¿Quién financia la prensa? Fabricando el consenso mediático en España y Europa

El panorama mediático en España y Europa depende cada vez más de fuentes de financiación externas a las tradicionales ventas y publicidad privada. Gobiernos nacionales, instituciones europeas y grandes fundaciones filantrópicas inyectan cientos de millones de euros en medios de comunicación mediante subvenciones, campañas publicitarias institucionales y programas de ayudas. Este flujo de dinero público y privado no es neutral: suele venir acompañado de agendas políticas o ideológicas, y plantea interrogantes sobre la independencia editorial de los medios beneficiarios. En efecto, numerosos analistas advierten que esta dependencia financiera puede estar fabricando un consenso mediático donde la mayoría de los grandes medios alinean su discurso con las narrativas oficiales, limitando la diversidad de opiniones en el debate público. A continuación, examinamos en profundidad las vías de financiación (estatales, europeas y filantrópicas) que sostienen a la prensa en España y Europa, y cómo podrían influir en la línea editorial de los medios, apoyándonos en datos verificados, ejemplos concretos y fuentes primarias.

Subvenciones estatales y publicidad institucional

En España, el Estado y las administraciones autonómicas se han convertido en los principales financiadores de la prensa, superando incluso a los anunciantes privados. Un estudio reciente revela que en 2022 los medios españoles recibieron alrededor de 1.100 millones de euros de fondos públicos, de los cuales la mayor parte –unos 723 millones– provinieron de publicidad institucional contratada por organismos públicos. Esto incluye campañas de ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas para difundir mensajes oficiales en periódicos, radio, televisión e internet. De hecho, el propio gobierno central se consolidó ese año como el mayor anunciante del país, por encima de cualquier empresa privada.

Las cifras no terminan ahí. A la publicidad institucional se suman otras formas de subvención pública: por ejemplo, en 2022 los partidos políticos destinaron 53 millones de euros a propaganda en medios (fondos que en su mayoría procedían de subvenciones públicas a dichos partidos). Organismos internacionales como la Unión Europea y la ONU aportaron otros 19,5 millones de euros para programas de comunicación en España. Además, el Estado ha impulsado ayudas directas para sostener y modernizar el sector: solo en 2022 se contabilizaron unos 315 millones de euros en subvenciones a la digitalización y transformación de medios (infraestructuras, medios locales y proyectos de transición digital). Recientemente, a finales de 2024, el Gobierno español aprobó un plan de ayudas adicionales por 124,5 millones para la digitalización de medios, incluyendo partidas para ciberseguridad, inteligencia artificial en redacciones y otros proyectos de innovación. Este continuo apoyo público demuestra que la viabilidad económica de muchos medios nacionales ya depende estructuralmente del erario público, algo que era impensable hace unas décadas.

Un ejemplo ilustrativo fue la controvertida campaña “#SalimosMásFuertes” durante la pandemia de COVID-19. El Gobierno de España financió en mayo-junio de 2020 una campaña publicitaria institucional de tono optimista –con ese lema– en multitud de periódicos y televisiones, para mejorar la moral ciudadana y difundir recomendaciones sanitarias. Se presupuestaron 4,5 millones de euros para esta iniciativa. La oposición criticó que la campaña en realidad ensalzaba la gestión gubernamental y transmitía un mensaje triunfalista alejado de la realidad, incumpliendo el principio legal de que la publicidad institucional debe servir al interés público y no a la propaganda partidista. Este caso evidenció cómo la publicidad institucional puede emplearse para moldear el relato en favor del gobierno de turno, difuminando la línea entre información de servicio público y mensaje político.

La opacidad y discrecionalidad en el reparto de la publicidad institucional agravan el problema. Aunque existe una Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, muchos ministerios en España han sido poco transparentes sobre qué medios se benefician de sus campañas. A menudo se contratan centrales de medios como intermediarias para distribuir los anuncios, lo que dificulta seguir el rastro del dinero. Investigaciones periodísticas han logrado desentrañar parte del destino de estos fondos: por ejemplo, entre 2019 y 2023, el diario El País (Grupo PRISA) habría recibido más de 3 millones de euros en campañas del gobierno central, encabezando la lista de prensa escrita, seguido de El Mundo con 2,58 millones. Si se agregan los grupos mediáticos, Vocento (propietario de ABC y muchos diarios regionales) fue el mayor receptor con casi 7 millones en ese periodo. Llama la atención que medios nativos digitales con gran audiencia online (como El Español o El Confidencial) captan mucha menos publicidad institucional que diarios tradicionales en papel, reflejando quizás criterios políticos o inercia más que una correspondencia con la audiencia real. En radio, igualmente, la cadena líder SER recibió 8,3 millones (2018-2023), muy por encima de su competidora COPE con 4,1 millones, una disparidad que algunos atribuyen a afinidades ideológicas (SER pertenece a PRISA, un grupo percibido como cercano al centro-izquierda gobernante). En suma, el reparto de la publicidad oficial suele beneficiar a los grandes grupos mediáticos establecidos, consolidando su posición.

