La denominada pandemia de COVID-19 desató una enorme movilización de recursos tecnológicos y farmacéuticos a nivel global. Las empresas GAFAM –el acrónimo que agrupa a Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft– jugaron un rol central en la gestión de la información y las herramientas digitales durante la supuesta crisis. Al mismo tiempo, la denominada Big Pharma (las grandes farmacéuticas como Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etc.) desarrolló, produjo y comercializó vacunas a una velocidad sin precedentes. Este artículo explora la relación de simbiosis entre las Big Tech y la industria farmacéutica en el contexto de la campaña mundial de vacunación contra el COVID-19, analizando cómo colaboraron en la difusión y control de la narrativa sobre las vacunas, los casos de censura digital de contenidos críticos, y las críticas sobre el monopolio informativo y potenciales conflictos de interés entre gobiernos, gigantes tecnológicos y farmacéuticos.
Desde el inicio de la distribución de vacunas contra la COVID-19, las grandes tecnológicas apoyaron activamente las campañas de vacunación y a las autoridades sanitarias, a la vez que implementaron medidas para frenar la desinformación. En general, GAFAM fungió como amplificador de la narrativa científica oficial sobre la seguridad y eficacia de las vacunas, mediante iniciativas de información pública y políticas estrictas en sus plataformas:
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Google: El buscador de Google y su plataforma de vídeo YouTube se convirtieron en canales clave para difundir información verificada sobre el virus y las vacunas. Google incorporó paneles informativos y resultados priorizados de fuentes fiables (OMS, ministerios de salud) cuando los usuarios buscaban términos relacionados con COVID-19. Además, Google lanzó campañas para promover la vacunación en comunidades vulnerables. Por ejemplo, en abril de 2021 anunció $250 millones de dólares en créditos publicitarios gratuitos para que gobiernos y organismos como la OMS difundieran mensajes pro-vacunas. También donó 250 mil dosis de vacunas a países necesitados y desarrolló un agente virtual multilingüe para ayudar a las personas a concertar citas de vacunación o resolver dudas vía chat, SMS o teléfono. Google Maps incluso habilitó la localización de centros de vacunación en múltiples países, facilitando la logística para millones de ciudadanos. Estas acciones muestran una clara colaboración con autoridades sanitarias para impulsar la vacunación a escala global.
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Facebook (Meta): La red social de Mark Zuckerberg, junto con Instagram, desempeñó un papel dual. Por un lado, Facebook implementó un Centro de Información COVID-19 destacado en sus aplicaciones, donde los usuarios encontraban estadísticas actualizadas, recomendaciones médicas y aliento a vacunarse. Por otro lado, endureció sus políticas de contenido para remover publicaciones con afirmaciones falsas sobre las vacunas. A fines de 2020, Facebook se comprometió a eliminar todo contenido que hubiese sido desmentido por autoridades sanitarias, especialmente teorías conspirativas sobre las vacunas contra el coronavirus. Esto incluyó vetar bulos frecuentes como la supuesta presencia de microchips en las dosis o que las vacunas podrían causar infertilidad, autismo u otras afecciones graves. De hecho, Facebook anunció en febrero de 2021 que eliminaría publicaciones con información falsa sobre las vacunas contra la COVID-19, reforzando medidas previas que ya restringían grupos antivacunas desde 2019. La empresa colaboró con expertos y organismos de salud para identificar mitos peligrosos y actuar contra ellos. Por ejemplo, se eliminó la afirmación descabellada de que las vacunas “experimentales” se estaban probando en ciertas poblaciones sin su consentimiento, entre otras falsedades. En paralelo, Facebook añadió etiquetas informativas en posts sobre COVID-19 que dirigían a fuentes oficiales, e incluso proporcionó herramientas digitales para apoyar la campaña de vacunación. Al igual que Google, ofreció parte de su infraestructura para ayudar: Facebook habilitó recordatorios para que la gente se vacunara y facilitó el registro de citas en algunos países. También otras tecnológicas siguieron esta línea: Amazon, Uber y Facebook anunciaron que ponían recursos logísticos y herramientas digitales al servicio de las campañas de vacunación masiva.
