En septiembre de 2022, Szabolcs Panyi, periodista investigador de Hungría para Direkt36, publicó un reportaje sobre cómo el programa Pegasus había llegado a Hungría. En el reportaje se demuestra cómo el Gobierno puede abusar de las tecnologías de vigilancia sin tener en consideración los derechos humanos.
Panyi, que también es blanco del programa, explicó las circunstancias en que el programa Pegasus se introdujo en Hungría, así como el papel del Servicio de Seguridad Nacional en la transacción. En 2021, Direckt36 reveló que periodistas y figuras políticas en Hungría podrían haber sido espiadas con la herramienta.
Según Direkt36, en 2017, el Servicio de Seguridad Nacional encargó a la empresa Communication Technologies Ltd. adquirir el programa de espionaje elaborado por la empresa israelí NSO Group. Según algunas fuentes que sabían sobre la transacción, el programa se compró por 3000 millones de forintos húngaros (aproximadamente 7,45 millones de euros). En la investigación se descubrió que la compra se mantuvo en secreto porque, en octubre de 2017, el Comité de Seguridad Nacional del Parlamento votó de manera unánime y sin discusión a favor de eximir la compra del programa espía de la contratación pública.
El entonces dueño y director ejecutivo de Communication Technologies Ltd. era Peter Neuman, que además de su trabajo en filosofía de la ciencia y estudios en inteligencia artificial, era estudiante de ciberseguridad en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 2013 y tenía muchos enlaces con los miembros principales de los gobiernos anteriores al 2010 y a Fidesz. Después de 2010, su nombre se dio a conocer más cuando se convirtió en asesor de distintos grupos mediáticos en torno a la Congregación Judía Húngara Unificada, encabezada por el rabino Slomo Köves. Tiempo después, se convirtió en director ejecutivo de Telegraph, propietaria del diario 168 Hour y afiliada con la EMIH.
En los meses siguientes a la aprobación de la compra del programa Pegasus por el Comité de Seguridad Nacional, otro personaje apareció en Communication Technologies. László Hetényi, con experiencia en asuntos internos y representante exclusivo en Hungría de The Economist y The Wall Street Journal, adquirió primero el 10 % y luego 30 % de las acciones de la compañía.
En 2019, otro propietario se unió al equipo, László Tasnádi, exsecretario de Estado para cumplimiento de la ley y persona de confianza de Sándor Pintér, ministro del Interior, que inició su carrera antes del cambio de régimen. Antes de 1989, Tasnádi trabajó en el Departamento Antiterrorista para el Servicio de Inteligencia antes de pasar a la Jefatura de Policía de Budapest.
Direkt36 extrajo de los registros de la empresa que en 2018 los ingresos de Communication Technologies Ltd., que también comercia con tecnologías cibernéticas, habían aumentado de 150 millones de forintos (aproximadamente 373 000 euros) a 3,5 mil millones (unos 8,7 millones de euros) tras la adquisición de Pegasus.
El Servicio de Seguridad Nacional obtuvo una cuota para 50 dispositivos gracias a la compañía, pero luego esta cantidad tuvo que incrementarse debido al aumento de interés del programa Pegasus entre los servicios de inteligencia de Hungría. Según las fuentes entrevistadas por Direckt36, el Servicio de Seguridad Nacional utilizó el programa en operaciones de todos los servicios civiles de seguridad nacional, pero no en el Servicio Militar de Seguridad Nacional.
En declaraciones a Direkt36, un exoficial de inteligencia afirmó que el programa espía se usaba en Hungría incluso después de que estalló el caso del programa Pegasus. Los colegas de esta persona, que seguían activos, le dijeron que se había suspendido el uso del programa por un tiempo, pero que luego se había reactivado para tareas de vigilancia en cubierto.
Básicamente, el servicio de inteligencia tiene capacidades ilimitadas para recopilar datos en Hungría. No existen condiciones estrictas para operaciones de vigilancia, ni un organismo que las controle. El caso más reciente de Pegasus demuestra que no es un problema teórico: los teléfonos de los ciudadanos húngaros fueron hackeados sin que se conociera ningún motivo de seguridad nacional.
La situación de Hungría no es única entre los países que han implementado el programa Pegasus para espiar a disidentes. Así que urge regular el comercio de tecnologías de vigilancia y que incluyan garantías de derechos humanos.
Muchos organismos de control para los derechos digitales, como Privacy International, han estado informando desde 1995 sobre el daño que presenta el comercio y uso de programas espías para derechos humanos. En 2019, David Kaye, ex relator especial sobre la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas, expresó que es necesario que haya “una moratoria inmediata sobre la venta y transferencia global de tecnología privada de vigilancia”. Asimismo, afirmó que “la vigilancia ilegal persiste sin restricción alguna”. Sin embargo, países como Hungría siguen utilizando este programa sin ningún problema, aun después de que se reveló su existencia.
El escándalo de Pegasus nos muestra cómo los Gobiernos antidemocráticos en todo el mundo usan la tecnología para seguir y silenciar a activistas de derechos humanos, periodistas y disidentes. NSO Group, programador de Pegasus, afirma que tiene procedimientos que le permitiría abordar casos en los que el programa se use con defensores de derechos humanos. Cuando Human Rights Watch preguntó cómo respondía la empresa a tales afirmaciones, la empresa se remitió a su Política de Denuncias y a su Informe de Transparencia. Este último contiene información sobre el enfoque de la empresa en materia de derechos humanos. Con ayuda de un sistema de puntuación, describe cómo evalúa el estado de los derechos humanos en un país antes de iniciar negociaciones. Direkt36 informa que “Bélgica obtuvo 80, España, 75, Polonia y Hungría, 64 y 65, y Arabia Saudita, alrededor de 30”. El jefe de cumplimiento de NSO declaró que la empresa no trabaja con países que tengan un puntaje menor a 20.
Tras las revelaciones de Pegasus, los Gobiernos tomaron algunas medidas para presionar a la empresa. NSO Group fue incluida en la lista de restricciones comerciales del Departamento de Comercio de Estados Unidos por “haber actuado en contra de la política exterior y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”. Grupos de derechos humanos pidieron a la Unión Europea que agregara a NSO Group a la lista global de sanciones contra los derechos humanos. Muchas organizaciones de control y expertos independientes instaron a los Estados a que “aplicaran una moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y el uso de tecnología de vigilancia” hasta que se implementaran garantías de derechos humanos. Desde entonces no se ha tomado ninguna medida significativa.
La reciente investigación de Panyi muestra lo poco clara que es la industria internacional de vigilancia comercial. Esta opacidad dificulta en gran medida que las empresas se responsabilicen por el daño a los derechos humanos. Es por esto que se requieren sanciones a la industria y garantías sólidas en materia de derechos humanos para poner fin de una vez por todas a las violaciones de derechos humanos. Por desgracia, la declaración de Privacy International de 1995 sigue en pie: “Es en este entorno que las tecnologías de vigilancia se convierten en tecnologías de control político”.
Este artículo fue publicado originalmente en es.globalvoices.org. Lea el original.