España afronta como uno de los mayores desafíos económicos de las próximas décadas el envejecimiento de la población. Un nuevo informe elaborado por los economistas Miguel Almunia y Pablo García-Guzmán para EsadeEcPol analiza cómo la evolución demográfica está alterando el equilibrio entre quienes financian el Estado mediante impuestos y cotizaciones y quienes reciben prestaciones y servicios públicos. El trabajo concluye que, si no se adoptan reformas, la presión sobre las cuentas públicas aumentará de forma significativa en las próximas décadas.
Durante décadas, el sistema de bienestar español ha descansado sobre el principio de una población en edad de trabajar suficientemente numerosa financia mediante impuestos y cotizaciones las pensiones, la sanidad, la educación y el resto de servicios públicos. Sin embargo, ese equilibrio comienza a cambiar a medida que la población envejece y disminuye el peso relativo de las generaciones más jóvenes.
El estudio «Las transferencias intergeneracionales y el reto demográfico», publicado por EsadeEcPol, examina precisamente cómo afecta este proceso al conjunto de la economía española utilizando un enfoque basado en las denominadas Cuentas Nacionales de Transferencias, una metodología internacional que permite analizar cuánto aporta y cuánto recibe cada generación a lo largo de su vida.
Los autores recuerdan que prácticamente todas las personas pasan por tres grandes etapas económicas. Durante la infancia y la juventud predominan los gastos en educación, sanidad y cuidados. En la edad laboral se concentra la mayor parte de la producción y de la contribución fiscal. Finalmente, en la jubilación vuelven a aumentar las prestaciones recibidas, especialmente en forma de pensiones y atención sanitaria.
El problema aparece cuando la estructura de población cambia. España registra una de las tasas de fecundidad más bajas de Europa y, al mismo tiempo, una esperanza de vida entre las más elevadas del continente. Como consecuencia, el número de personas mayores crece con rapidez mientras disminuye el peso de quienes sostienen el sistema mediante su actividad económica.
Un déficit generacional cada vez mayor
Uno de los principales mensajes del informe es que el envejecimiento incrementará el denominado déficit del ciclo vital, es decir, la diferencia entre lo que las personas reciben del sector público y lo que aportan mediante impuestos y cotizaciones a lo largo de su vida.
Según las simulaciones recogidas por EsadeEcPol, este desequilibrio podría aumentar de forma muy notable hacia mediados de siglo si se mantienen las tendencias demográficas actuales. En uno de los escenarios analizados, el déficit agregado podría pasar del entorno del 1,9 % del PIB a cifras próximas al 8,5 %, impulsado por el incremento del gasto asociado a una población cada vez más envejecida y por la reducción relativa de la población en edad de trabajar.
El informe insiste en que este fenómeno no responde únicamente al aumento del gasto en pensiones. También influyen el crecimiento del gasto sanitario y de los cuidados de larga duración, así como la reducción del número de trabajadores disponibles para financiar esos servicios.
La inmigración ayuda, pero no resuelve el problema
Uno de los aspectos que aborda el estudio es el papel de la inmigración. Los autores señalan que la llegada de población en edad laboral puede aliviar parcialmente el desequilibrio demográfico al aumentar temporalmente el número de cotizantes. Sin embargo, advierten de que este efecto es limitado si no va acompañado de mayores niveles de empleo, productividad e integración laboral. En otras palabras, la inmigración puede retrasar parte del problema, pero difícilmente constituye por sí sola una solución estructural al envejecimiento de la población.
Reformas para adaptar el sistema
El documento no plantea una única solución, sino varias líneas de actuación destinadas a reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Entre ellas figura aumentar la participación laboral de los trabajadores de mayor edad, adaptar progresivamente la edad efectiva de jubilación a la evolución de la esperanza de vida, mejorar la productividad de la economía y avanzar hacia mecanismos que hagan más transparente la relación entre las contribuciones realizadas y las prestaciones futuras.
El estudio también plantea abrir un debate sobre la conveniencia de introducir sistemas de cuentas individuales que permitan visualizar con mayor claridad las aportaciones efectuadas durante la vida laboral y los derechos adquiridos para la jubilación, aunque presenta esta posibilidad como una propuesta para el debate y no como una recomendación cerrada.
Un desafío que trasciende las pensiones
El informe subraya que el reto demográfico no afecta únicamente al sistema público de pensiones. También condicionará el crecimiento económico, el mercado laboral, la evolución del ahorro, la inversión, la disponibilidad de trabajadores y la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales.
Por ello, los autores sostienen que las decisiones que se adopten durante los próximos años tendrán efectos que se prolongarán durante décadas y requerirán una visión de largo plazo, más allá de los ciclos políticos.
España comparte este desafío con buena parte de Europa, aunque la combinación de baja natalidad y elevada longevidad sitúa al país entre aquellos donde el envejecimiento será más intenso durante la primera mitad del siglo XXI.