Una investigación del organismo francés VIGINUM ha relacionado a una opaca firma israelí con campañas de injerencia digital dirigidas contra candidatos y procesos electorales de varios países. El caso no demuestra la existencia de una operación coordinada por el Estado de Israel ni permite conocer quién pagó los ataques. Se reveló la existencia de un mercado internacional en el que empresas privadas ofrecen cuentas falsas, amplificación artificial, campañas de desprestigio y herramientas de vigilancia a clientes que pueden permanecer ocultos.
Durante las elecciones municipales francesas de marzo de 2026 apareció en internet una pequeña constelación de páginas, perfiles y supuestas organizaciones políticas. A primera vista parecían iniciativas independientes. Algunas difundían acusaciones personales contra candidatos de La Francia Insumisa; otras presentaban al partido como cómplice de un programa islamista radical; una tercera red adoptaba una identidad conservadora y soberanista para denunciar precisamente aquella amenaza.
Nada era lo que parecía. El organismo francés VIGINUM, dependiente de la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional, concluyó que las páginas compartían infraestructura técnica, fechas de registro, direcciones de internet y patrones de difusión coordinada. Los perfiles que las promocionaban mostraban numerosos indicios de inautenticidad. La operación, bautizada como Rokh Solis, reunía, según las autoridades francesas, los criterios para ser considerada una injerencia digital extranjera.
La campaña había fijado como objetivos a Sébastien Delogu, candidato en Marsella; François Piquemal, en Toulouse; y David Guiraud, en Roubaix. Los tres pertenecían a La Francia Insumisa y habían mantenido posiciones públicas críticas con la ofensiva israelí en Gaza. Sin embargo, conviene indicar que la investigación no ha demostrado que fueran atacados por sus opiniones sobre Palestina ni que la operación hubiera sido encargada por el Gobierno israelí.
Lo acreditado es más limitado, pero suficientemente grave. VIGINUM detectó contenidos engañosos que atribuían delitos a los candidatos sin aportar pruebas, páginas creadas para desacreditarlos y perfiles falsos utilizados para amplificar las acusaciones. Una de las campañas giró alrededor de una supuesta bloguera llamada Sophie que acusaba a Delogu de violación. Los investigadores encontraron inconsistencias en la identidad, actividad coordinada alrededor de sus publicaciones y una promoción que llegó a trasladarse a las calles mediante carteles con códigos QR.
La operación no obtuvo una gran repercusión. El propio informe francés reconoce que su visibilidad fue reducida y que no existen indicios de que alterase el resultado electoral. Pero esa escasa eficacia no elimina su naturaleza. En el mercado de la manipulación digital, una campaña fallida también sirve para probar herramientas, detectar vulnerabilidades y perfeccionar métodos que podrán utilizarse después en escenarios más favorables.
Las huellas que conducen a BlackCore
El análisis técnico francés orientó las pesquisas hacia BlackCore, una entidad israelí que se anunciaba como una empresa especializada en influencia, tecnología y guerra informativa. Antes de retirar buena parte de su presencia pública, afirmaba ofrecer a gobiernos y campañas políticas herramientas destinadas a “moldear narrativas”.
VIGINUM fue prudente en su atribución. El informe habla de una empresa “probablemente” vinculada a las campañas y reconoce que no ha podido determinar con precisión el papel de todos los operadores implicados. Entre los indicios encontrados figuraban caracteres hebreos en metadatos de algunas páginas, cuentas localizadas en Israel, infraestructuras comunes y herramientas de amplificación artificial relacionadas con el entorno empresarial de BlackCore.
Reuters tampoco pudo localizar una inscripción clara de BlackCore en los registros mercantiles israelíes ni identificar a sus responsables últimos. La compañía no contestó a las peticiones de información y su página web desapareció después de que comenzaran las preguntas de los periodistas. Meta confirmó que había eliminado una red de cuentas por comportamiento inauténtico coordinado y señaló que la actividad se originaba en Israel y se dirigía principalmente contra Francia. Google y TikTok también detectaron elementos de la operación.
Las autoridades francesas ampliaron después el alcance de la investigación. El mismo modo de operar apareció en campañas relacionadas con Angola, Togo, las elecciones de Nueva York de 2025 y los comicios escoceses de 2026. En este último caso, la red apuntó contra el primer ministro John Swinney, el Partido Nacional Escocés y el Gobierno de Escocia.
VIGINUM identificó cuatro oleadas entre el 6 de enero y el 8 de mayo. Al menos 256 cuentas publicaron alrededor de 1.400 comentarios: 652 contra Swinney, 338 contra el SNP y 112 contra la cuenta institucional del Ejecutivo escocés. La actividad cesó prácticamente después de las elecciones.
Swinney había denunciado la situación humanitaria en Gaza y afirmado que podía estar desarrollándose un genocidio. Su Gobierno también había congelado determinadas ayudas públicas a empresas armamentísticas vinculadas al suministro de material a Israel. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, otro de los políticos aparentemente afectados por operaciones atribuidas al mismo entorno, es conocido igualmente por sus posiciones favorables a los derechos palestinos.