Todas estas inyecciones públicas han sido una tabla de salvación para muchos medios en crisis financiera, pero no salen gratis en términos de independencia. Como advierte el periodista Jordi Ruiz, “la creciente dependencia económica de los medios respecto de los fondos públicos plantea serias dudas sobre su capacidad de fiscalización del poder”. Es difícil morder la mano que te da de comer: un periódico cuyo principal anunciante es el gobierno será reticente a criticar con dureza a ese gobierno o a cuestionar sus políticas. La situación actual en España –con ingresos por publicidad privada reducidos a la mitad desde 2008 (de 6.500 a 3.400 millones anuales) y el dinero público compensando gran parte de esa caída– hace que “muchos medios privados, naturalmente, sirvan atentos a las indicaciones tácitas o explícitas de las instituciones que los financian”. En otras palabras, existe una influencia indirecta pero poderosa: los medios saben qué líneas rojas no cruzar si quieren seguir recibiendo subvenciones y campañas oficiales. Además, los grandes conglomerados mediáticos son los principales beneficiarios de estas ayudas, mientras que los medios regionales, locales e independientes apenas captan migajas. Este reparto desigual refuerza un espacio informativo dominado por pocos grupos y limita la pluralidad de voces disponibles para la ciudadanía.

Programas de financiación de la Unión Europea y redes de verificación

La Unión Europea (UE) también juega un papel creciente en la financiación de iniciativas mediáticas, especialmente enfocadas en promover el pluralismo, la innovación digital y la lucha contra la desinformación. En los últimos años Bruselas ha lanzado varios programas y convocatorias de ayudas para el sector periodístico europeo. Por ejemplo, en 2024 la Comisión Europea anunció 16 millones de euros en el marco de Europa Creativa destinados a fortalecer la libertad y pluralismo de los medios, su resiliencia e impulsar la alfabetización mediática de la ciudadanía. Dentro de este paquete, 10,5 millones financian proyectos de “asociaciones de periodismo” –colaboraciones transfronterizas entre medios para investigaciones o modelos de negocio innovadores, así como la creación de fondos para apoyar a medios en sectores de especial interés democrático–. Otros 3 millones se dedicaron a un sistema de respuesta rápida para monitorear violaciones a la libertad de prensa en todos los países europeos, con el fin de recoger datos sobre ataques a periodistas y medios. Y 2,5 millones adicionales fueron asignados a proyectos de alfabetización mediática a escala europea, buscando mejorar las competencias críticas de los ciudadanos y “limitar los efectos perjudiciales de la desinformación”. Esta inversión comunitaria refleja la preocupación de la UE por la salud del ecosistema informativo y la amenaza de las fake news. Bajo la iniciativa “NEWS” de la Comisión, se agrupan instrumentos de financiación enfocados en medios libres y plurales, innovación colaborativa y participación ciudadana informada.

Un ámbito donde la UE ha centrado esfuerzos es en la lucha contra la desinformación, especialmente a raíz de interferencias extranjeras (como la propaganda rusa) y de la difusión de bulos en redes sociales. Ya en 2015 el Servicio Europeo de Acción Exterior creó la task force East StratCom, cuyo proyecto EUvsDisinfo se dedica a identificar y desmentir informaciones falsas de fuentes pro-Kremlin. Inicialmente este equipo operó con recursos mínimos (apenas 14 expertos intercambiados entre gobiernos), pero ante la creciente preocupación, la UE decidió dotarlo de presupuesto propio por primera vez en 2018. Si bien la partida inicial fue modesta (800.000 € para reforzar la unidad anti-desinformación en Bruselas), marcó un precedente: Bruselas asumía oficialmente la tarea de contrarrestar narrativas consideradas peligrosas, superando ciertos tabúes sobre involucrarse en comunicación estratégica. Desde entonces, el financiamiento europeo contra la desinformación ha aumentado, incluyendo 1,1 millones adicionales en 2018 para herramientas de monitorización de noticias falsas, y más apoyo continuo en años sucesivos dentro del Plan de Acción contra la Desinformación de la UE. Cabe mencionar que España fue uno de los países que más presionó para que la UE ampliara recursos en este campo.

En paralelo, la Comisión Europea lanzó el Observatorio Digital de Medios (European Digital Media Observatory, EDMO) para conectar a expertos, verificadores y académicos en toda Europa. El EDMO, con sede en el Instituto Universitario Europeo (Florencia), funciona como una red interdisciplinar “unida contra la desinformación” con 14 nodos regionales y nacionales cubriendo 28 países de la UE+EEE. Estos hubs independientes (aunque financiados por la Comisión) detectan y exponen bulos, organizan actividades de alfabetización mediática y analizan los ecosistemas digitales en sus respectivos territorios. España participa mediante el observatorio Iberifier, que cubre la esfera ibérica (España-Portugal) con apoyo de fondos europeos. Iberifier arrancó en 2021 y, tras una evaluación positiva, la Comisión aprobó su continuidad ampliada (Iberifier Plus) hasta 2026. En este consorcio ibérico colaboran medios y verificadores españoles como Maldita.es, Newtral, EFE Verifica, universidades y agencias, con el objetivo de investigar la desinformación, desmentir bulos y difundir buenas prácticas de consumo informativo. Iberifier forma parte de la red EDMO, coordinándose con observatorios de otros países para intercambiar datos y metodologías, creando así una infraestructura europea contra las “noticias falsas”.

