Desde el golpe de Estado de noviembre de 2017, que derrocó al difunto hombre fuerte Robert Mugabe, Zimbabue ha tenido una regresión democrática. El espacio cívico tenía una apariencia de existencia reconocida por el Estado y tolerancia del Gobierno; sin embargo, bajo la dirección del presidente Emmerson Mnangagwa, el espacio cívico del país se está reduciendo en línea y fuera de línea pues el régimen emplea una serie de medidas legales y extralegales para frustrar la disidencia. Este proceso ha sido posible gracias al uso de costosa y avanzada tecnología de vigilancia extranjera, y la mayor parte proviene de Pekín bajo su ambiciosa Iniciativa de la Franaj y la Ruta. La investigación de Unfreedom Monitor muestra que el Gobierno de Zimbabue está la intersección de establecer seguridad y los intereses del partido gobernante. Esta configuración, con la ayuda de una vigilancia generalizada, ayuda al régimen a mantener un control estricto sobre el poder político.
Amanecer de una era visual
El 20 de julio de 2022, el presidente Mnangagwa comenzó el proyecto Cybercity de 500 millones de dólares estadounidenses que construirá una entidad externa. El proyecto, por el que Mnangagwa estaba visiblemente entusiasmado, será financiado por Shaji Ul Mulk, presidente de la empresa multinacional de fabricación Mulk International de Emiratos Árabes Unidos. El plano del proyecto muestra que la ciudad prevista estará rodeada de cámaras de vigilancia por motivos de seguridad y que se implementarán iniciativas similares en el resto del país en los próximos años.
El proyecto Mulk International es solo uno de muchos otros que el Gobierno ya está ansioso por construir. El concepto de ciudades inteligentes es parte de la agenda del Gobierno para crear una nueva sociedad con zonas industriales, comerciales y residenciales, impulsada por la tecnología digital y el internet de las cosas. El Gobierno ya aprobó el desarrollo de una ciudad inteligente en Melfort, en Goromonzi, entre la ciudad capital de Harare y la ciudad de Marondera en el este. El objetivo es reducir la distancia al Aeropuerto Internacional Robert Mugabe para los inversionistas y el tráfico del este del país. Se espera construir otras ciudades inteligentes en las provincias del sur del país.
Sin embargo, miembros de la sociedad y activistas temen que el despliegue y uso de cámaras de vigilancia en el país signifique que el régimen de Mnangagwa pueda identificar y eliminar rápidamente las voces disidentes que representan un riesgo para su poder político. Curiosamente, el Gobierno chino ya está apoyando las iniciativas de ciudades inteligentes a través de intercambios tecnológicos directos con Zimbabue, por lo tanto, asegurar tales intereses incluiría establecer un Estado de vigilancia generalizado siguiendo el modelo del Estado chino. El suministro de China de equipos de vigilancia y la infraestructura en la que se apoyan las redes de telecomunicaciones locales sigue siendo un problema recurrente, porque el Gobierno de Zimbabue prioriza los proyectos de telecomunicaciones de las empresas chinas sobre los países occidentales considerados hostiles en su política exterior hacia el gobierno de Mnangagwa.
Empresas chinas como Huawei y Hikvision han tomado la iniciativa en el despliegue de cámaras de reconocimiento facial en las principales ciudades, lo que crea un estado de vigilancia generalizado. Por ejemplo, la Policía instaló cámaras de circuito cerrado de televisión en las ciudades de Harare y Bulawayo, bastiones de los partidos de la oposición. Ambas ciudades suelen ser puntos problemáticos para la Policía, ya que las protestas antigubernamentales suelen estallar en estas áreas. Además, Zimbabue ha sido identificado como cliente del spyware digital invasivo fabricado en Israel, Pegasus, eficaz arma para reprimir las voces disidentes. El Gobierno ha negado la acusación.
Seguir el rastro del dinero de la vigilancia
La economía de Zimbabue está colapsando debido a la mala gobernabilidad, la corrupción institucionalizada y la hiperinflación. Sin embargo, esto no ha disuadido al Estado de emprender iniciativas de vigilancia, ya que inversionistas de China y Medio Oriente con mucho dinero siguen ansiosos por implementar sus tecnologías en el país.
En 2017, el operador de telecomunicaciones estatal TelOne inauguró dos centros de datos con instalaciones en la nube en Harare y Mazowe (a 38 kilómetros de Harare) a un costo de 1,6 millones de dólares. El lanzamiento fue parte de un proyecto de actualización de red de 98 millones de dólares implementado con la firma china Huawei, financiado por un préstamo del Export-Import Bank of China. NetOne, otro operador de red móvil de propiedad estatal, está en una sociedad de 71 millones de dólares con Huawei para desplegar 260 estaciones base, para mejorar la cobertura de la red, incluidas las áreas rurales. Según el proyecto, las estaciones base se están actualizando a 4G y 5G.
