la necesidad de alojamiento.
En Japón también hay normas, pero facilitan la construcción de viviendas. Su ejemplo muestra que hay otras opciones además de limitar los alquileres y que no hace falta acabar con el capitalismo para buscar soluciones. También se puede actuar para que haya más pisos disponibles y resulte más fácil encontrar uno a un precio razonable.
Tampoco conviene convertirlo en un paraíso. Su población envejece y disminuye, aunque las grandes ciudades siguen atrayendo habitantes. La propia OCDE advierte de los largos desplazamientos al trabajo y del peso del gasto residencial en los presupuestos familiares. El ejemplo japonés no demuestra que exista una solución sencilla. Sí da motivos para estudiar qué decisiones permiten ampliar la oferta y cuáles la dificultan.
En España, la falta de vivienda en las zonas con más demanda está documentada. El Banco de España estimó que, entre 2022 y 2024, la creación de hogares superó la producción de vivienda nueva en entre 400.000 y 450.000 unidades. Más de la mitad de ese desajuste se concentraba en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Hablar de casas vacías en términos nacionales, sin mirar dónde están ni si pueden habitarse, deja fuera una parte decisiva del problema.
Este diagnóstico obliga a hablar de suelo, licencias, rehabilitación, trabajadores de la construcción y transporte. Son asuntos menos vistosos que señalar a un culpable, pero determinan si un proyecto se queda años en un expediente o acaba convirtiéndose en un lugar donde vivir. También obligan a construir un parque público estable, capaz de atender a quienes no pueden pagar lo que pide el mercado.
Después del 15M, la vivienda fue una de las grandes reivindicaciones de quienes prometían cambiar la política. Podemos llegó al Gobierno con el PSOE y, posteriormente, Sumar ocupó su lugar en la coalición. La distancia entre aquellas expectativas y la dificultad actual para emanciparse merece una explicación. Quien ha tenido responsabilidades de gobierno debe rendir cuentas también cuando vuelve a apoyar una protesta.
Pedro Sánchez se comprometió en 2023 a habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible durante la legislatura. Un compromiso así exige un seguimiento comprensible. Cuántas están ocupadas, cuántas siguen en obras, cuánto cuestan y a quién llegan. Un anuncio, una parcela y una vivienda entregada son fases distintas. Mezclarlas hace más difícil comprobar el resultado.
Sería inexacto decir que no se ha hecho nada. Se aprobó la Ley de Vivienda de 2023 y se han impulsado medidas de protección y programas de alquiler asequible. El Gobierno defiende que la contención de rentas está dando resultados en lugares donde se aplica. Esos resultados deben examinarse junto con la disponibilidad de pisos y las condiciones de acceso. Una política puede beneficiar a algunos inquilinos y seguir dejando dificultades a quienes buscan entrar en el mercado.
La responsabilidad tampoco termina en el Gobierno central. Comunidades autónomas y ayuntamientos toman decisiones esenciales sobre vivienda y urbanismo. La derecha debe explicar qué resultados consigue allí donde gobierna, con la misma exigencia que reclama a sus adversarios. Repartir competencias no debería servir para diluir responsabilidades.
Las movilizaciones tienen motivos de sobra. Perder la casa o encadenar habitaciones de alquiler no es una consigna partidista. Precisamente por eso, esa protesta necesita independencia para exigir respuestas a todos, incluidos quienes comparten sus lemas. La afinidad política no paga el alquiler.
Japón merece atención porque permite ampliar la conversación. Proteger a los inquilinos, facilitar la construcción y aumentar la vivienda pública son tareas que pueden formar parte de una misma política. Discutirlas con seriedad exige informarse sobre otras experiencias y comprobar sus límites, sin descartar una medida por el partido que la propone. Si hay formas de facilitar la construcción y aumentar la oferta, habrá que estudiarlas. No tiene sentido dejar fuera los trámites, los impuestos o la falta de pisos porque algunos grupos hayan decidido que todo se reduce a acabar con el capitalismo.
Nos preocupa Mari Carmen, como nos preocupan tantos casos que no salen en las noticias. Pero su situación no puede servir para dar otra oportunidad a partidos que llevan años prometiendo soluciones. Los jóvenes tienen razones para protestar. Lo que no tienen por qué hacer es ponerse al servicio de quienes han gobernado durante buena parte de ese tiempo.
Tampoco entendemos que se señale continuamente a Ayuso y se pase de puntillas por la gestión de Sánchez y sus socios. PSOE, Podemos y Sumar deben explicar qué han conseguido desde el Gobierno. Y el PP, qué ha hecho en las comunidades y ayuntamientos donde gobierna. Cada uno tendrá que responder por sus decisiones y por lo que dejó pendiente.
Desde este medio hemos hablado de vivienda antes de que el caso de Mari Carmen ocupara los titulares. Queremos que los jóvenes puedan irse de casa y pagar un piso sin dejarse el sueldo. Si un grupo propone el comunismo como solución, tendrá que explicar cómo piensa conseguirlo y por qué descarta otras opciones. No basta con señalar al propietario, convocar una protesta y pedir que confiemos otra vez en los mismos.
No vamos a apoyar una medida que creemos perjudicial solo porque se presente en nombre de una vivienda digna. Ni a callarnos cuando quienes prometían resolver el problema intentan aprovechar el malestar que sigue ahí. Hemos criticado esa falta de resultados y vamos a seguir haciéndolo, también cuando incomode a quienes esperan tenernos de su lado.
Han pasado quince años desde el 15M. Para quienes siguen esperando una oportunidad de emanciparse, ya es bastante tiempo. El próximo compromiso debería venir acompañado de un calendario que pueda comprobarse y de viviendas a las que se pueda acceder.