El Gobierno ha anunciado una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a los menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta durante la última entrada masiva desde Marruecos. La respuesta oficial vuelve a plantearse casi exclusivamente en términos de acogida, reparto entre comunidades autónomas y creación de nuevas plazas. Sin embargo, apenas se habla de cuantos de esos menores están verdaderamente desamparados y cuántos tienen padres, hermanos, abuelos y un hogar al otro lado de una frontera terrestre.
La pregunta no pretende negar atención inmediata a quien pueda necesitarla. Un menor localizado solo debe ser protegido, identificado y atendido mientras se comprueba su edad y su situación. Lo discutible es convertir esa protección provisional en una tutela indefinida, sin que la localización de su familia y la posible reunificación ocupen el centro de la política pública.
No existe contradicción entre humanidad y control. Precisamente porque se trata de menores, el objetivo no debería limitarse a alojarlos en centros hasta que cumplan dieciocho años. Si sus padres existen, pueden ser localizados y están en condiciones de hacerse cargo de ellos, la solución más natural es reunirlos con su familia. Separar permanentemente a un adolescente de sus progenitores no se vuelve progresista por el simple hecho de que sea el Estado español quien pague la factura.
La reunificación familiar ya está prevista en la ley
Este planteamiento no es una ocurrencia radical ni contrario al ordenamiento jurídico. El artículo 35 de la Ley de Extranjería contempla la repatriación del menor, bien mediante la reagrupación con su familia, bien poniéndolo a disposición de los servicios de protección de su país de origen, siempre que se respete su interés superior.
El Reglamento de Extranjería vigente desarrolla expresamente ese procedimiento. Antes de adoptar una decisión deben investigarse la filiación y las circunstancias sociales y familiares del menor en su país. El procedimiento de repatriación puede iniciarse cuando la información recabada permita concluir que su interés superior queda mejor protegido reuniéndolo con su familia o poniéndolo bajo la protección adecuada en el país de origen.
Por tanto, la alternativa no es elegir entre abandonar menores en la frontera o mantenerlos indefinidamente en España. Existe una tercera vía, mucho más razonable: asistencia inmediata, identificación rigurosa, localización de los padres, evaluación individual y retorno asistido cuando sea seguro y beneficioso para el menor.
También la política europea admite esa posibilidad. Las normas comunes exigen garantías reforzadas antes del retorno de un menor no acompañado: debe comprobarse que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor o a un sistema de acogida adecuado. Es decir, Europa no prohíbe el retorno; prohíbe devolver a un niño al desamparo. Son cosas muy distintas.
¿Por qué casi nunca se habla de los padres?
El debate público suele comenzar cuando el menor ya está en España, como si careciera de historia, familia y país de procedencia. Pero muchos adolescentes no llegan desde una guerra ni aparecen en territorio español después de atravesar un continente sin referencias familiares. En el caso de Ceuta, una parte ha accedido directamente desde Marruecos, incluso por carretera o aprovechando la apertura de la frontera.
Eso obliga a formular preguntas incómodas. ¿Quién autorizó o facilitó el desplazamiento? ¿Sabían los padres que el menor iba a entrar en España? ¿Existe una expectativa de que la tutela pública española le proporcione alojamiento, formación y posteriormente residencia? ¿Qué gestiones concretas se están realizando para localizar a esas familias?
Responder a estas preguntas no criminaliza a los menores y permite distinguir a quien está verdaderamente desamparado de quien ha sido enviado o alentado a cruzar la frontera. Tratar todas las situaciones como idénticas perjudica a quienes realmente necesitan protección y crea un incentivo evidente para repetir el procedimiento.
Una política que ofrece tutela, manutención y expectativas de permanencia, pero apenas ejecuta reunificaciones familiares, transmite que enviar a un hijo menor puede convertirse en una vía indirecta de inmigración. Ese incentivo favorece a las redes, expone a los jóvenes a graves riesgos y traslada a España una responsabilidad que corresponde en primer lugar a sus padres y, subsidiariamente, al Estado marroquí.
La obligación prioritaria de un Estado
Todo menor posee dignidad y merece protección con independencia de su nacionalidad. Pero de esa afirmación no se deduce que un Gobierno carezca de obligaciones especiales hacia la sociedad que lo sostiene. La primera responsabilidad política del Estado español es garantizar la seguridad y unas condiciones de vida dignas a los ciudadanos españoles, especialmente a sus niños y familias más vulnerables.