No solo organismos públicos comunitarios, también empresas tecnológicas aliadas a la UE han canalizado apoyo financiero a estas redes. Por ejemplo, el European Fact-Checking Fund (auspiciado por la Comisión y gestionado vía IFCN/Poynter) otorgó becas a organizaciones verificadoras. Maldita.es fue seleccionada en 2023 para una beca de Google/YouTube que impulsa su agencia de noticias verificadas en español. Asimismo, Facebook (Meta) colabora con verificadores europeos: desde 2019, Maldita.es y Newtral en España están en el programa externo de verificación de Facebook/Instagram, recibiendo pagos de Meta a cambio de chequear contenidos virales en sus plataformas. La propia Maldita confirma que “Meta nos paga por verificar contenidos virales en sus redes… Meta no tiene ningún poder editorial en este proceso”. No obstante, críticos señalan que esta relación comercial puede influir en qué tipo de bulos se priorizan (por ejemplo, se enfocan en desinformación que perjudica a Facebook o a las narrativas oficiales sobre salud, clima, etc., mientras otros temas quedan fuera).

La implicación de la UE en financiar medios y verificadores no está exenta de polémica. Sectores euroescépticos y ciertos partidos denuncian que Bruselas está “comprando el relato” a través de estas ayudas. Un caso resonante ocurrió en 2021, cuando el partido español VOX reclamó a la Comisión Europea que retirase las subvenciones concedidas a Newtral (empresa de verificación fundada por Ana Pastor) acusándola de difundir una fake news e ideologizar la censura. Según el eurodiputado Jorge Buxadé (VOX), Newtral recibió 50.000 euros de fondos comunitarios en 2019 para su actividad de verificación. VOX acusó a Newtral de haber “desinformado” en un artículo sobre inmigración, citando incluso un informe de la Fiscalía española que contradecía la verificación de Newtral. En una carta a Bruselas, Buxadé preguntó si la Comisión iba a condenar que una empresa financiada con dinero comunitario “contribuya al estado de manipulación informativa que prevalece en Europa” y si exigiría la devolución inmediata de la ayuda. Asimismo, criticó que la UE “potencie a los verificadores de noticias como medios para controlar la información y la libertad de expresión en las redes”, afirmando que estas entidades tienen “un contenido ideológico muy potente y no son neutrales”. Aunque la visión de VOX es interesada (sus mensajes suelen ser objeto de chequeo por parte de verificadores), pone de relieve un debate: ¿hasta qué punto la financiación europea de redes anti-bulos sirve para defender la verdad frente a campañas maliciosas, o más bien para imponer un consenso y desacreditar voces disidentes bajo la etiqueta de “desinformación”?

La influencia de las fundaciones filantrópicas en los medios europeos

Más allá de los Estados y la UE, otra fuente importante de financiación mediática son las grandes fundaciones filantrópicas internacionales. En las últimas dos décadas, organizaciones como Open Society Foundations (OSF, del magnate George Soros), la Fundación Bill y Melinda Gates, Wellcome Trust, Rockefeller Foundation, entre otras, han invertido sumas millonarias en proyectos periodísticos, consorcios de noticias y programas de formación de periodistas a nivel global y europeo. Estas donaciones, presentadas como apoyo al “periodismo de calidad” o a la “información de interés público”, conllevan a menudo las prioridades temáticas de los donantes (derechos humanos, desarrollo global, salud pública, cambio climático, etc.) y han suscitado discusiones sobre su impacto en la agenda mediática y posibles conflictos de interés.

Open Society Foundations (OSF) es quizás el caso más paradigmático. La red de Soros ha sido durante años uno de los mayores financiadores privados de iniciativas prodemocracia y de medios independientes en Europa del Este y el mundo. Según datos recopilados, OSF había invertido ya más de 164 millones de dólares en apoyar 113 medios de noticias independientes en 39 países desde 1996. En Europa, OSF destina aproximadamente un 10% de su presupuesto global anual a programas en el continente, lo que en 2018 supuso unos 81,7 millones de dólares. Una parte de esos fondos se canaliza a “prensa y medios digitales” que promueven sociedades abiertas –por ejemplo, OSF ha financiado redes de periodismo de investigación transfronterizas como el Journalismfund.eu (al que otorgó ~560.000 € entre 2009 y 2017), la alianza de medios Project Syndicate (350.000 € en 2014) o centros investigativos como ProPublica en EE.UU. (125.000 $ en 2010), entre muchos otros. En España, OSF ha apoyado a organizaciones como la Fundación Civio (dedicada a periodismo de datos), e incluso a verificadores: Maldita.es revela que recibió financiación de Open Society para respaldar su departamento de políticas públicas, elaborando informes y recomendaciones sobre regulación de desinformación y libertad de expresión. Es decir, OSF subvencionó indirectamente la incidencia de Maldita en debates legislativos sobre fake news. Si bien OSF proclama objetivos loables (derechos humanos, transparencia, combatir la corrupción), sus críticos –sobre todo desde sectores conservadores– la acusan de promover una agenda globalista progresista y de influir en la línea editorial de los medios beneficiarios para que sean afines a esos valores. De hecho, gobiernos nacionalistas como el de Hungría han demonizado a los “medios Soros” por su papel opositor. Sin caer en teorías conspirativas, es un hecho que las ayudas de OSF crean redes ideológicas afines: financian a periodistas, ONG y activistas que comparten una visión liberal democrática, lo cual puede reducir el espacio para discursos alternativos (por ejemplo, visiones euroescépticas, antiliberales) en los foros apoyados.