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YouTube: La plataforma de videos de Google tomó quizás la postura más agresiva para controlar la narrativa sanitaria. A lo largo de 2020 y 2021, YouTube fue ampliando sus normas de desinformación médica para abarcar la temática de vacunas. En septiembre de 2021, anunció que bloquearía todos los contenidos antivacunas, no solo los relativos a COVID-19 sino también aquellos contra vacunas de rutina (sarampión, hepatitis, etc.). Esto supuso la prohibición de cualquier video que alegara que las vacunas aprobadas son peligrosas o ineficaces, o que difundiera información errónea sobre sus ingredientes. Por ejemplo, bajo estas políticas YouTube elimina videos que afirmen que las vacunas causan enfermedades crónicas (cáncer, infertilidad, autismo, etc.) o que contienen dispositivos para rastrear a quienes las reciben. La plataforma incluso cerró canales prominentes de activistas antivacunas de larga data, como los de Robert F. Kennedy Jr. y Joseph Mercola, por violar estas normas. Según datos oficiales, desde el comienzo de la pandemia YouTube eliminó más de 130.000 videos que infringían sus directrices sobre COVID-19. Estas acciones respondieron a las fuertes críticas de gobiernos y expertos sobre la proliferación de fake news pandémicas. De hecho, gigantes como YouTube, Facebook o Twitter fueron presionados por la opinión pública por supuestamente no hacer lo suficiente para detener la difusión de desinformación sanitaria. La respuesta de YouTube –endureciendo sus reglas y sincronizándolas con las recomendaciones de la OMS y autoridades locales– evidenció la voluntad de las Big Tech de alinearse con el denominado consenso científico y promover activamente la vacuna como única salida a la crisis.
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Twitter: La plataforma de microblogging (hoy X) también se plegó al esfuerzo de contener la supuesta desinformación y apoyar la campaña pro-vacunas. Twitter implementó desde 2020 etiquetados y advertencias en tuits engañosos, llegó a suspender cuentas reincidentes y estableció a mediados de 2021 una política específica contra información falsa de COVID-19. Entre enero de 2020 y septiembre de 2022, Twitter eliminó decenas de miles de tweets y suspendió permanentemente a más de 11 mil cuentas por violar dichas políticas, según sus informes de transparencia. Adicionalmente, Twitter colaboró con las autoridades al promocionar contenidos de fuentes oficiales (por ejemplo, fijando en tendencias información del Ministerio de Sanidad durante campañas locales de vacunación) y eliminando activamente afirmaciones etiquetadas como peligrosas. Un hecho notable es que Twitter trabajó conjuntamente con empresas farmacéuticas y gobiernos para proteger la reputación de las vacunas: correos internos revelados en 2023 mostraron que BioNTech (socio de Pfizer) y el gobierno alemán presionaron a Twitter para “ocultar” publicaciones de activistas que pedían liberar las patentes de las vacunas. En concreto, en diciembre de 2020, una lobista de Twitter alertó a sus colegas de una inminente campaña en redes para que las farmacéuticas compartieran sus fórmulas con países pobres; dicha empleada pidió monitorizar y blindar las cuentas corporativas de Pfizer, BioNTech, Moderna y AstraZeneca frente a críticas de activistas. BioNTech incluso solicitó explícitamente que Twitter censurara ciertos hashtags y ocultara comentarios negativos durante 48 horas en su perfil. Esta coordinación indica hasta qué punto las farmacéuticas influyeron en la gestión de contenidos durante la pandemia, buscando limitar mensajes que pudieran “desalentar la vacunación o erosionar sus beneficios comerciales” Si bien Twitter argumentó que actuaba contra la desinformación peligrosa, casos así plantean la cuestión de dónde termina la moderación legítima y dónde comienza la censura de críticas válidas. (Cabe señalar que tras la adquisición de Twitter por Elon Musk a finales de 2022, la empresa revirtió muchas de estas políticas estrictas de COVID-19, reivindicando una postura más absolutista en materia de libertad de expresión).
