La Audiencia Nacional encara la fase final del juicio por la denominada Operación Kitchen. En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía Anticorrupción afirma que ha quedado acreditado que el dispositivo organizado entre 2013 y 2015 no perseguía una investigación policial legítima, sino obtener información del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas con el objetivo de dificultar el avance del caso Gürtel y proteger a dirigentes de la formación política. La sentencia todavía está pendiente.
La Fiscalía Anticorrupción ha reforzado su acusación en el juicio de la Operación Kitchen al mantener que las pruebas practicadas durante la vista oral acreditan la existencia de un «operativo parapolicial criminal» organizado desde la cúpula del Ministerio del Interior durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Según el Ministerio Público, la finalidad de ese dispositivo era acceder a la documentación que conservaba el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y evitar que ese material pudiera incorporarse a las investigaciones judiciales sobre la trama Gürtel.
Durante su informe final ante la Audiencia Nacional, el fiscal anticorrupción César de Rivas sostuvo que el operativo tuvo una «finalidad bastarda», expresión utilizada para describir que el objetivo no era colaborar con la Justicia ni avanzar en la investigación de delitos, sino «boicotear u obstaculizar» la causa judicial sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular y proteger a determinados dirigentes del partido.
Según la tesis de la Fiscalía, la denominada Operación Kitchen se desarrolló entre 2013 y 2015 utilizando recursos públicos sin cobertura judicial. El operativo habría empleado fondos reservados y medios policiales para captar como colaborador al entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, quien habría facilitado información sobre los movimientos y la documentación que conservaba el extesorero. El Ministerio Público sostiene que el objetivo era localizar agendas, grabaciones y otros documentos potencialmente comprometedores para responsables políticos investigados en el caso Gürtel.
Uno de los aspectos en los que más incidió la acusación fue el rechazo a la versión sostenida por algunas defensas, según la cual el dispositivo pretendía localizar fondos ocultos procedentes de actividades ilícitas. Para la Fiscalía, esa explicación no resulta compatible con las pruebas practicadas durante el juicio, que apuntarían a que el verdadero interés era impedir que determinada información llegara a jueces y policías encargados de la investigación de la trama Gürtel.
El Ministerio Público considera acreditada la participación del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al que sitúa como máximo responsable político del operativo. En consecuencia, mantiene su petición de quince años de prisión para el exministro, la misma pena solicitada para quien fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Para el excomisario José Manuel Villarejo mantiene una petición de diecinueve años de prisión, mientras que para Sergio Ríos solicita doce años y medio.
En apoyo de su acusación, la Fiscalía se ha referido durante el juicio a diferentes elementos probatorios, entre ellos mensajes incorporados a la causa, anotaciones atribuidas a José Manuel Villarejo y diversa documentación analizada durante la instrucción. A juicio del fiscal, ese conjunto probatorio permitiría reconstruir tanto el origen como la finalidad del operativo y demostrar que no respondía a una investigación policial ordinaria.
Las defensas, por su parte, rechazan esa interpretación. Jorge Fernández Díaz ha negado haber ordenado ningún espionaje ilegal y sostiene que nunca dirigió una operación destinada a sustraer documentación a Luis Bárcenas. El resto de los principales acusados también han rechazado las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal durante el desarrollo del juicio.
El procedimiento entra ahora en su fase final. Tras la exposición de los informes definitivos de la Fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas, corresponderá a la Audiencia Nacional valorar las pruebas practicadas y dictar sentencia. Hasta ese momento, las conclusiones presentadas por Anticorrupción constituyen la posición de la acusación pública y no una resolución judicial firme.