Por su parte, la Fundación Bill & Melinda Gates (BMGF) se ha destacado por patrocinar fuertemente la cobertura mediática de temas de salud global y desarrollo. Con una fortuna gigantesca dedicada a causas sanitarias (vacunas, lucha contra la malaria, etc.), Gates ha comprendido que para “llamar la atención sobre los temas que le interesan, la fundación ha invertido millones en programas de formación para periodistas” y en financiar secciones específicas en medios. Investigaciones periodísticas calculan que la Fundación Gates ha otorgado, de forma directa, más de 300 millones de dólares a organizaciones de medios y grupos de periodismo en todo el mundo en las últimas décadas. La lista de beneficiarios es impresionante e incluye desde grandes cadenas y periódicos hasta proyectos académicos. Un ejemplo muy notorio es The Guardian: su sección de Global Development (Cobertura de desarrollo global) fue creada en colaboración con Gates, que aportó subvenciones plurianuales. En septiembre de 2020, la Gates Foundation comprometió 3,5 millones de dólares para cofinanciar durante 3 años la producción regular de reportajes del Guardian sobre salud y desarrollo global. Igualmente, la fundación ha financiado a medios públicos como la BBC, la NPR (radio pública estadounidense) o la Al Jazeera para programas relacionados con salud, agricultura sostenible o vacunación, y a agencias globales de noticias. La propia Associated Press (AP) reconoció recientemente que recibe apoyo financiero de la Fundación Gates para su cobertura de noticias en África, así como para coberturas sobre mujeres en el mercado laboral mediante la organización Pivotal Ventures (de Melinda Gates) Si bien estos medios mantienen su independencia editorial formal, es inevitable preguntarse si la perspectiva de Gates (muy favorable, por ejemplo, a ciertas soluciones tecnológicas o a las recomendaciones de la OMS) permea en la selección y el enfoque de las noticias. Un reportaje de The Nation apuntó que muchos artículos financiados por Gates en grandes diarios tienden a resaltar los éxitos de iniciativas promovidas por la fundación (vacunas, alianzas público-privadas en salud) y rara vez publican críticas a esas mismas iniciativas –una posible zona de silencio atribuible a este apoyo.

Otras fundaciones filantrópicas también ejercen influencia más específica. La británica Wellcome Trust, enfocada en investigación médica, ha financiado programas de becas para periodistas científicos y medios especializados en ciencia, lo que puede orientar la cobertura de temas biomédicos (por ejemplo, durante la pandemia COVID, Wellcome apoyó esfuerzos de comunicación pro-vacunas y evidencia científica en Europa). La Fundación Rockefeller históricamente apoyó la creación de redes de periodismo de soluciones y foros sobre desarrollo sostenible. Incluso fundaciones de origen empresarial, como Open Society de Soros ya mencionada, o la European Climate Foundation (ECF), han financiado secciones temáticas: Maldita.es, por ejemplo, recibió apoyo de ECF para sostener su vertical “Maldito Clima” y producir investigaciones sobre desinformación climática. En ese caso, el objetivo explícito es poner el cambio climático en el centro del debate público –algo loable, pero de nuevo cabría preguntar si se privilegian ciertas narrativas (p.ej., la urgencia climática) por encima de voces escépticas.

La influencia filantrópica en los medios europeos, por tanto, es un arma de doble filo. Por un lado, estas fundaciones han aportado recursos vitales para el periodismo de investigación y la cobertura en profundidad de temas infrarepresentados (crisis olvidadas, pobreza, salud en el Sur global) que quizás los medios comerciales no podían costear. Por otro lado, introducen sesgos alineados con las visiones de los donantes. Cuando una parte del sueldo de los periodistas o del presupuesto de una sección proviene de donaciones finalistas, existe una presión implícita por producir contenidos en la línea de lo esperado. Los editores pueden autoimponerse límites para no disgustar al benefactor. Por ejemplo, ¿publicaría The Guardian un reportaje muy crítico sobre los programas de vacunación de Gates en África? Es difícil, cuanto menos requiere mucha independencia del autor y garantías del medio. Del mismo modo, medios apoyados por OSF difícilmente darán espacio a editoriales contrarios a la inmigración o críticos del globalismo liberal, dado que contradirían la misión del donante. Estas agendas filantrópicas tienden a reforzar ciertos consensos en temas como: la defensa de la democracia liberal, la promoción de políticas sanitarias internacionales, el cambio climático antropogénico como urgencia, etc. Sin juzgar la validez intrínseca de esas causas, la cuestión es que otras perspectivas quedan marginadas, no necesariamente por censura directa, sino por falta de fondos y plataformas equivalentes.

