En los últimos días, el debate sobre la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia de COVID-19 ha cobrado un nuevo giro, tras las revelaciones de varios documentos del Ministerio de Sanidad a los que tuvo acceso el medio El Debate. Según estos informes, el exministro Salvador Illa, quien ahora es presidente de Cataluña, emitió directrices claras para agrupar a los mayores infectados por el coronavirus en las residencias y evitar que fueran trasladados a hospitales. Esta decisión, tomada durante los primeros meses de la pandemia, ha generado un intenso debate político, especialmente porque se contrapone con las acusaciones dirigidas a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre la gestión de las residencias madrileñas.
De acuerdo con los documentos, el Ministerio de Sanidad ordenó que los residentes con síntomas leves de COVID-19 fueran recluidos en las residencias, incluso cuando no era posible un aislamiento individual, recurriendo al “aislamiento por cohorte”, que consistía en agrupar a los infectados en una misma habitación. Esta directiva fue emitida el 5 de marzo de 2020, apenas nueve días antes de que el gobierno central decretara el primer estado de alarma en España.
El análisis de estas medidas se complejiza cuando se observa que, al mismo tiempo, el Ministerio permitió que los presos con síntomas graves de COVID-19 fueran trasladados a hospitales. Esta discrepancia en el trato hacia distintos colectivos, con los ancianos restringidos en sus residencias y los presos hospitalizados, ha sido motivo de críticas.
El caso se complica aún más por el contraste entre las decisiones de Illa y las acusaciones políticas. Durante años, el relato oficial del Gobierno central ha apuntado a la Comunidad de Madrid, liderada por Ayuso, como responsable de las muertes en las residencias. Ministros como Reyes Maroto han llegado a calificar las muertes en las residencias madrileñas de “asesinatos”, sin mencionar que fue el propio Gobierno central quien, mediante el Ministerio de Sanidad, ordenó no trasladar a los ancianos a hospitales.
Uno de los casos más emblemáticos que evidencia las consecuencias de estas decisiones es el de una residente en Parla, Madrid, que fue rechazada en el hospital cuando presentó síntomas de COVID-19 y que, tras ser devuelta a la residencia, falleció tres días después. Este tipo de situaciones pone en evidencia las limitaciones del sistema sanitario y las contradicciones de las políticas adoptadas por las autoridades. Las familias de las víctimas han sido un pilar importante en visibilizar las irregularidades y han denunciado la falta de recursos y la ausencia de una respuesta adecuada para proteger a los más vulnerables.
El debate sobre la responsabilidad en la gestión de las residencias de ancianos ha derivado en una serie de querellas y acusaciones políticas. La presidenta Ayuso ha sido acusada de una “gestión homicida” de la crisis, y algunos miembros del Gobierno han insinuado que las muertes en las residencias fueron un resultado directo de sus políticas. Por otro lado, desde la Comunidad de Madrid se ha lanzado la acusación de que el Gobierno central, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez e Illa, fue quien dio las órdenes que limitaban la atención hospitalaria a los mayores.