Más importante aún, los principales operadores de redes de Zimbabue han utilizado préstamos respaldados por China para construir y mejorar su infraestructura de telecomunicaciones. El 26 de febrero de 2021, el presidente Mnangagwa encargó al Centro Nacional de Datos en Harare. La instalación, que estará vinculada a bases de datos con información de «actores económicos claves e instituciones estatales», tiene como objetivo digitalizar los servicios gubernamentales. También se completó en asociación con el Gobierno chino. El régimen de Mnangagwa ya está utilizando tecnología de reconocimiento facial de la firma china Hikvision en aeropuertos y puestos fronterizos internacionales. El software de Hikvision se está integrando con tecnología desarrollada localmente para impulsar una inteligencia artificial y un sistema nacional de reconocimiento facial en Zimbabue.
El despliegue de tecnologías de vigilancia en Zimbabue ha superado el control democrático. Con el uso de software espía digital, unos pocos agentes de seguridad del Estado pueden rastrear con precisión a gran número de ciudadanos y captar y almacenar sus datos sin ningún control. La mayoría de los elementos de los medios utilizados para la investigación revelaron que la naturaleza secreta de la vigilancia en Zimbabue crea el riesgo de abuso por parte de los actores políticos. En 2020, el gobierno de Mnangagwa gastó 20 millones de dólares (el primer tramo de un contrato de cien millones de dólares que finalizará en 2025) en una fase inicial de una red de vigilancia estatal policial masiva en colaboración con Huawei. Según el acuerdo, CloudWalk Technology y Hikvision suministrarán la tecnología de reconocimiento facial, y la primera ya recopila los datos de millones de zimbabuenses bajo el registro biométrico de votantes para almacenar y procesar en China. Parte de las demandas de CloudWalk Technologies en la asociación incluyeron establecer redes de comunicación sólidas y estables, así como una amplia implementación de cámaras. Esto marcaría el siguiente paso en la asociación de inteligencia artificial con el Gobierno de Zimbabue, ya que el lanzamiento de un sistema de cámaras con reconocimiento facial depende en gran medida de protocolos de internet confiables.
La periodista Amy Hawkins señala en Foreign Policy que las intenciones de China van más allá de dar infraestructura y que Pekín se esfuerza por exportar su ideología, especialmente en torno a la vigilancia y el control, a los países africanos a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta.
¿Por qué importa esto?
La mayoría de los ciudadanos permanece indiferente a la creación de un estado de vigilancia que invade la privacidad y otros derechos humanos críticos, bajo la convicción de que son inmunes a los excesos del Gobierno mientras no sean activistas de derechos, actores políticos o periodistas. Esta creencia de que la violación de derechos humanos y digitales no les concierne en absoluto ha creado un terreno fértil para el surgimiento de una vigilancia generalizada en Zimbabue.
El despliegue de tecnologías de vigilancia en Zimbabue no se trata de garantizar la seguridad de los ciudadanos ni avanzar hacia un estado modernizado como sugieren las narrativas del Gobierno. Más bien, estas tecnologías son muy útiles para el espionaje y la influencia social a través del control de las narrativas y la configuración de la forma en que las personas deben pensar sobre el régimen gobernante. Un alto funcionario del Gobierno citado en medios locales confirma que, durante años, el Gobierno de Zimbabue ha estado construyendo una base de datos de inteligencia artificial de ciudadanos que utilizan tecnologías chinas.
La sección 57 de la Constitución de Zimbabue establece el derecho a la privacidad; sin embargo, esta disposición la viene violando flagrantemente el Gobierno de Zimbabue, ya que espía a los ciudadanos, almacena su información bajo la apariencia de un registro biométrico de votantes y probablemente utiliza esos datos con fines políticos. Aunque Zimbabue tiene una ley de protección de datos, los defensores de derechos humanos la critican como una legislación destinada a criminalizar la libertad de expresión en línea y tomar medidas enérgicas contra el espacio cívico, en lugar de ayudar a esta situación. La vigilancia fomenta la autocensura en las plataformas en línea y también sirve para socavar los derechos a la libertad de expresión y la libertad de asociación, consagrados en la Constitución bajo la sección 61 y la sección 58 respectivamente.
Este artículo fue publicado originalmente en https://advox.globalvoices.org/.Lea el original.