El último Debate sobre el Estado de la Nación se celebró en julio de 2022. Desde entonces, España ha encadenado tres años sin esta cita parlamentaria, una ausencia que ha generado críticas desde la oposición y entre diversos analistas, aunque el Gobierno recuerda que no existe ninguna obligación legal de convocarlo.
Durante décadas fue una de las imágenes más reconocibles de la política española. El presidente del Gobierno comparecía ante el Congreso para realizar un balance de la situación del país, responder durante horas a todos los grupos parlamentarios y someter su gestión al principal debate político del año. Sin embargo, esa tradición ha quedado interrumpida. En julio de 2026 se cumplen cuatro años desde la última edición del Debate sobre el Estado de la Nación, celebrada en 2022, la única convocada por Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa.
A diferencia de otros debates parlamentarios, esta cita no está prevista expresamente en la Constitución ni existe una norma que obligue al Ejecutivo a convocarla. El Reglamento del Congreso permite al Gobierno promover un debate de política general cuando lo considere oportuno, de modo que su celebración depende exclusivamente de la voluntad del presidente del Ejecutivo. Esa circunstancia explica que jurídicamente no pueda hablarse de un incumplimiento legal, aunque políticamente la decisión haya generado un intenso debate.
Tras el debate de 2022, el año siguiente coincidió con la convocatoria de elecciones generales, una de las circunstancias que tradicionalmente ha llevado a suspender esta sesión. Sin embargo, una vez iniciada la nueva legislatura, tampoco se convocó en 2024, 2025 ni en lo que va de 2026, algo poco habitual en la democracia española.
Las críticas más contundentes han llegado desde el Partido Popular, que sostiene que el Ejecutivo evita un debate que permitiría a la oposición confrontar directamente con el presidente sobre la situación política, económica e institucional del país. Los populares han llegado a proponer una reforma del Reglamento del Congreso para convertir esta cita en obligatoria con carácter anual y han acusado al Gobierno de debilitar los mecanismos de rendición de cuentas parlamentaria.
Esa crítica no se limita únicamente al ámbito partidista. Diversos analistas y columnistas han señalado que la ausencia del debate empobrece la vida parlamentaria, al privar al Congreso de un espacio destinado a discutir la orientación general del Gobierno más allá de comparecencias monográficas o sesiones de control. Desde esta perspectiva, el problema no sería únicamente la inexistencia del debate concreto, sino una reducción de los grandes debates políticos sobre cuestiones estratégicas para el país.
El Gobierno, por su parte, ha defendido en distintas ocasiones que el presidente comparece con frecuencia en el Congreso para informar sobre asuntos específicos y responder a las preguntas de los grupos parlamentarios. Desde Moncloa se sostiene que esos mecanismos de control parlamentario siguen funcionando y que el Debate sobre el Estado de la Nación no constituye el único instrumento para rendir cuentas ante la Cámara.
Cuatro años después de la última edición, la ausencia del Debate sobre el Estado de la Nación ha dejado de ser una cuestión meramente política para convertirse también en un debate institucional. La pregunta es sencilla: ¿debe una de las principales herramientas de control parlamentario depender exclusivamente de la voluntad del Gobierno?
La cuestión permanece abierta. Mientras unos consideran que el debate tiene un alto valor simbólico y democrático por permitir un balance global de la acción del Gobierno, otros recuerdan que el Parlamento dispone de múltiples instrumentos de control y que la legislación española no impone la obligación de celebrar esta sesión. Lo cierto es que, cuatro años después de la última convocatoria, el Debate sobre el Estado de la Nación sigue siendo uno de los grandes ausentes de la actual legislatura.