La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha calculado que el coste fiscal asociado al Covid-19 supera los 35.000 millones de euros, una cifra que convierte a la pandemia en el mayor riesgo extraordinario materializado para las finanzas públicas españolas en las últimas dos décadas.
La cifra aparece en la Segunda Opinión sobre Riesgos Fiscales, publicada por la AIReF el 17 de junio de 2026. El documento no pretende reabrir el debate sanitario sobre la gestión de la pandemia, sino evaluar cómo determinados acontecimientos excepcionales pueden alterar las previsiones presupuestarias y comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas. Sin embargo, el resultado indica que la crisis del Covid fue, con diferencia, el acontecimiento que más recursos públicos ha exigido al Estado español en el periodo analizado.
La AIReF utiliza la definición del Fondo Monetario Internacional, según la cual los riesgos fiscales son aquellos factores capaces de provocar que los resultados fiscales se desvíen de los previstos. Bajo ese enfoque, la pandemia aparece como uno de los ejemplos más claros de cómo un acontecimiento inesperado puede alterar por completo la planificación económica de un país.
El organismo independiente señala que entre 2005 y 2025 el impacto económico acumulado de desastres naturales y pandemias alcanzó los 65.085 millones de euros. Más de la mitad de esa cantidad corresponde al Covid-19.
La magnitud de la cifra ayuda a entender por qué la pandemia provocó el mayor deterioro de las cuentas públicas españolas desde la crisis financiera de 2008. Durante aquellos meses, el Estado desplegó una batería de medidas excepcionales destinadas a sostener rentas, evitar cierres empresariales y reforzar el sistema sanitario. Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), las prestaciones extraordinarias para autónomos, las ayudas directas a empresas, las compras masivas de material sanitario y el incremento del gasto hospitalario generaron un esfuerzo presupuestario sin precedentes.
La AIReF no entra a valorar la conveniencia política de esas medidas. Su objetivo es cuantificar el impacto que tuvieron sobre las finanzas públicas y advertir de que acontecimientos similares pueden volver a producirse. Por ello insiste en la necesidad de que España incorpore una verdadera estrategia de análisis de riesgos fiscales, algo habitual en otros países pero todavía insuficientemente desarrollado en la Administración española.
El informe también amplía el foco más allá de la pandemia. Los riesgos ambientales aparecen como otra de las amenazas crecientes para el presupuesto público. La AIReF destaca que fenómenos climáticos extremos, inundaciones, incendios o sequías pueden generar costes multimillonarios para las administraciones. La DANA que afectó al este peninsular en 2024 constituye un ejemplo reciente: el organismo estima un impacto superior a los 8.000 millones de euros en gasto público y más de 4.200 millones en indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros.
Otro capítulo relevante son las sentencias judiciales desfavorables al Estado. La AIReF lleva tiempo advirtiendo de que determinadas decisiones legislativas terminan generando costes significativos cuando los tribunales fallan en contra de la Administración. Ya en su anterior análisis estimó un coste medio próximo a los 1.000 millones de euros anuales por este concepto.
Uno de los aspectos más críticos del informe se refiere al uso del Fondo de Contingencia, una herramienta presupuestaria creada precisamente para hacer frente a gastos imprevistos. Según la AIReF, el 71% de este fondo fue utilizado en 2025 para financiar gastos recurrentes y previsibles, entre ellos determinadas prestaciones sociales o partidas ordinarias de la Administración. El organismo considera que esta práctica reduce la capacidad de respuesta ante verdaderas emergencias y propone redefinir los criterios de utilización del fondo.
La AIReF concluye que España necesita un sistema más completo de identificación, evaluación y gestión de estos riesgos. Propone elaborar un informe global que identifique los principales riesgos fiscales, asigne probabilidades de materialización, cuantifique sus posibles costes e incorpore estrategias de mitigación. En otras palabras, preparar las cuentas públicas para la próxima crisis antes de que llegue.