La coincidencia permite plantear una hipótesis, pero no presentarla como un hecho. No se conoce la identidad del cliente, ni se ha demostrado que todos los objetivos fueran seleccionados por sus opiniones sobre Gaza. El jefe de VIGINUM, Marc-Antoine Brillant, admitió expresamente que la investigación no había permitido identificar a quienes encargaron la campaña. El Gobierno francés pidió explicaciones a Israel, cuya embajada negó cualquier voluntad de intervenir en los procesos políticos franceses y aseguró que estudiaría la información recibida.
Esta diferencia entre lo comprobado y lo que todavía se desconoce es fundamental. BlackCore no puede confundirse automáticamente con el Estado israelí. Que una empresa opere desde Israel, emplee a ciudadanos israelíes o forme parte de su sector tecnológico no demuestra que actúe por instrucciones gubernamentales. Al mismo tiempo, la falta de atribución política no reduce el problema democrático: alguien pudo contratar una estructura privada para atacar elecciones y ocultar su identidad detrás de una cadena de intermediarios.
El precedente de Team Jorge
BlackCore no aparece en un vacío. En febrero de 2023, un consorcio de periodistas coordinado por Forbidden Stories reveló la existencia de otro grupo israelí dedicado a la desinformación y la interferencia electoral. La organización fue denominada Team Jorge por el alias utilizado por su responsable, Tal Hanan, un antiguo miembro de las fuerzas especiales israelíes.
Tres periodistas se presentaron durante meses como intermediarios de un cliente africano interesado en retrasar unas elecciones. Las reuniones, celebradas entre julio y diciembre de 2022, fueron grabadas con cámaras ocultas. Hanan les mostró herramientas para piratear cuentas, distribuir contenidos manipulados y controlar grandes redes de identidades ficticias.
Una de ellas era AIMS, siglas de Advanced Impact Media Solutions. Según la demostración, el sistema permitía administrar de forma centralizada más de 30.000 avatares con perfiles en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, Telegram, YouTube y otras plataformas. Las identidades incluían fotografías, nombres, correos electrónicos y actividad cotidiana destinada a hacerlas creíbles.
No eran necesariamente bots rudimentarios que publicaban el mismo mensaje de forma automática. Algunos perfiles podían mantenerse durante meses, comentar asuntos triviales, acumular seguidores y simular relaciones personales antes de ser activados en una campaña. Esa preparación les permitía comportarse como ciudadanos normales cuando llegaba el momento de atacar a un adversario, difundir un rumor o fabricar la apariencia de un movimiento espontáneo.
Los periodistas comprobaron además que algunas fotografías pertenecían a personas reales y habían sido tomadas de sus perfiles sin autorización. El negocio no solo fabricaba una opinión pública ficticia, sino que también podía apropiarse de la identidad de ciudadanos que ignoraban por completo el uso político de su rostro.
Hanan aseguró que su equipo había participado en 33 campañas presidenciales y que había conseguido sus objetivos en 27. Esas cifras proceden de sus propias declaraciones comerciales y no pudieron ser verificadas de manera independiente. Resultan reveladoras sobre lo que el grupo decía vender, pero no deben confundirse con un balance demostrado.
El caso permitió observar con una claridad poco habitual cómo se presenta este mercado ante un posible comprador. El producto no era únicamente un programa informático. Era un servicio completo de espionaje, sabotaje, creación de narrativas, difusión artificial y ocultación del cliente.
De la persuasión política a la vigilancia clandestina
La manipulación del debate público constituye una parte del ecosistema. La otra es el acceso secreto a las comunicaciones de quienes pueden investigar, denunciar o contradecir esas campañas.
NSO Group, otra compañía israelí, desarrolló Pegasus, un programa espía capaz de penetrar en teléfonos móviles y acceder a mensajes, archivos, correos, ubicaciones y otros datos. La empresa sostiene que vende su tecnología exclusivamente a gobiernos autorizados para combatir el terrorismo y la delincuencia grave. Esa es su posición oficial y debe recogerse.
Las investigaciones desarrolladas desde 2021 mostraron, sin embargo, que algunos clientes podían haber utilizado Pegasus contra periodistas, abogados, activistas, opositores y representantes públicos. El proyecto coordinado por Forbidden Stories examinó una filtración con más de 50.000 números seleccionados por clientes de NSO como posibles objetivos de vigilancia en más de 50 países. La presencia de un número en aquella base de datos no demostraba por sí sola que el teléfono hubiera sido infectado, pero proporcionaba un punto de partida para los análisis forenses.
Amnistía Internacional estudió 67 dispositivos y encontró rastros claros de Pegasus en 37. Su laboratorio publicó posteriormente la metodología utilizada para identificar las huellas técnicas del programa.
El Gobierno de Estados Unidos terminó incluyendo a NSO Group y a Candiru en su lista de entidades sometidas a restricciones comerciales. El Departamento de Comercio afirmó que ambas compañías habían desarrollado y suministrado programas espía utilizados por gobiernos extranjeros para atacar de forma maliciosa a funcionarios, periodistas, empresarios, activistas, académicos y trabajadores de embajadas.