En resumen, las compañías GAFAM promovieron agresivamente la narrativa provacunas a través de sus plataformas, colaborando con gobiernos y agencias de salud para difundir mensajes de confianza en la ciencia. A la par, instauraron mecanismos sin precedentes para filtrar o suprimir contenidos considerados perjudiciales, alineándose con las directrices de organismos internacionales. Esta simbiosis entre Big Tech y entes sanitarios reforzó la campaña global de vacunación y abrió el debate sobre posibles excesos en el control informativo.
El despliegue de políticas de moderación durante la pandemia derivó en múltiples casos de censura o bloqueo de contenido, algunos de ellos polémicos, especialmente cuando afectaron a voces críticas de la campaña de vacunación. Si bien una gran parte de las publicaciones eliminadas promovían teorías conspirativas o datos falsos (como curas milagrosas, etc.), también hubo incidentes en los que se silenció información veraz o debates legítimos bajo el paraguas de frenar la “desinformación”. A continuación revisamos algunos casos emblemáticos entre 2020 y 2022:
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YouTube contra los antivacunas: Como ya se mencionó, YouTube adoptó una línea dura prohibiendo a figuras prominentes del movimiento antivacunas. En septiembre de 2021 cerró canales de activistas conocidos (Robert F. Kennedy Jr., Joseph Mercola, etc.) por difundir reiteradamente afirmaciones que consideraban infundadas sobre las vacunas. La plataforma justificó estas medidas citando violaciones a sus políticas de desinformación médica. Además, cualquier video –incluso de usuarios comunes– que contradijera aspectos esenciales de la narrativa científica oficial (por ejemplo, negando la eficacia de las vacunas o exagerando sus efectos secundarios) era susceptible de eliminación. Un ejemplo concreto: videos que alegaban que la vacuna COVID causaba infertilidad fueron retirados. Si bien estas acciones fueron elogiadas por quienes temían que las fake news minaran la confianza pública, también se criticó la falta de transparencia de YouTube al decidir qué contenidos se consideran “desinformación” y la poca posibilidad de apelación de los creadores afectados.
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El caso BMJ vs Facebook: Uno de los incidentes más sonados involucró a The British Medical Journal (BMJ), una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, en un choque directo con Facebook. En noviembre de 2021, el BMJ publicó una investigación que exponía posibles irregularidades en los ensayos clínicos de la vacuna de Pfizer (hallazgos reportados por una denunciante, relacionados con la empresa contratista Ventavia). El artículo tuvo amplia repercusión y fue compartido en redes. Sin embargo, poco después usuarios reportaron que Facebook bloqueaba su difusión: al intentar compartir el enlace, la plataforma lo marcaba con advertencias de “Información engañosa” o “Missing context” (contexto incompleto). Incluso administradores de grupos en Facebook recibieron notificaciones indicando que la investigación del BMJ era “parcialmente falsa”, basándose en una verificación de Lead Stories, una empresa terciarizada de fact-checking contratada por Facebook. Esto provocó la indignación de los editores del BMJ, que denunciaron públicamente la situación como un acto de censura injustificado. En una carta abierta a Mark Zuckerberg, el BMJ calificó la verificación de Facebook de “incompetente”, señalando que no se halló ningún error factual en su reportaje y que catalogarlo de engañoso era incorrecto. La revista criticó la falta de rendición de cuentas de los verificadores externos y cómo sus acciones terminaban censurando información válida de interés público. Este choque puso de relieve los riesgos de un exceso de celo censor: una red social penalizando a una revista médica de renombre por un artículo legítimo, posiblemente por tocar intereses sensibles de una farmacéutica. Finalmente, Facebook eliminó la etiqueta de “false news” sobre el contenido del BMJ tras la presión mediática, pero el episodio dejó huella como ejemplo de colaboración de Big Tech “en favor” de Big Pharma, según críticos, al proteger la imagen de Pfizer frente a hallazgos incómodos.