Financiación pública vs. independencia editorial: ¿alineamiento con la narrativa oficial?

La convergencia de financiación pública (gubernamental y supranacional) y privada institucional en los medios europeos ha dado lugar a un entorno informativo donde gran parte de los medios dominantes replican narrativas oficiales u ortodoxas, con escaso cuestionamiento. Este fenómeno remite al concepto de “manufacturar el consenso” descrito por Chomsky y Herman, adaptado al siglo XXI: en vez de únicamente la publicidad comercial y los intereses corporativos, ahora son los Estados, la UE y los filántropos quienes establecen los marcos de pensamiento aceptables mediante el apoyo económico a unos medios y proyectos concretos.

Veamos varios ángulos de este alineamiento editorial:

• Autocensura y tratamiento benévolo al poder: Como señalamos, en España muchos medios dependen de la publicidad institucional del Gobierno central o autonómicos. Esto se traduce en una cobertura generalmente complaciente o poco beligerante hacia esas administraciones. Por ejemplo, es notorio que durante los años recientes los principales diarios generalistas españoles (El País, La Vanguardia, etc.) han criticado solo tímidamente las políticas del gobierno central (sea del signo que sea) en comparación con épocas donde su financiación era mayoritariamente privada. Del mismo modo, televisiones públicas o subvencionadas rara vez se salen de la línea oficial. Cuando todos los grandes medios comparten determinadas premisas –por ejemplo, la necesidad de las restricciones pandémicas, el apoyo cerrado a la posición de la UE frente a Rusia, la inevitabilidad de ciertas políticas económicas– es legítimo preguntarse cuánto pesa en ello la dependencia financiera del Estado. En palabras de un informe, “cuando la viabilidad de los medios depende en gran medida del dinero público… se diluyen las fronteras entre la autonomía periodística y los intereses del financiador”. La crítica al gobierno puede suavizarse o directamente omitirse en ciertos temas sensibles donde hay dinero en juego. Este efecto tiene un impacto escalofriante sobre el periodismo de investigación: difícilmente veremos a un medio ampliamente subvencionado destapar grandes escándalos de corrupción del partido en el poder, por ejemplo, salvo que otros poderes fácticos lo impulsen.

• Convergencia ideológica y narrativa “mainstream”: La pluralidad ideológica mediática tiende a reducirse cuando las fuentes de financiación son homogéneas. Si casi todos los grandes medios reciben fondos del mismo gobierno (o de la misma Comisión Europea, o de las mismas fundaciones anglosajonas), es de esperar que sus líneas editoriales converjan hacia los valores de esos financiadores. Así, se forma un “mainstream” o corriente principal de opinión que abarcará desde la centro-derecha hasta la centro-izquierda moderada, pero dejando fuera visiones más radicales o discrepantes. En Europa esto se ha visto en cuestiones como la gestión económica de la UE (la mayoría de medios respaldan las directrices de Bruselas), la política exterior (postura común pro-OTAN y pro-UE frente a Rusia o China), o durante la pandemia, un apoyo cerrado a las directrices sanitarias oficiales y descalificación de cualquier disenso. Muchos argumentarán que estas posturas son simplemente racionales o basadas en evidencias; sin embargo, la ausencia de voces discordantes en los canales principales resulta sospechosa en democracias diversas. ¿Es porque no existen expertos o ciudadanos con argumentos contrarios? ¿O porque no tienen cabida mediática al no gozar de ningún patrocinio? La narrativa oficial se refuerza mediante consorcios financiados por la UE como EUvsDisinfo, que identifican y etiquetan ciertas narrativas como propaganda o bulos (por ejemplo, cualquier crítica fuerte a la OTAN suele ser marcada como “desinformación prorrusa” en sus informes). Esto desincentiva a los periodistas a explorar ángulos alternativos por miedo a ser tachados de difusores de bulos.

