La contratación pública vuelve a colocar a Alberto Núñez Feijóo bajo el foco. Una investigación de Público sostiene que la Xunta de Galicia pagó cerca de dos millones de euros en cinco años a empresas vinculadas al entorno familiar del actual líder del PP, mediante expedientes registrados como contratos menores. La denuncia no prueba por sí sola una ilegalidad penal, pero sí abre una cuestión políticamente sobre hasta qué punto una administración puede contratar de forma recurrente con empresas relacionadas con familiares de quien presidió esa misma administración sin ofrecer explicaciones claras y completas.
Según la información publicada, entre 2020 y 2025 la Xunta habría tramitado 35 expedientes por un importe total cercano a 1,94 millones de euros con dos compañías: el grupo Eulen y Universal Support. La primera tiene como directiva para el noroeste de España a Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente del PP. La segunda, filial de telemárketing del grupo Konecta, tiene como director comercial a Ignacio Cárdenas, hermano de Eva Cárdenas, pareja de Feijóo.
El punto central de la investigación no es solo la existencia de contratos con esas empresas, sino su modalidad. Público afirma que esos expedientes fueron registrados como contratos menores pese a que varias cuantías superarían los límites legales previstos para esta fórmula. La Ley de Contratos del Sector Público considera contratos menores los de valor estimado inferior a 40.000 euros en obras y a 15.000 euros en suministros o servicios.
La contratación menor es legal, pero tiene una naturaleza excepcional: permite adjudicar sin concurso abierto cuando el importe es reducido y la necesidad está justificada. Precisamente por eso es una de las vías más sensibles de la contratación pública. Cuando se usa de manera repetida, con importes elevados o con empresas vinculadas al entorno político, deja de ser un mero trámite administrativo y se convierte en un problema de transparencia.
La investigación distingue además entre dos etapas. Según Público, 24 adjudicaciones, por 703.151 euros, se otorgaron cuando Feijóo todavía presidía la Xunta. Otras diez, por 1.232.822 euros, se concedieron ya bajo el mandato de Alfonso Rueda. La suma total señalada asciende a 1.935.973 euros.
La Xunta ha intentado rebajar el alcance del asunto al terreno administrativo. Según las informaciones publicadas, el Gobierno gallego sostiene que algunas clasificaciones responderían a errores, obligaciones de codificación o registros que no reflejarían exactamente la naturaleza jurídica de las operaciones. Esa explicación, sin embargo, no ha cerrado la polémica de si fueron errores, la pregunta es por qué afectaron a expedientes de esta relevancia; si no lo fueron, la cuestión es si se evitó indebidamente una concurrencia pública más exigente.
La oposición gallega lleva meses utilizando este asunto como una de sus principales líneas de ataque al PP. El BNG impulsó una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia para analizar las adjudicaciones a empresas vinculadas a familiares de Feijóo, así como otros expedientes polémicos relacionados con la pandemia y el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Ana Pontón, líder del BNG, ha acusado al PP de esconder información y de tener que dar explicaciones por años de contratación pública bajo los gobiernos de Feijóo y Rueda. La formación nacionalista ha tratado de presentar el caso no como un episodio aislado, sino como parte de una forma de gobernar basada en adjudicaciones recurrentes y escasa rendición de cuentas.
El PSdeG también ha reclamado explicaciones. Los socialistas han pedido documentación sobre contratos menores, ordinarios y urgentes adjudicados a Eulen y Universal Support entre 2018 y 2024. A escala estatal, el PSOE ha exigido a Feijóo que comparezca voluntariamente en la comisión de investigación sobre contratación en Galicia, alegando que existen “conexiones poco explicadas” entre la Xunta y empresas relacionadas con su entorno familiar.
El PP, por su parte, ha negado irregularidades y ha acusado a la oposición de intentar trasladar a Galicia la batalla política nacional. Alfonso Rueda defendió en comisión que en Galicia “no hubo Koldos ni Aldamas”, en referencia a los casos de presunta corrupción que han golpeado al entorno socialista. Su argumento fue claro: la Xunta actuó legalmente, los contratos están documentados y la oposición busca fabricar una causa política contra Feijóo.