La entrada irregular de alrededor de 50.000 personas en Ceuta en apenas veinticuatro horas no fue una llegada migratoria convencional. La frontera quedó desbordada, el Ejército tuvo que desplegarse y una ciudad de poco más de 83.000 habitantes vio alterada por completo su vida cotidiana. Llamar «invasión» a lo sucedido puede discutirse desde un punto de vista jurídico, pero ya no puede despacharse como una extravagancia política. El propio Gobierno ha reconocido que España sufrió una violación de su integridad territorial.
Las palabras importan, sobre todo cuando una sociedad trata de comprender un acontecimiento excepcional. Desde el primer momento, buena parte de los medios españoles habló de «crisis migratoria», «avalancha» o «entrada masiva». Otros utilizaron directamente la palabra «invasión» o recogieron esa calificación en sus titulares. Fuera de España también aparecieron expresiones como invasion, breach, stormed across the border o border rush. No se trata, por tanto, de un término confinado a unas cuantas cuentas anónimas de redes sociales.
El Ministerio del Interior estimó que unas 50.000 personas cruzaron irregularmente la frontera entre el 30 y el 31 de julio. Las autoridades ceutíes elevaron inicialmente el cálculo hasta las 60.000. Marruecos admitió que alrededor de 40.000 personas se dirigieron hacia la ciudad española. Nunca se había registrado una entrada de semejante magnitud en la frontera sur de Europa: la crisis de mayo de 2021, que entonces pareció extraordinaria, dejó aproximadamente 10.000 llegadas.
En cuestión de horas accedió a Ceuta una población equivalente a más de la mitad de sus habitantes. Hubo comercios cerrados, miles de personas durmiendo en las calles, servicios públicos desbordados y vecinos que evitaron salir de sus casas. El Gobierno desplegó unidades militares y reforzó a la Guardia Civil. Días después todavía permanecían en la ciudad entre 2.500 y 5.000 de los recién llegados, según las distintas estimaciones oficiales. La mayoría regresó a Marruecos, en muchos casos por el mismo lugar por el que había entrado. RTVE situó en unas 50.000 las entradas y recogió el retorno de más de 48.000 personas.
La dimensión humana tampoco puede reducirse a una nota al pie. Decenas de personas murieron ahogadas o aplastadas durante los cruces, y muchas otras llegaron heridas o exhaustas. Reconocer esa tragedia obliga a prestar asistencia, identificar a los menores y respetar las garantías básicas. Pero la atención humanitaria y la defensa de la frontera no son principios incompatibles. Un Estado puede auxiliar a quien está en peligro y, al mismo tiempo, impedir que decenas de miles de personas entren por la fuerza o al margen de los controles establecidos.
Pedro Sánchez evitó utilizar la palabra «invasión», pero describió lo sucedido como una «violación deplorable de la integridad territorial de España». No es una diferencia menor. Si el presidente admite que ha sido vulnerada la integridad territorial del país, el episodio deja de pertenecer exclusivamente al ámbito asistencial y pasa a ser también un problema de soberanía y seguridad nacional. RTVE recogió literalmente esa calificación del jefe del Ejecutivo.
Incluso El País, que mantuvo la denominación de «crisis migratoria», informó de que el Partido Popular, Vox y responsables políticos europeos hablaban ya de «invasión». La ministra finlandesa del Interior empleó la expresión «invasión migratoria», mientras varios Gobiernos reclamaron a España que recuperase el control de su frontera. La discusión terminológica, por tanto, atravesó medios y partidos y llegó a otros países europeos. La cobertura de El País documentó tanto la magnitud del cruce como esas distintas calificaciones.
Jurídicamente, una invasión suele asociarse a la entrada de fuerzas armadas de otro Estado. No existen, por ahora, pruebas públicas de que las decenas de miles de personas que cruzaron la frontera integrasen una fuerza militar ni de que recibieran órdenes operativas del Gobierno marroquí. Presentar el episodio como una invasión militar consumada iría más allá de los hechos conocidos. Pero el lenguaje político y periodístico no tiene por qué limitarse al significado militar más estricto. La palabra también puede describir la entrada súbita, masiva y no autorizada de una multitud que desborda una frontera y altera el control efectivo de un territorio.
La cuestión verdaderamente relevante es si aquello fue un movimiento espontáneo o si Marruecos lo permitió, facilitó o utilizó como instrumento de presión. Rabat lo atribuye a rumores difundidos en las redes sociales, a las mafias y a la interpretación interesada de una reciente resolución judicial española. Las autoridades marroquíes niegan haber relajado deliberadamente la vigilancia. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sostiene lo contrario: acusa a Marruecos de haber permitido o favorecido la entrada masiva y habla de una agresión contra la ciudad. Reuters recogió ambas versiones y la acusación formulada por Vivas.
Mientras no concluya la investigación, la participación directa de Rabat debe presentarse como una hipótesis respaldada por indicios, no como un hecho definitivamente probado. Sin embargo, esa hipótesis tampoco puede descalificarse como una teoría extravagante. Existe un precedente inmediato. En 2021, el Parlamento Europeo rechazó expresamente que Marruecos utilizara el control fronterizo, la inmigración y hasta la presencia de menores como forma de presión política contra España. No fue la opinión de un medio conservador, sino una resolución de una institución de la Unión Europea. El Parlamento Europeo condenó entonces el uso de la migración como instrumento de presión política.
