Podemos y Sumar hicieron de la vivienda una de sus grandes promesas. Han pasado por el Gobierno, se han aprobado leyes y se han anunciado miles de pisos. ¿Qué parte de todo eso puede encontrar hoy quien busca casa?

La Puerta del Sol vuelve a llenarse de gente que habla de alquileres y desahucios. No es la primera vez. Quienes estuvieron en las plazas en 2011 recordarán que la vivienda ya ocupaba un lugar central en aquellas protestas. Quince años después, algunas de las fuerzas políticas que crecieron al calor de esa indignación han ocupado ministerios. Y en Sol vuelven a pedir soluciones.

La historia no se despacha diciendo que no se ha hecho nada. Tampoco se resuelve enseñando un programa electoral o anunciando otra cifra redonda. Merece la pena mirar qué prometieron los partidos, qué aprobaron al gobernar y cuántas viviendas han llegado a estar disponibles.

En su programa de 2019, Podemos proponía ampliar el parque de alquiler social en 50.000 viviendas al año durante toda la legislatura. El plan incluía la cesión de viviendas vacías de grandes propietarios; no hablaba solo de construir pisos nuevos. Poco después, Unidas Podemos entró en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La vivienda dejó de ser únicamente una demanda lanzada desde fuera del poder.

Hubo cambios. La Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023 trasladó al arrendador los gastos de agencia de los contratos de vivienda habitual y abrió la puerta a limitar determinados alquileres en zonas declaradas tensionadas. Se aprobaron también protecciones frente a ciertos desahucios. Son medidas concretas. Pero la ley no fijó un precio máximo general para todos los alquileres, y la aplicación de sus límites más conocidos depende de que las administraciones competentes declaren esas zonas. Un derecho escrito en el BOE puede tardar mucho en sentirse al buscar piso.

Después llegó Sumar. Su programa para las elecciones de 2023 proponía crear, en diez años, un parque de dos millones de viviendas públicas de alquiler asequible, con una inversión anual equivalente al 1 % del PIB. Era una propuesta electoral de Sumar, no una cifra de pisos que el Gobierno se comprometiera a entregar inmediatamente. El posterior acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar hablaba de llevar, a medio y largo plazo, el parque público hasta el 20 % del total de viviendas. Una meta ambiciosa, pero sin una cuenta de llaves entregadas que permita juzgarla hoy.

El propio Gobierno reconoció la distancia que falta por recorrer. En el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 cifra en unas 318.000 las viviendas de titularidad pública autonómica y municipal, suficientes para cubrir alrededor del 1,7 % de los hogares. Si se cuenta todo el alquiler social, incluida la vivienda que no pertenece a esas administraciones, la estimación sube al 3,5 %, lejos del 9 % que el plan atribuye a la media de la Unión Europea. Las 318.000 son el parque existente de esas administraciones; no son «las casas construidas por este Gobierno» ni pueden restarse directamente de los dos millones prometidos para una década.

Hay otra cifra que Pedro Sánchez repite desde 2023: 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible para esta legislatura. Conviene leer la letra pequeña. En ese objetivo entran 50.000 viviendas de la Sareb que se pretendía movilizar y otras 11.000 del Fondo Social. No equivale, por tanto, a prometer 184.000 pisos de nueva construcción. En agosto de 2024, el Ministerio anunció que había «movilizado» 80.745 viviendas del plan, pero casi 60.000 figuraban en distintas fases de desarrollo. Estar en un plan y tener una familia viviendo dentro son cosas muy diferentes.

Sí sabemos que en España se terminaron 11.104 viviendas protegidas en 2025 y 5.215 en el primer trimestre de 2026. El comienzo de 2026 mejoró respecto a años anteriores. Esas estadísticas, sin embargo, incluyen promociones de distintas administraciones y viviendas destinadas a la venta. No ofrecen por sí solas la respuesta a cuántas de las 184.000 del compromiso estatal están terminadas, adjudicadas y alquiladas a precio asequible.

Las competencias de vivienda están repartidas y levantar casas lleva años. Es una explicación necesaria para entender los plazos. También lo es recordar que PSOE, Unidas Podemos y Sumar han tenido tiempo para gobernar, negociar presupuestos y decidir qué cifras presentan como logros. Si anuncian viviendas «movilizadas», deberían publicar junto a ellas cuántas están en proyecto, en obras, terminadas y habitadas, y a qué alquiler. Así cada cual podría comprobar el avance sin tener que descifrar una campaña de propaganda.

La vivienda prometida y la vivienda que se puede habitar

A estas promesas se suma ahora la propuesta de Irene Montero de expropiar el uso de viviendas de fondos buitre para destinarlas a alquiler social. También plantea bajar los alquileres por ley y prohibir las compras especulativas; sería injusto reducir todo su programa a la expropiación. La cuestión es cuánto podría resolver esa medida por sí misma y cómo se llevaría a cabo. Expropiar el uso no significa quedarse gratis con la vivienda: la Constitución exige una indemnización cuando se priva a alguien de sus bienes o derechos.

Aquí las cifras obligan a ser prudentes. Una investigación de Civio identificó 19.562 inmuebles alquilados por fondos de inversión en toda la Comunidad de Madrid, alrededor del 3,8 % de los alquileres registrados. Los datos son de finales de 2022 y el recuento de fianzas incluye también inmuebles de uso no residencial. No sabemos, a partir de esa cifra, cuántas viviendas serían susceptibles de intervención hoy ni cuántas están en Madrid capital o en los municipios cercanos donde cada familia necesita vivir. Tampoco se puede dar por supuesto que todos esos inmuebles sigan en manos del mismo fondo: las carteras cambian de propietario. No tendria sentido esta medida en zonas con bajo demanda o con viviendas en mal estado.

Hay un límite aún más sencillo de entender. La mayor parte de lo que contó Civio ya estaba alquilado. Si la Administración asumiera el uso de esos pisos, podría mejorar las condiciones de quienes viven en ellos y evitar que determinados bloques salgan del alquiler asequible. Sería un resultado valioso. Pero una vivienda ocupada por una familia no se convierte por ello en una vivienda libre para otra. Para atender a quienes buscan casa habría que saber cuántos pisos están realmente vacíos y son habitables, y si se encuentran donde existe demanda. La cifra regional, por sí sola, no responde a ninguna de esas preguntas.