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Suspensiones en Twitter de voces médicas disidentes: En Twitter, varias cuentas de médicos, científicos o comentaristas fueron suspendidas por compartir opiniones contrarias al consenso impuesto sobre vacunas o restricciones. Un caso notorio fue el del Dr. Robert Malone, virólogo y uno de los desarrolladores de la tecnología de ARNm, quien fue expulsado de Twitter a fines de 2021 tras reiterar mensajes sobre posibles riesgos de las vacunas de ARNm y críticas a las políticas sanitarias. Twitter alegó violaciones a sus políticas de desinformación, pero defensores de Malone denunciaron censura de una voz experta aunque polémica. De forma similar, la cuenta personal de la congresista Marjorie Taylor Greene fue suspendida permanentemente en enero de 2022 por publicaciones anti-vacunas consideradas dañinas. Más allá de figuras controvertidas, se documentó que Twitter coordinó directamente con autoridades y farmacéuticas para moderar contenido. Como vimos, en 2020 Twitter atendió solicitudes de BioNTech para frenar campañas por liberación de patentes. Otro ejemplo salió a la luz en 2023: los llamados “Twitter Files” revelaron que Scott Gottlieb, miembro del directorio de Pfizer y ex-comisionado de la FDA, envió correos a ejecutivos de Twitter en agosto de 2021 para marcar como “engañoso” un tuit que argumentaba –con un estudio en mano– que la inmunidad natural podía ser más efectiva que la vacunación. En ese tuit, publicado por un exfuncionario de salud de EE. UU., se cuestionaba la necesidad de exigir pasaportes de vacuna a personas con infección previa. Tras la intervención de Gottlieb (quien calificó el mensaje de “corrosivo” y potencialmente viral), Twitter rápidamente etiquetó el tuit como engañoso, deshabilitando las interacciones y añadiendo un aviso de “Conozca por qué las autoridades sanitarias recomiendan la vacuna para la mayoría de la gente. Para muchos analistas, esto evidenció un conflicto de interés flagrante: un directivo de Pfizer influyendo en una red social para silenciar una opinión que, de ganar terreno, podría reducir la urgencia percibida de vacunar (afectando quizás las ventas de vacunas). Twitter defendió sus acciones como alineadas con la ciencia predominante, pero la percepción de colusión entre Big Tech, Big Pharma y funcionarios gubernamentales quedó servida en el debate público.
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Otras plataformas y medidas: Aunque Google, Facebook, YouTube y Twitter concentraron la mayoría de casos mediáticos, otras herramientas digitales también aplicaron censura o control. Por ejemplo, LinkedIn (propiedad de Microsoft) eliminó algunas publicaciones con teorías conspirativas de COVID-19 conforme a sus normas profesionales. TikTok (no parte de GAFAM, pero relevante en alcance) reportó haber removido en 2020–21 más de 30 mil videos en España por desinformación sanitaria. Incluso se dieron situaciones insólitas: según testimonios recopilados por investigadores, Google Docs llegó a bloquear la compartición de ciertos documentos con información sensible sobre la COVID, interpretándolos como violaciones de sus términos, lo que implicaría censura hasta en comunicaciones privadas en la nube. Y en el terreno de las tiendas de aplicaciones móviles, tanto Apple como Google tomaron acciones tempranas para vetar apps no oficiales sobre coronavirus. En marzo de 2020, Apple anunció que solo aceptaría en la App Store aplicaciones relacionadas con COVID-19 provenientes de entidades reconocidas (gobiernos, organismos de salud, instituciones médicas), rechazando las hechas por desarrolladores independientes. Esta medida buscaba prevenir la difusión de apps con información errónea o funciones no fiables. Google adoptó enfoque similar en Play Store, dirigiendo a los usuarios hacia apps oficiales (CDC, Cruz Roja, etc.) y eliminando apps de rastreo o noticias COVID sospechosas. Aunque estas acciones no fueron polémicas (más bien fueron aplaudidas como responsabilidad corporativa), sí forman parte de la amplia red de control informativo que las Big Tech ejercieron durante la pandemia.