• Etiquetado y marginación de disidentes: Relacionado con lo anterior, la existencia de verificadores patrocinados y observatorios contra fake news, respaldados por instituciones oficiales, ha contribuido a un fenómeno preocupante: se etiquetan como “desinformación” opiniones que desafían el consenso, incluso cuando provienen de fuentes legítimas. Durante la pandemia, algunas plataformas de fact-check financiadas públicamente tildaron de falsos o engañosos ciertos debates (sobre el origen del virus, la eficacia de algunas medidas, etc.) que posteriormente han demostrado tener matices. Al ser árbitros ungidos por fondos institucionales, estos verificadores adquirieron autoridad para moldear la verdad. En España, tanto Newtral como Maldita.es recibieron subvenciones o contratos públicos para luchar contra los bulos, y colaboraron con el gobierno en campañas pedagógicas. Aunque su labor ha desenmascarado muchas falsedades objetivas, también se les ha acusado de sesgo: por ejemplo, apenas verificaban declaraciones de ciertas autoridades o evitaban temas que pudieran incomodar a sus socios (como las ayudas públicas que ellos mismos recibían, tal como señaló irónicamente un artículo académico). La consecuencia es un efecto chilling: medios más pequeños o independientes que quisieran publicar informaciones contrarias al relato mayoritario se arriesgan a ser desacreditados por estas entidades con sello institucional, lo que les resta audiencia y credibilidad. Así, el espectro de debate se estrecha sin necesidad de censura gubernamental directa; es un “cerramiento” del discurso operado por los propios medios dominantes y sus aliados financiados.

• Conflictos de interés encubiertos: La financiación masiva pero poco visible (tras bastidores) de ciertos contenidos genera conflictos de interés que el público raramente conoce. Por ejemplo, cuando un gran diario europeo publica un suplemento optimista sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, podría ser que dicho suplemento esté sufragado por una fundación filantrópica que promueve esa causa. El lector no siempre verá un descargo de responsabilidad claro. Lo mismo ocurre con artículos científicos: algunos portales y periodistas reciben becas de instituciones con un punto de vista definido (ej. pro-vacunas), por lo que difícilmente darán cobertura neutral a voces críticas de, digamos, las farmacéuticas. En términos generales, se difumina la frontera entre publicidad patrocinada y periodismo independiente. Antes, la publicidad venía en forma de anuncios identificables; ahora, viene en forma de secciones enteras patrocinadas (pensemos en “Planet: sección de cambio climático” sostenida por X fundación) o de convenios opacos (como la financiación de contenidos educativos en medios públicos). Esto mina la confianza de la audiencia a largo plazo, cuando eventualmente salen a la luz las relaciones financieras ocultas.

En definitiva, la fuerte presencia del dinero público y filantrópico en los medios europeos está generando una prensa más uniforme en su línea editorial, muchas veces alineada con las narrativas oficiales gubernamentales o de organismos internacionales. Se produce así un consenso manufacturado: no es que haya consignas dictadas en reuniones secretas, sino que el propio ecosistema de financiación premia a los medios y periodistas que no se salen del guion. Como resumió el informe de Canarias Semanal, “los grandes grupos dominan el mapa mediático y la magnitud de las ayudas públicas plantea interrogantes inevitables sobre la independencia de estos frente al poder político”. La pluralidad de perspectivas –base de una democracia sana– corre peligro si todas las voces con amplificación mediática suenan parecidas.

Medios con mucho dinero y poca audiencia: casos y ejemplos

Algunos ejemplos concretos pueden ilustrar cómo funciona este sistema de financiación y qué paradojas crea. Hay casos de medios o proyectos periodísticos que, pese a tener escasa audiencia o alcance popular, reciben un flujo importante de fondos, ya sea públicos o fundacionales, posiblemente debido a su alineamiento con determinadas agendas. También encontramos situaciones de conflicto de interés evidente, donde el financiador y el contenido informativo están relacionados.

• Verificadores españoles: Maldita.es y Newtral son dos iniciativas de verificación de datos surgidas hace pocos años en España, sin embargo han logrado acceder a múltiples fuentes de financiación institucional. Maldita.es opera como fundación sin ánimo de lucro y ha sido respaldada por diversas entidades: participa en el observatorio Iberifier con financiación de la Comisión Europea, recibió apoyos de Open Society Foundations para su labor de análisis de políticas contra la desinformación, obtuvo una beca del International Fact-Checking Network financiada por Google, mantiene su sección climática con fondos de la European Climate Foundation, colabora remuneradamente con Meta (Facebook) en fact-checking desde 2019, y ha conseguido contratos menores de ministerios españoles (por ejemplo, una subvención de 6.000 € del Ministerio de Presidencia en 2019, que generó controversia política). Todo esto para una web cuyo tráfico es modesto comparado con los grandes diarios, y cuyo nombre es poco conocido fuera de círculos informados. Similarmente, Newtral (empresa de Ana Pastor) obtuvo al menos 50.000 € de subvención de la UE en 2019 para su arranque, colabora con RTVE y Atresmedia en proyectos audiovisuales, y también está en programas de Facebook. ¿Por qué reciben tanto apoyo? Porque cumplen una función conveniente para las instituciones: combatir la desinformación y “vigilar” el discurso público. A ojos de la UE y gobiernos, estos verificadores son herramientas para frenar bulos (muchos de los cuales cuestionan a las propias instituciones). El conflicto de interés salta a la vista: Maldita y Newtral difícilmente morderán la mano de quienes las financian. De hecho, políticos críticos señalan que “publican bulos oficiales como si fueran verdades, y tachan de bulos informaciones que luego resultan ciertas”, siempre en línea con el gobierno de turno. Más allá de la exageración que pueda haber en esas acusaciones, la realidad es que estos pequeños medios con gran financiación terminan actuando como correa de transmisión de la narrativa institucional: su propia supervivencia depende de ello.