No se trata de afirmar que la vida de un menor extranjero valga menos. Se trata de reconocer que las responsabilidades no son ilimitadas ni intercambiables. España puede prestar ayuda humanitaria, pero no puede sustituir permanentemente a todas las familias y a todos los gobiernos que incumplan sus propias obligaciones. Si España no protege a sus niños, no vendrá el rey de Marruecos a hacerlo por nosotros.
El Gobierno marroquí no puede presentarse eternamente como un actor pobre e incapaz de atender a su propia población. Rabat elige sus prioridades y dispone de recursos para ejecutarlas. Mientras España vuelve a movilizar millones para hacerse cargo de las consecuencias de la presión migratoria procedente de Marruecos, la monarquía alauí financia grandes proyectos deportivos y acelera su rearme.
Marruecos está construyendo cerca de Casablanca un estadio de 115.000 espectadores con el que aspira a albergar la final del Mundial de 2030. El proyecto tendrá un coste aproximado de 1.000 millones de dólares, según la información facilitada por los responsables de la obra a Reuters. No es el único desembolso: el país está reformando estadios, carreteras y otras infraestructuras para proyectar una imagen internacional de modernidad y grandeza.
Al mismo tiempo, el presupuesto de defensa marroquí alcanzará en 2026 un máximo histórico de unos 73.800 millones de dírhams —aproximadamente 7.870 millones de dólares—, según el análisis del International Institute for Strategic Studies. Marruecos compra armamento, desarrolla una industria militar propia y refuerza sus capacidades en plena rivalidad regional con Argelia.
La comparación resulta especialmente incómoda cuando se observan las carencias existentes dentro de España. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del INE, el 25,7 % de la población española se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social y el 8,5 % llegaba a fin de mes con mucha dificultad. La situación es todavía más grave en los hogares con menores. La tasa de pobreza o exclusión alcanzaba el 50,6 % en las familias formadas por un adulto con hijos dependientes y el 47,1 % en los hogares con dos adultos y tres o más hijos, según los datos del propio INE.
Al mismo tiempo, miles de jóvenes españoles retrasan indefinidamente su emancipación y la formación de una familia por el precio de la vivienda, la precariedad laboral y el coste de criar a un hijo. Las proyecciones demográficas publicadas por el INE en 2026 calculan que entre 2026 y 2040 nacerán aproximadamente 5,3 millones de niños, un 6,2 % menos que durante los quince años anteriores.
Ante esta realidad, es legítimo preguntar por qué aparecen recursos extraordinarios con rapidez para gestionar las consecuencias de una frontera desbordada, mientras numerosas familias españolas esperan durante años una vivienda pública, ayudas a la dependencia, atención psicológica, becas de comedor o apoyos efectivos a la natalidad.
Solidaridad no significa ausencia de límites
La solidaridad es una virtud cuando responde a una necesidad real, se administra con prudencia y no destruye la responsabilidad de quienes deben actuar en primer lugar. Cuando se convierte en una política automática, sin límites, comprobaciones ni exigencias al país de origen, deja de ser solidaridad y pasa a ser irresponsabilidad institucional.
España debe exigir a Marruecos cooperación efectiva para identificar a los menores, localizar a sus familias y hacer posibles retornos asistidos con garantías. También debe investigar si existió dejación de funciones, facilitación de las entradas o utilización política de la presión migratoria. La Unión Europea reconoce incluso la existencia de situaciones de instrumentalización de migrantes por terceros países y permite adoptar medidas especiales cuando la migración se emplea para desestabilizar o presionar a un Estado miembro.
La protección de la infancia no debería utilizarse como una consigna que cierre el debate. Precisamente porque hablamos de menores, hay que saber quiénes son, qué edad tienen, dónde están sus padres y cuál es la solución más favorable para cada uno. Acoger provisionalmente puede ser necesario; asumir automáticamente su tutela hasta la mayoría de edad no tiene por qué serlo. La política sensata se resume en cuatro principios: auxilio inmediato, identificación rigurosa, reunificación familiar siempre que sea segura y tutela pública reservada para quienes estén realmente desamparados.
Ayudar a quien lo necesita es solidaridad. Sustituir sin límite a las familias y al Estado de origen, mientras se desatiende a los propios ciudadanos, es otra cosa. Un Gobierno responsable puede proteger a un menor extranjero sin olvidar que su primera obligación política, social y moral es con los niños españoles que dependen directamente de él.