
Por Ignacio Balboa
Cuando quienes ejercen responsabilidades públicas utilizan sus cargos en beneficio propio, no solo se apropian de recursos que pertenecen a todos: también erosionan la confianza ciudadana y debilitan las instituciones democráticas.
La corrupción no es un fenómeno nuevo, aunque últimamente parezca haberse instalado de forma permanente en los titulares de los medios de comunicación y en las conversaciones cotidianas. Es, en realidad, una práctica tan antigua como el propio ejercicio del poder y una de las amenazas más persistentes para la convivencia democrática.
Define la Real Academia Española la voz «polisemia» como la «pluralidad de significados de una expresión lingüística». Una característica de nuestro idioma que permite, por ejemplo, utilizar el sustantivo «banco» para referirse indistintamente a un asiento de madera, a una institución financiera o a un conglomerado de peces. Y es precisamente esa extraordinaria riqueza de significados la que permite aplicar una misma palabra a ámbitos tan diferentes como la biología, la sociología o la política. Tal es el caso de «corrupción», un término de lamentable actualidad.
En las ciencias biológicas, la corrupción alude a la alteración, descomposición o podredumbre de sustancias, cuerpos o alimentos. En el ámbito social y moral, hace referencia al deterioro o perversión de los valores, usos y costumbres de una sociedad, así como de las ideas y la rectitud de comportamiento de los individuos que la integran.
Pero es en el terreno político y de las administraciones públicas donde adquiere una dimensión especialmente preocupante. La define la RAE, en una de sus acepciones, como la «práctica consistente en utilizar indebidamente o de forma ilícita las funciones públicas en beneficio de quienes las ejercen». Una definición que, a la vista de los acontecimientos que conocemos, encuentra demasiados ejemplos en la actualidad.
Ya Aristóteles advertía en su Ética a Nicómaco que «el que es amigo de sí mismo en exceso no es buen ciudadano». Y un mal ciudadano difícilmente podrá ser un buen servidor público, añadiría yo.
Porque, aunque el uso indebido, ilícito o abusivo de cargos, funciones y recursos en beneficio propio o de terceros no es exclusivo de la actividad pública —la corrupción también existe en el ámbito privado—, resulta particularmente reprobable cuando quien incurre en ella ha recibido de los ciudadanos la responsabilidad de administrar lo que pertenece a todos. El servidor público corrupto no solo se lucra de los recursos ajenos: traiciona la confianza depositada en él y pervierte la finalidad misma de la función que desempeña.
¿Corrompe el poder a quienes lo ejercen o simplemente revela quiénes son?
La cuestión ha sido objeto de reflexión por parte de numerosos pensadores. Se ha repetido hasta la saciedad que el poder corrompe a quien lo ostenta. Desde el poeta romano Horacio, que dejó escrito: «Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá», hasta el historiador británico Lord Acton, en una carta dirigida a un obispo anglicano, donde advertía que «El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente».
Personalmente, me convence mucho más la reflexión atribuida a Marco Aurelio: «El poder no corrompe a las personas, sino que revela quiénes son realmente». Una consideración que sitúa el problema no tanto en el ejercicio del poder como en la catadura moral de quienes lo ejercen. Y conviene recordar que, afortunadamente, las prácticas corruptas no representan la conducta general de quienes desempeñan funciones públicas, sino una desviación de sus obligaciones. Al menos, eso quiero creer…
Existe, además, una secuencia bastante reconocible en los procesos de deterioro institucional y social que debería servirnos a modo de diagnóstico precoz de la corrupción. Comienza con la perversión del lenguaje, consecuencia del deterioro de las ideas, los valores y los principios.
Ya advertía George Orwell que «la degeneración del lenguaje es el compañero indispensable del abuso político». Porque cuando las palabras pierden su significado, cuando se manipulan los conceptos para justificar lo injustificable y cuando la mentira se disfraza de verdad mediante eufemismos y artificios retóricos, se deteriora también la capacidad de la sociedad para distinguir lo correcto de lo inadmisible.
A esa perversión del lenguaje suele sucederle la degradación de la convivencia. El enfrentamiento sustituye al diálogo, la descalificación desplaza a la argumentación y la violencia verbal termina contaminando las relaciones entre ciudadanos. Un escenario de polarización que puede ser aprovechado por quienes, desde posiciones de poder, encuentran en la confrontación una herramienta para ocultar responsabilidades, desviar la atención o perpetuarse en sus privilegios.
No existe un bálsamo de Fierabrás capaz de curar la corrupción
Recordaba Cervantes aquella prodigiosa pócima, supuestamente capaz de remediar todos los males, elaborada con aceite, vino, sal y romero, cocida a fuego lento, vertida en una alcuza de hojalata y aplicada recitando una salmodia consistente en «más de ochenta paternoster y otras tantas avemarías, salves y credos, acompañando a cada palabra una cruz a modo de bendición», para garantizar su benéfico efecto. Una suerte de remedio universal que, por desgracia, solo encontraba eficacia en el averiado magín de don Quijote.
Y tampoco existe una fórmula magistral para erradicar la corrupción de nuestras instituciones. Pero sí hay medidas que pueden contribuir decisivamente a prevenirla y combatirla. La primera, y seguramente una de las más importantes, es la elección de servidores públicos de probada honradez, integridad y rectitud de comportamiento. A ello debe añadirse el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar el correcto funcionamiento del Estado y de velar por el cumplimiento de la legalidad.
Instituciones independientes, procedimientos transparentes, controles rigurosos, protección efectiva de quienes denuncian irregularidades y una acción judicial libre de interferencias y coacciones deberían constituir elementos irrenunciables de cualquier democracia que se precie de serlo.
Pero la responsabilidad no termina en las instituciones, ni puede quedar exclusivamente en manos de quienes tienen encomendada su vigilancia. También corresponde a los ciudadanos mantener una actitud crítica, alerta y vigilante, incompatible con la resignación, la indiferencia o la tolerancia ante las prácticas ilegales. Porque cuando la sociedad termina aceptando la corrupción como algo inevitable, cuando la normaliza o la justifica en función de quién la protagonice, comienza a convertirse en cómplice de aquello que debería combatir.
La corrupción no solo sustrae recursos públicos: erosiona la confianza, debilita las instituciones, deteriora la convivencia y pone en cuestión los propios fundamentos de la democracia. Y frente a ella, el silencio, la indiferencia y el conformismo nunca son respuestas inocentes.
Lo expresó con contundencia la cantante estadounidense Joan Báez: «Si no peleas por acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella». Una advertencia que deberíamos tener muy presente. Porque la honradez de quienes nos gobiernan es una exigencia democrática, pero la integridad de una sociedad también se mide por su capacidad para no mirar hacia otro lado cuando se vulneran los principios que la sustentan.
Y los españoles no nos merecemos una democracia en la que la corrupción termine siendo norma y no excepción. ¿O sí…? @mundiario