• Medios subvencionados con escasa audiencia: Existen numerosos periódicos digitales de ámbito local o sectorial que sobreviven gracias a convenios de publicidad institucional de ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas, a pesar de tener muy pocos lectores. Se les suele llamar “boletines” o incluso “chiringuitos mediáticos”. Por ejemplo, en España, ciertos diarios provinciales en papel con tiradas mínimas (de apenas unos miles de ejemplares) reciben cada año decenas de miles de euros en anuncios de la diputación o del gobierno regional, garantizando su continuidad. A cambio, suelen cubrir las noticias de esas instituciones con tono favorable y sin cuestionar su gestión. Esta dinámica se ha dado en regiones como Andalucía, Valencia o Castilla-La Mancha, donde periódicos prácticamente desconocidos fuera de su comarca son sostenidos artificialmente. Un caso destacado es el de algunas televisiones y radios autonómicas: por ejemplo, la radiotelevisión valenciana À Punt fue reflotada con presupuesto público elevado mientras su cuota de pantalla era ínfima en sus inicios; no obstante, su línea editorial es marcadamente pro-gobierno regional, lo que genera críticas de oposición y audiencia. En Europa, podríamos citar el caso de Euronews: este canal paneuropeo en múltiples idiomas durante años recibió financiación parcial de la Comisión Europea para asegurar una cobertura informativa con visión continental. Sin embargo, su audiencia en muchos países ha sido minoritaria, lejos de competir con canales nacionales. Euronews fue acusado de ser “portavoz de Bruselas”, y pese a intentos de relanzamiento, nunca caló masivamente. Al final la UE vendió su participación, pero sigue destinando fondos a programas de noticias europeas en radiodifusoras nacionales (por ejemplo, ayudas a consorcios de TV pública para contenidos sobre la UE). El denominador común: se sostiene económicamente una oferta informativa que el público por sí solo quizá no demandaría, para asegurarse de que ciertas narrativas (las pro-europeas, en este caso) estén presentes en el espectro mediático aunque su audiencia sea reducida.

• Medios de partido y plataformas afines: Otro ejemplo de fuerte financiación con audiencia limitada son medios directamente ligados a partidos o fundaciones ideológicas. En España ha habido casos como La Última Hora, un digital lanzado en 2020 próximo al partido Podemos, que contó con financiación de simpatizantes y posiblemente apoyo indirecto, pero cuyo tráfico fue muy bajo; su contenido servía para contraatacar narrativas contrarias al partido. También ciertos portales partidistas del otro extremo, sostenidos por donantes adinerados, que funcionan más como altavoces que como medios de amplio consumo. Si bien estos no reciben dinero público, ilustran cómo el fin objetivo del financiador (ganar la batalla del relato) prevalece sobre la lógica de mercado (tener muchos lectores). En Europa, un fenómeno parecido ocurre con sitios respaldados por oligarcas o fundaciones políticas en países polarizados: hay webs de noticias en Europa Central financiadas por fundaciones cercanas a gobiernos nacionalistas, con poca audiencia pero función propagandística. Al final, su existencia y mensaje dependen completamente del flujo de dinero de quien desea impulsar cierta agenda, no de la preferencia de un amplio público.

• Colaboraciones con big tech y think tanks: Por último, merece mención cómo Big Tech y think tanks internacionales también financian contenidos periodísticos en Europa, a veces generando conflictos sutiles. Google, a través de su Digital News Initiative primero (2015-2019) y luego del Google News Initiative, repartió millones en subvenciones a proyectos de medios europeos (incluyendo españoles como El País, El Mundo, Ara, Eldiario.es, etc.) para innovación digital. Esto ha hecho que muchos medios sean menos críticos con Google y las grandes plataformas en los debates sobre su poder o sobre la fiscalidad digital. Facebook, por su parte, financió entrenamientos y herramientas para redactores en varias redacciones europeas para ayudarles a maximizar audiencia en redes (lo cual ató más a los medios al ecosistema Facebook). Y think tanks influyentes como el World Economic Forum o el European Climate Foundation invitan a periodistas a foros con gastos pagados, patrocinios que pueden predisponer a coberturas más favorables de ciertas políticas globales. Ninguno de estos casos por sí solo define la agenda de un medio, pero en su conjunto representan innumerables lazos financieros que atan a los periodistas con actores de poder económico-tecnológico.

En resumen, los casos concretos muestran que no siempre hay correlación entre la calidad o popularidad de un medio y los fondos que recibe. A veces obedece a criterios políticos: se financia a quien difunde el mensaje deseado. Los medios con “mucha financiación y poca audiencia” suelen actuar más como vehículos de mensajes que como empresas periodísticas competitivas. Esto altera las reglas del juego mediático, ya que voces que no logran audiencia orgánica sobreviven gracias al subsidio, mientras otras con público pero mensaje incómodo pueden verse estranguladas financieramente si nadie poderoso las respalda.