En conclusión, los casos expuestos ilustran que hubo contenidos legítimos bloqueados (como el artículo del BMJ), voces discrepantes silenciadas sin claridad en las causas, y una sensación para algunos sectores de que solo se permitió una narrativa única sobre la pandemia.
Además del control de contenidos, la relación entre las tecnológicas GAFAM y la industria farmacéutica durante 2020-2022 también se plasmó en colaboraciones directas en campos como el análisis de datos, la logística, el marketing e incluso la vigilancia sanitaria. La urgencia de la pandemia propició alianzas inusuales y aprovechamiento de sinergias: las fortalezas técnicas de Silicon Valley se pusieron al servicio de la investigación médica y de la distribución de vacunas, mientras las farmacéuticas aportaron su expertise científico, todo con el respaldo (explícito o implícito) de los gobiernos. A continuación, revisamos ejemplos de esa simbiosis:
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Computación en la nube y desarrollo de vacunas: Las grandes farmacéuticas se apoyaron en la infraestructura de cómputo de empresas como Amazon, Microsoft y Google para acelerar la investigación de vacunas y tratamientos. Un caso notable es Moderna, pionera en vacunas de ARNm, que desde antes de la pandemia ya utilizaba Amazon Web Services (AWS) como base de sus operaciones digitales. En 2020, Moderna escaló esta colaboración: AWS se convirtió en su proveedor cloud preferente, habilitando análisis de datos y machine learning para el diseño rápido de la vacuna contra COVID-19. Gracias a esta plataforma digital, Moderna logró entregar el primer lote de prueba de su vacuna (mRNA-1273) para ensayos clínicos en solo 42 días tras secuenciarse el virus, un hito de velocidad imposible sin las capacidades de la nube. AWS potenció el llamado “research engine” de Moderna, permitiendo automatizar procesos de laboratorio, simular innumerables variantes de la secuencia genética y gestionar enormes volúmenes de datos experimentales. En palabras del CEO de Moderna, Stéphane Bancel, “con AWS, nuestros científicos tienen la agilidad y seguridad para liderar la industria”, destacando que la plataforma cloud les dio ventaja frente a competidores tradicionales. De modo similar, otros gigantes tech ofrecieron su poder computacional: Microsoft Azure y Google Cloud anunciaron iniciativas para apoyar proyectos de investigación COVID-19, brindando créditos gratuitos y acceso a supercomputación para modelados epidemiológicos, búsqueda de fármacos y secuenciación genómica. Estas colaboraciones demostraron una convergencia entre Big Tech y Big Pharma en la I+D: la tecnología acortó tiempos de descubrimiento y la industria médica aportó casos de uso críticos, beneficiando a ambas (y a la sociedad, con vacunas más rápidas).
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Logística y distribución de vacunas: Las capacidades logísticas de empresas tecnológicas y de comercio electrónico fueron un factor en la campaña de vacunación, especialmente en países como Estados Unidos. Un ejemplo fue Amazon, que ofreció activamente sus recursos para apoyar la distribución de las vacunas. En enero de 2021, apenas asumió el presidente Joe Biden, Amazon le envió una carta ofreciéndose a ayudar a alcanzar la meta de 100 millones de vacunaciones en 100 días. Dave Clark, entonces director de operaciones de Amazon, aseguró que la compañía estaba lista para aprovechar su enorme red de centros de distribución, su tecnología de información y su capacidad de comunicaciones para colaborar con el gobierno en el despliegue de las vacunas. Amazon, de hecho, se asoció con una firma de salud laboral para vacunar a sus más de 800 mil empleados y expuso que podría extender esa infraestructura al público general. La empresa también participó en la última milla logística: en varios estados de EE. UU., Amazon contribuyó con el transporte de suministros médicos relacionados con vacunas (jeringas, EPP) y ofreció algunos de sus almacenes como puntos de apoyo. Estas acciones se sumaron a las de otras compañías privadas (p. ej. Starbucks colaborando en centros de vacunación en el estado de Washington), demostrando un modelo de cooperación público-privada inédito en una campaña sanitaria. Para Amazon representó una oportunidad de mejorar su imagen y relación con la Casa Blanca, tras años de roces con la administración previa, a la vez que ayudaba a consolidar el fin de la pandemia que tanto afectaba el normal funcionamiento de la economía.
