Durante años, el debate sobre la moderación de contenidos en internet se ha planteado como un enfrentamiento entre dos principios aparentemente incompatibles: la libertad de expresión y el control de los discursos publicados en las plataformas digitales. Cada vez que una red social elimina publicaciones, suspende cuentas o limita la difusión de determinados contenidos, surgen acusaciones de censura y de restricción del debate público.
Sin embargo, esa discusión suele pasar por alto una cuestión fundamental: ¿qué ocurre con quienes abandonan las redes sociales porque son objeto de campañas de acoso, amenazas o difusión de información privada? Si una persona deja de participar por miedo a sufrir ataques continuados, también se está produciendo una pérdida de libertad de expresión.
Esa es la idea central desarrollada por las juristas Danielle Keats Citron y Jonathon W. Penney en un trabajo publicado en la revista académica Dædalus. Los autores sostienen que determinadas formas de moderación, especialmente aquellas dirigidas a combatir el ciberacoso, el hostigamiento continuado y la difusión no consentida de imágenes íntimas, pueden contribuir a proteger el debate público en lugar de empobrecerlo.
Su argumento parte de una observación sencilla. La libertad de expresión no consiste únicamente en garantizar que cualquiera pueda publicar un mensaje, sino también en asegurar que las personas puedan participar en la conversación pública sin verse expulsadas de ella mediante campañas de intimidación.
En los últimos años, buena parte del debate político estadounidense ha girado en torno al papel de las grandes plataformas tecnológicas. Diversos responsables políticos han acusado a empresas como X, Facebook o YouTube de ejercer un poder excesivo sobre la circulación de ideas. Algunos estados, como Texas y Florida, aprobaron leyes destinadas a limitar la capacidad de estas compañías para moderar contenidos, aunque los tribunales federales ofrecieron respuestas diferentes y el asunto terminó llegando al Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Más allá del debate jurídico, los autores consideran que las plataformas realizan inevitablemente decisiones editoriales. Del mismo modo que un periódico decide qué cartas al director publica o una editorial selecciona qué libros imprime, las redes sociales establecen normas internas sobre amenazas, acoso, terrorismo, pornografía no consentida o fraudes. A su juicio, impedir cualquier tipo de moderación supondría obligar a esas empresas a difundir contenidos que vulneran sus propias normas y deterioran el entorno de participación.
El artículo dedica especial atención al impacto del acoso digital sobre las víctimas. Diversas investigaciones muestran que quienes sufren campañas coordinadas de amenazas, persecución o exposición de datos personales reducen su presencia en internet, cierran perfiles, abandonan debates públicos e incluso modifican aspectos importantes de su vida cotidiana. El problema no afecta únicamente a figuras públicas; también alcanza a ciudadanos anónimos cuya intimidad es vulnerada mediante la difusión de imágenes privadas o la publicación de información personal.
Los autores recopilan numerosos estudios que indican que este fenómeno afecta de forma desproporcionada a mujeres, minorías sexuales y personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados. En estos casos, el abandono de las redes no responde a una decisión libre, sino al temor de convertirse en el objetivo de nuevas campañas de hostigamiento.
Desde esta perspectiva, la moderación de determinados contenidos no reduciría necesariamente la libertad de expresión, sino que podría ampliarla al permitir que más personas continúen participando en el espacio digital.
El trabajo también analiza el papel del Derecho. Según los autores, las normas que sancionan conductas como el ciberacoso persistente, las amenazas graves o la difusión no consentida de material íntimo pueden cumplir una doble función. Por un lado, ofrecen mecanismos para perseguir comportamientos especialmente dañinos. Por otro, transmiten un mensaje social de que esas conductas no son aceptables y de que las víctimas cuentan con protección institucional.
Esta dimensión simbólica de la legislación ocupa un lugar destacado en su argumentación. Las leyes no solo castigan infracciones, sino que también contribuyen a moldear las expectativas sociales y a generar confianza entre quienes temen convertirse en víctimas. Esa confianza puede favorecer una participación más activa en la vida pública y reducir la tendencia a la autocensura.
Los autores respaldan esta idea con investigaciones empíricas realizadas durante los últimos años. En varios estudios experimentales observaron que las personas, especialmente aquellas que ya habían sufrido experiencias de abuso digital, manifestaban una mayor disposición a compartir opiniones e información personal cuando conocían la existencia de medidas legales o políticas empresariales destinadas a protegerlas frente a estas formas de violencia en línea.
En particular, los resultados mostraban un incremento de la confianza hacia las plataformas y hacia el propio sistema jurídico cuando existían mecanismos claros para actuar frente a conductas como el acoso reiterado o la publicación de imágenes íntimas sin consentimiento. Esa mayor confianza se asociaba con una participación más activa tanto en internet como fuera de él.
Los autores reconocen que la moderación de contenidos plantea riesgos y que cualquier limitación de la expresión debe aplicarse con criterios transparentes y compatibles con los principios constitucionales. Sin embargo, consideran erróneo presentar el debate como una elección entre libertad de expresión y moderación. A su juicio, determinadas políticas destinadas a combatir formas graves de abuso pueden favorecer precisamente aquello que pretenden proteger: que un mayor número de personas pueda intervenir en la conversación pública sin miedo a ser expulsadas mediante campañas de intimidación.
Fuente original
Artículo basado en Empowering Speech by Moderating It, de Danielle Keats Citron y Jonathon W. Penney, publicado en Dædalus (2024), disponible bajo licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0).
Empowering Speech by Moderating It