Tras la aporbación por parte del Consejo de Ministros del Proyecto de la Ley de protección a informantes
Access Info, Hay Derecho, Xnet y Blueprint for Free Speech, que impulsan la inciativa, apoyada por 21 organizaciones han enviado al Gobierno y a grupos parlamentarios un Decálogo de mejoras del Proyecto de Ley para evitar que el texto final pueda resultar en perjuicio de los propios informantes. El decálogo incluye la necesidad de eliminar sesgos respecto a la motivación de quien informa y los requisitos para demostrar quién puede ser amparado por la Ley. También exigen mayor concreción en la definiciones como la de “represalia”, con el fin de limitar la posibilidad de interpretaciones restrictivas o contraproducentes para el informante, a la vez que pide eliminar cualquier limitación temporal ya que los informantes a menudo sufren represalias mucho tiempo después de haber comunicado los hechos.
En el Decálogo también se solicita que se garantice el anonimato del informante y la posibilidad de elegir el canal para informar que considere más seguro sin ningún tipo de perjuicio. Además, pide proveer medidas contundentes de protección al informante como apoyo económico y asistencia legal y psicológica de forma general y no en casos excepcionales.
Tras la aporbación por parte del Consejo de Ministros del Proyecto de Ley de protección de informantes de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, 25 asociaciones de la sociedad civil urgen que se enmienden aspectos cruciales del texto en el proceso parlamentario de aprobación final.
Access Info, Hay Derecho, Xnet, Blueprint for Free Speech, junto con miembros de la Coalición Pro Acceso, plataforma que promueve el derecho de acceso a la información, y Whistleblowing International (WIN), plataforma de organizaciones por la defensa de informantes, dirigen al Gobierno y grupos parlamentarios, un Decálogo de Recomendaciones para modificar el Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. El documento establece 10 puntos claves a modificar con el objetivo de aumentar la protección y seguridad jurídica de estas personas.
El decálogo se suma a las alegaciones y comentarios al texto normativo que estas cuatro organizaciones enviaron en la consulta abierta por el Ministerio de Justicia en marzo de este año, con el fin de mejorar la norma que proteja a las personas informantes.
La UE establecía el 17 de diciembre de 2021 como fecha límite para la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva Europea 2019/1937 de protección de informantes. El retraso de ocho meses del ejecutivo ha supuesto ya una sanción para España.
Para los promotores del Decálogo, la Ley llega tarde, pero, además, con importantes lagunas e imprecisiones.
En este sentido, el Decálogo elaborado por miembros de la sociedad civil con amplia experiencia en casos de informantes de corrupción y otros abusos, solicita mejoras en el texto definitivo como:
La necesidad de eliminar cualquier condicionalidad con respecto a la motivación de quien informa y ampliar la inversión de la carga.
Definir los conceptos de interés público y, en especial, el de represalia para evitar interpretaciones restrictivas, incluyendo situaciones como tratamiento injusto, coerción, intimidación o discriminación y eliminar cualquier limitación temporal ya que los informantes a menudo sufren represalias por la información que han revelado a lo largo de muchos años.
Que el informante entre en el ámbito de protección de la Ley independientemente de si mantiene o no una relación laboral o profesional con la organización sobre la que informa e independientemente de sus motivaciones, es decir, que se le aplique el principio de “creencia razonable en la veracidad de la información” tal y como establece la Directiva Europea.
Garantizar el anonimato y la seguridad de la persona alertadora, estableciendo características técnicas obligatorias para los canales y permitiendo, además, que elija, sin condicionantes, si informa a través de los canales internos de la organización sobre la que informa o por vía externa, como, por ejemplo, a través de la futura Autoridad Independiente de protección al informante.
Asimismo, el decálogo pide garantizar que los informantes tengan acceso a asistencia jurídica especializada y gratuita, apoyo psicológico, cobertura médica, y apoyo económico y material como regla general y no de forma excepcional como establece el Anteproyecto de Ley.
Además, solicita que se implanten mecanismos que garanticen la imparcialidad y la independencia de la futura Autoridad Independiente de protección al informante, como evitar que la Presidencia del organismo sea nombrada a propuesta del Ministerio de Justicia como recoge actualmente el Anteproyecto de Ley, y que rinda cuentas ante el Parlamento.
Portavoces:
Access Info
Blueprint for Free Speech
Hay Derecho
Xnet
Organizaciones firmantes:
Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA)
Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública
Asociación de la Prensa de Madrid (APM)
Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA)
Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM)
Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
Fundación Global Nature
GobiernoTransparente.com
Innovación y Derechos Humanos (ihr.world)
Más Democracia
RADA – Red de Abogados para la Defensa Ambiental
SEO – Birdlife
Sociedad Española de Documentación e Información (SEDIC)
Transparency International España
Internacionales:
Whistleblowing International Network (WIN)
Oživení z.s., República Checa
Pištaljka, Serbia
Centre for Free Expression, Toronto University
Open Knowledge Foundation (OKFN)