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Herramientas digitales para la salud pública: Apple y Google, a pesar de ser rivales históricos, unieron fuerzas en 2020 para desarrollar la tecnología de rastreo de contactos por Bluetooth, destinada a alertar a personas expuestas al virus. Si bien esto se enfoca en el control de la propagación más que en la vacunación, fue una colaboración crucial: ambas compañías lanzaron en abril de 2020 una API conjunta de notificaciones de exposición, empleada por decenas de aplicaciones oficiales en el mundo. Esta alianza supuso que los dos sistemas operativos móviles dominantes (Android e iOS) incorporaran de base funciones para el seguimiento anónimo de contagios, demostrando la responsabilidad social de Big Tech en apoyo a la salud pública. Respecto a las vacunas en sí, Apple facilitó la adopción de los pasaportes COVID digitales: a finales de 2021 actualizó su app Wallet (Monedero) para permitir almacenar certificados de vacunación verificables, de modo que los usuarios de iPhone pudieran mostrar fácilmente su prueba de inmunización en aeropuertos, eventos, etc. Google hizo algo equivalente con Google Pay en Android. Estas integraciones, si bien técnicas, reflejan cómo las tecnológicas contribuyeron a la “infraestructura” de la campaña de vacunación, habilitando comprobantes digitales y aplicaciones de cita previa. También se puede mencionar que plataformas sociales como Facebook colaboraron con farmacéuticas en campañas de marketing informativo: por ejemplo, Instagram lanzó filtros y stickers del estilo “Yo me vacuné” para animar a los jóvenes a vacunarse, y Facebook trabajó con Pfizer y Moderna en sesiones de preguntas y respuestas en vivo para despejar dudas, conectando a sus científicos con el público en redes.
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Vigilancia epidemiológica y datos: La enorme cantidad de datos generados durante la pandemia (casos, vacunados, reacciones adversas, movilidad de poblaciones) impulsó cooperación en análisis entre Big Tech y autoridades sanitarias, con impacto indirecto para Big Pharma. Google, por ejemplo, publicó informes globales de movilidad (basados en datos agregados de Android) que ayudaron a entender la efectividad de las cuarentenas y podrían orientar estrategias de vacunación. Microsoft, por su parte, trabajó con los CDC en EE. UU. para desarrollar software de seguimiento de distribución de vacunas y sistemas de registro en línea. En cuanto a farmacovigilancia, las redes sociales también sirvieron para detectar señales sobre efectos secundarios de vacunas en tiempo real (aunque esto fue un arma de doble filo, pues igual propagó alarmas infundadas). Cabe destacar que los gobiernos buscaron acceso a datos de plataformas para monitorear la opinión pública: en algunos países, se entablaron acuerdos informales para recibir reportes sobre volumen de fake news antivacunas en redes, permitiendo una respuesta comunicacional más rápida. Si bien esto se hizo bajo el fin loable de contrarrestar la desinformación, para críticos constituye una forma de vigilancia coordinada entre Estado y plataformas privadas, difuminando fronteras tradicionales.
La colaboración Big Tech–Big Pharma fue más allá de lo visible en las redes sociales. Las empresas tecnológicas aportaron infraestructura, datos y alcance comunicacional, complementando el trabajo de las farmacéuticas que aportaban los productos (vacunas). Esta sinergia permitió desarrollar vacunas en tiempo récord, distribuirlas masivamente y fomentar su aceptación. Las herramientas digitales de la pandemia mostraron el potencial de las alianzas público-privadas, pero también encendieron alertas sobre privacidad y dependencia tecnológica en la gestión de futuras crisis sanitarias.