La propia legislación europea contempla ya la «instrumentalización de migrantes». El Reglamento europeo sobre situaciones de crisis define estos episodios como aquellos en los que un tercer país o un actor hostil fomenta o facilita desplazamientos hacia las fronteras exteriores con la intención de desestabilizar a un Estado miembro y poner en riesgo funciones esenciales, entre ellas el mantenimiento del orden público o la seguridad nacional. El Reglamento 2024/1359 incorpora expresamente esta categoría.
Ese concepto ayuda a entender por qué el debate de Ceuta no puede quedar encerrado entre dos etiquetas: «solidaridad» frente a «xenofobia». Las personas que participaron en el cruce pueden tener motivaciones económicas reales, sufrir pobreza o aspirar legítimamente a una vida mejor. Eso no impide que su movimiento sea aprovechado por gobiernos, redes organizadas o campañas digitales para poner a prueba una frontera, incluso en términos de guerra hibrida. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: puede haber seres humanos necesitados y, a la vez, una operación de desestabilización que se sirve de ellos.
La comparación con la Marcha Verde de 1975 aparece precisamente por esa combinación de población civil, presión territorial y ambigüedad política. No son acontecimientos idénticos. En el Sáhara existió una operación organizada por el Estado marroquí, con una finalidad territorial explícita y decenas de miles de civiles conducidos hacia la frontera. En Ceuta no se ha acreditado todavía una dirección semejante. Pero recordar aquel precedente no es absurdo, porque muestra que la utilización de grandes movimientos civiles puede formar parte de una estrategia territorial sin adoptar la forma clásica de una ofensiva militar.
También conviene rechazar que controlar la entrada equivale a negar la dignidad de quienes intentan cruzar. Los derechos humanos no eliminan las fronteras ni reconocen un derecho general a instalarse libremente en cualquier país. España puede conceder asilo, abrir vías legales de inmigración y socorrer a quienes se encuentren en peligro, pero conserva la potestad de decidir quién entra y bajo qué condiciones. Esa competencia forma parte de la soberanía estatal. La Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas garantizar la soberanía y la independencia de España y defender su integridad territorial. Así lo establece expresamente el artículo 8 de la Constitución.
Por otra parte, existe, además, una comparación internacional que pone en cuestión el uso indiscriminado de la etiqueta «ultraderecha» al salirse del discurso de crisis migratoria y referirse a los acontecimientos en términos de «invasión». Muchas medidas que en Europa se presentan como extremas forman parte de la política ordinaria de países asiáticos como Japón, Corea del Sur o Singapur. Allí se considera una función elemental del Estado controlar las fronteras, seleccionar la inmigración según las necesidades nacionales y expulsar a quienes carecen de autorización para permanecer en el país. Esas políticas pueden discutirse y, en algunos casos, resultar excesivamente severas, pero rara vez se utilizan para calificar a todo el sistema político como extremista.
Japón es un ejemplo especialmente revelador. Aunque ha ampliado la entrada de trabajadores extranjeros para responder al envejecimiento de su población, mantiene un control riguroso de la residencia y persigue activamente la permanencia irregular. No entiende la necesidad de mano de obra como una renuncia a decidir quién entra, durante cuánto tiempo y en qué condiciones. La inmigración se concibe como una política sometida al interés nacional, no como un derecho ilimitado de acceso al territorio.
Esta diferencia revela hasta qué punto las etiquetas dependen del marco político y mediático. Una política puede ser presentada como pragmática en Tokio y como xenófoba en Madrid, aunque persiga el mismo principio: que corresponde al Estado controlar su territorio y establecer los límites de su capacidad de acogida. No se trata de copiar las medidas más severas de Asia, sino de recordar que el control fronterizo no pertenece a una ideología concreta. Es una competencia básica ejercida, con distintos grados de dureza, por gobiernos de todo signo.
Por eso resulta insuficiente describir Ceuta únicamente como una emergencia humanitaria. Lo fue, sin duda, y con un coste humano terrible. Pero también fue un colapso fronterizo, una pérdida temporal del control territorial y una demostración de la vulnerabilidad española ante una movilización masiva procedente de Marruecos. Incluso quienes rechacen la palabra «invasión» deben admitir que el Gobierno no se enfrentó a una llegada ordinaria de inmigrantes, sino a una situación que obligó a desplegar al Ejército y que el propio presidente calificó como violación de la integridad territorial.
El término puede emplearse con precisión si se explica su sentido. No se trató de una invasión militar convencional ni todos los que cruzaron eran combatientes. Sí se produjo, en cambio, una entrada masiva, ilegal y descontrolada de ciudadanos extranjeros que quebró la frontera de una ciudad española y desbordó durante horas la capacidad del Estado. Negarse siquiera a discutir esa palabra no mejora el análisis. Solo protege un marco lingüístico en el que la dimensión humanitaria ocupa todo el espacio y la soberanía desaparece de la conversación.