Conclusión: Consecuencias para el consenso y la democracia

El análisis de la financiación de los medios en España y Europa revela un panorama complejo donde el dinero público e institucional pesa enormemente en la supervivencia del periodismo. Esta dependencia ha permitido mantener a flote a muchos medios en tiempos de crisis económica del sector, pero a costa de compromisos en su independencia. Se está fabricando un consenso mediático: un conjunto de narrativas hegemónicas que son reproducidas sin mucho cuestionamiento por la mayoría de medios tradicionales, creando la ilusión de unanimidad en la sociedad. Las voces disidentes –que son necesarias en democracia para contrastar políticas y exponer errores– quedan relegadas a los márgenes de internet o a medios alternativos con pocos recursos, a menudo desacreditados.

En España, la estrecha relación financiera entre gobierno y prensa ha llevado a una situación en que resulta difícil saber dónde termina la comunicación institucional y dónde empieza el periodismo crítico. Cuando en 2022 las arcas públicas inyectaron 1.100 millones de € a los medios nacionales, está claro que ningún gran grupo mediático iba a morder esa mano sin pensarlo dos veces. En Europa en general, la UE y gobiernos locales han aprendido que una prensa sostenible puede ser una prensa favorable: las generosas ayudas al sector se justifican oficialmente por la defensa del pluralismo, pero en la práctica muchas veces homogeneizan el discurso dentro de un rango aceptable. Por su lado, las fundaciones filantrópicas, con todo su discurso de mejorar el mundo, terminan reforzando ciertos sesgos progresistas o tecnocráticos en la cobertura mediática, que pueden no reflejar el sentir de amplias capas de la población (por ejemplo, rural, conservadora o simplemente escéptica ante las élites). Esto puede erosionar la confianza: cuando la gente percibe que todos los medios dicen lo mismo y que ese mismo coincide con lo que dicen los gobiernos y organismos internacionales, surge la sospecha de manipulación orquestada, alimentando teorías conspirativas o polarización extrema como reacción.

Las consecuencias para la democracia merecen seria reflexión. Una prensa dependiente y alineada tiende a convertirse en altavoz del poder en vez de su contrapoder. Se pierde la función de vigilancia (watchdog) sobre gobiernos, partidos y grandes corporaciones. Además, al limitarse la diversidad de opiniones legítimas en el debate público, se empuja el disenso a burbujas radicalizadas. Paradójicamente, el intento de combatir la desinformación mediante financiación de verificadores y campañas unificadas puede terminar generando más desconfianza en la información oficial, pues sectores ciudadanos sienten que no se les representa ni escucha en los medios convencionales. El consenso fabricado puede quebrarse abruptamente si la realidad desmiente repetidamente el discurso único (por ejemplo, gestionando mal una crisis que la prensa aplaudía acríticamente).

Urge por tanto replantear los mecanismos de financiación de los medios. La solución no es sencilla. Retirar de golpe las ayudas públicas podría hacer colapsar a muchas empresas informativas, lo cual tampoco es deseable porque dejaría el espacio libre a la propaganda informal de redes sociales. Una alternativa es aumentar la transparencia y equidad: que se publique con detalle qué medio recibe qué, para qué objetivo, y bajo qué criterios, evitando favoritismos opacos. También establecer contrapesos institucionales (por ejemplo, que órganos independientes supervisen la distribución de publicidad oficial, como propuso la CNMC en España). En el ámbito europeo, se podría diversificar más el apoyo, inclinarlo a medios locales y verdaderamente plurales en ideología, no solo a los alineados con Bruselas. Respecto a las fundaciones, sería sano que los medios receptores indiquen claramente a sus lectores quién financió ciertas coberturas (algo que solo algunos como The Guardian hacen tímidamente). Y por supuesto, fomentar modelos alternativos de financiación –desde suscripciones de lectores hasta cooperativas o micromecenazgo– que den margen de maniobra a los periodistas sin ataduras políticas, tal como reclamaba el informe citado.

En última instancia, para garantizar una prensa verdaderamente libre y plural, la sociedad debe reconocer el problema y exigir cambios. Si no, corremos el riesgo de consolidar un pensamiento único mediático disfrazado de consenso, que empobrece el debate democrático. La pluralidad informativa es tan importante como la pluralidad política: sin ella, el ciudadano vota y opina con una sola campana sonando. España y Europa se encuentran en una encrucijada donde deben equilibrar la ayuda a los medios con la preservación de su independencia real. Solo con ese equilibrio habrá medios fuertes económicamente pero también fuertes en credibilidad y espíritu crítico. Como bien alerta Jordi Ruiz, si no repensamos profundamente cómo financiar el periodismo sin comprometer su alma, “será difícil asegurar la mínima pluralidad e independencia informativa necesarias en una democracia”.