Las actuaciones de GAFAM durante la pandemia –tanto en la faceta informativa como en la colaborativa con Big Pharma– no han estado exentas de críticas. Diversos analistas, políticos e intelectuales han cuestionado el modelo de monopolio informativo que se hizo patente: un puñado de plataformas privadas controlando qué se ve y qué no se ve en el discurso público global. Al mismo tiempo, se señalan posibles conflictos de interés en la estrecha relación entre estas empresas, los gobiernos y las farmacéuticas. A continuación, resumimos las principales preocupaciones y debates que surgieron:
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Concentración del poder de censura: Nunca antes en la historia moderna tan pocas corporaciones tuvieron tanto control sobre la información que consume la población. Durante los confinamientos, con miles de millones de personas recurriendo a Internet para informarse, redes como Facebook, YouTube o Twitter se convirtieron en guardianes de facto de la verdad oficial. Críticos denuncian que esto sienta un precedente peligroso: las Big Tech podrían silenciar corrientes de pensamiento minoritarias o controversias legítimas simplemente aplicando sus políticas internas, sin transparencia ni contrapesos democráticos. El hecho de que eliminaran contenidos incluso de revistas científicas (como el BMJ) o testimonios de médicos reconocidos generó inquietud en parte de la comunidad académica. Algunos se preguntan si, en nombre de combatir la desinformación, se sacrificó el debate científico abierto, ya que cualquier argumento que chocara con la posición de la OMS u organismos estatales era rápidamente etiquetado como falso. Esta situación llevó a que profesionales con visiones alternativas (por ejemplo, sobre estrategias de manejo de la pandemia) quedaran marginados no solo de los medios tradicionales, sino también de los digitales. Organizaciones por la libertad de expresión han advertido que esta centralización de la moderación en plataformas privadas es inherentemente opaca: los algoritmos y decisiones de Facebook/Google pueden definir la agenda pública sin que el público lo advierta siquiera.
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¿Colaboración o colusión con gobiernos?: Varios gobiernos democráticos presionaron abiertamente a las plataformas para que endurecieran la mano contra la desinformación COVID-19. Un ejemplo citado ocurrió en EE. UU., cuando en julio de 2021 el presidente Biden acusó a Facebook de “estar matando gente” por la difusión de bulos antivacunas, intensificando la presión pública para que actuaran. Documentos revelados posteriormente (como los Twitter Files y demandas judiciales en EE. UU.) sugieren que hubo canales de comunicación directos entre funcionarios gubernamentales y compañías tecnológicas para remover ciertos contenidos o usuarios. Los críticos alertan del riesgo de que esto derive en censura gubernamental encubierta a través de las Big Tech. Una demanda impulsada por fiscales estatales en EE. UU. (Missouri vs. Biden) acusó a la administración federal de coordinar con redes sociales para suprimir voces disidentes, violando la Primera Enmienda. Del lado europeo, la Comisión Europea también instó a las plataformas a combatir la desinformación pandémica, integrando ese compromiso en el Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación firmado en 2020. La línea entre cooperación y coacción estatal se volvió difusa. Para algunos, Big Tech actuó casi como brazo censor de los gobiernos al implementar a rajatabla la narrativa oficial; otros argumentan que las empresas simplemente cumplieron su responsabilidad social en una crisis sin precedentes. En cualquier caso, el episodio dejó planteada una cuestión de fondo: ¿quién vigila a los vigilantes? Las democracias liberales están aún elaborando cómo asegurar que las medidas contra la desinformación no degeneren en restricciones indebidas a la libertad de expresión.
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Intereses comerciales y lucro durante la pandemia: Otra arista de las críticas apunta a los intereses económicos. Las farmacéuticas obtuvieron ganancias multimillonarias con las vacunas (Pfizer, Moderna y otros registraron ingresos récord en 2021), mientras las Big Tech también vieron dispararse sus valoraciones con la digitalización acelerada que provocó el confinamiento. Esto ha llevado a comentaristas a sugerir que ambos sectores tenían incentivos alineados para promover una campaña de vacunación universal sin matices. Por ejemplo, se ha señalado que empresas como Pfizer invirtieron en publicidad y relaciones públicas para impulsar la aceptación de terceras dosis o refuerzos, y gran parte de ese gasto publicitario fue a redes sociales y plataformas online. Las Big Tech, al beneficiarse de ese presupuesto y al depender de regulaciones favorables, tendrían poco incentivo para permitir en sus sitios narrativas que pudieran frenar la estrategia de vacunación masiva. Asimismo, casos como el de Scott Gottlieb (director en Pfizer influyendo en Twitter) alimentan la percepción de un círculo cerrado donde miembros de la élite corporativa cuidan intereses mutuos. En el ojo de la tormenta estuvo también Bill Gates, cofundador de Microsoft, cuya fundación donó miles de millones para vacunas y cuya figura se volvió sinónimo de la respuesta global a la pandemia. Esto refuerza la idea de que Big Tech protegió a Big Pharma y asociados no solo por supuesto rigor científico, sino porque sus propios líderes y accionistas formaban parte de esa alianza público-privada con motivaciones tanto filantrópicas como lucrativas. Voces críticas hablan de un “capitalismo de vigilancia sanitaria“, donde la salud pública se gestiona con herramientas de empresas que a la vez obtienen datos valiosos y poder político de dicha gestión.
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Transparencia y rendición de cuentas: Frente a esta convergencia de poder, se ha hecho hincapié en la falta de mecanismos de supervisión independientes. Las decisiones de moderar contenido (o de cómo se comparten datos con gobiernos) suelen tomarse tras puertas cerradas en las oficinas de Silicon Valley o de las farmacéuticas. No existen protocolos claros para auditar las recomendaciones algorítmicas que priorizaron ciertos mensajes o suprimieron otros durante la pandemia. Organizaciones civiles han pedido más transparencia: publicar las directrices completas, los informes detallados de qué se censuró y por qué, e incluso algún tipo de control público sobre estas plataformas dado su rol cuasi-infraestructural. En algunos países se crearon comités o audiencias parlamentarias para interrogar a ejecutivos de Facebook y Twitter sobre su manejo de la información critica, pero los resultados han sido modestos. La discusión se enmarca en un tema mayor: la regulación de las Big Tech. La pandemia evidenció que no son meras empresas privadas entretenidas, sino actores críticos en la esfera pública. Por ello, hay llamados a actualizarlas leyes de responsabilidad en contenidos (como la Sección 230 en EE. UU.) y considerar a plataformas dominantes casi como servicios públicos digitales sujetos a obligaciones adicionales.
La pandemia de COVID-19 ha sido un laboratorio social y tecnológico donde se ensayó una nueva relación entre las grandes empresas de tecnología (GAFAM) y la industria farmacéutica. En el transcurso de 2020 a 2022 vimos cómo estos actores, a menudo asociados al poder corporativo global, colaboraron en una meta común: colaborar con los postulados de la OMS. Las Big Tech pusieron a disposición su alcance masivo y sus herramientas digitales para difundir información que promoviera la vacunación, facilitar su distribución e incluso ayudar en su desarrollo mediante poder computacional. A su vez, Big Pharma aportó los avances científicos que permitieron tener vacunas en tiempo récord, apoyándose en ocasiones en la infraestructura técnica de aquellas.
Se produjeron importantes interrogantes éticos y políticos. El control de la desinformación derivó en prácticas percibidas como censura, poniendo en jaque la confianza en las plataformas digitales como foros abiertos. La concentración de poder informativo en GAFAM plantea el riesgo de que se conviertan en árbitros de la verdad sin una adecuada supervisión. Y la cercanía entre los gigantes tecnológicos, las farmacéuticas y los gobiernos alimenta sospechas de conflictos de interés donde el afán de lucro o de control pueda anteponerse al derecho de la sociedad a un debate transparente.
En definitiva, la relación entre GAFAM y la industria farmacéutica durante la pandemia del COVID-19 evidencia los desafíos de nuestra era digital: la necesidad de vigilar que ese poder concentrado no erosione los valores democráticos. El debate sobre cómo equilibrar salud pública, libertad de expresión y control corporativo de la información apenas comienza. Las lecciones de 2020-2022 serán cruciales para encarar ese futuro con sensatez y perspectiva crítica, procurando que la próxima vez estemos mejor preparados tanto en lo sanitario como en lo informativo.