La inflación puede haberse moderado en las estadísticas, pero no en los supermercados. Mientras los datos oficiales apuntan a una desaceleración de los precios, millones de familias comprueban cada semana que llenar el carrito cuesta mucho más que hace cinco años. La crisis inflacionaria quizá haya salido de los titulares, pero sigue instalada en los bolsillos.
Diversos análisis elaborados a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística sitúan el incremento acumulado de la cesta de la compra en torno al 42% desde 2019. En otras palabras, una compra que costaba 100 euros antes de la crisis sanitaria ronda ahora los 142 euros.
La magnitud de la subida resulta más evidente cuando se observa la evolución de los alimentos frente al resto de la economía. Un estudio de CaixaBank Research señalaba que entre diciembre de 2019 y agosto de 2024 los precios de los alimentos habían aumentado un 30,7%, muy por encima del IPC general, que acumulaba una subida del 17,9%.
Desde entonces, los precios han seguido avanzando. Aunque el ritmo anual de crecimiento se ha moderado, el problema para los consumidores no es tanto cuánto suben hoy los precios como el hecho de que los incrementos de los últimos años se han consolidado. Lo que se encareció durante la crisis energética y las tensiones internacionales apenas ha vuelto a los niveles previos.
Los productos básicos son los que mejor reflejan esta realidad. Los huevos se han convertido en uno de los símbolos del encarecimiento alimentario. Dependiendo del periodo analizado, su precio ha llegado a duplicarse respecto a los niveles previos a la pandemia. También destacan las fuertes subidas del café, la carne de vacuno, las frutas, el cacao, las infusiones o determinados productos frescos.
Las causas son múltiples. Primero llegó el impacto de la pandemia sobre las cadenas globales de suministro. Después, la crisis energética elevó los costes de producción y transporte. Más tarde, la guerra de Ucrania disparó el precio de materias primas esenciales como los cereales, los fertilizantes y los combustibles. A ello se han sumado episodios de sequía, problemas de producción agrícola y tensiones geopolíticas que siguen afectando a los mercados internacionales.
Sin embargo, el debate económico no termina ahí. Organizaciones de consumidores han comenzado a cuestionar si todo el aumento de precios puede explicarse únicamente por el incremento de costes. La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) presentó este año una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al considerar que la concentración del sector de distribución podría estar favoreciendo aumentos de márgenes empresariales superiores a los estrictamente necesarios para absorber los costes. Según datos citados por la propia organización, el margen sobre ventas de la cadena agroalimentaria habría pasado del 4,7% en 2019 al 6,5% en 2024.
Sea cual sea el peso exacto de cada factor, las consecuencias sociales son visibles. Cada vez más consumidores reconocen haber modificado sus hábitos de compra. Se comparan más precios, aumentan las visitas a distintos supermercados, crece el consumo de marcas blancas y se reducen los productos considerados prescindibles. Un estudio reciente mostraba que el 63% de los consumidores ha cambiado su comportamiento por la subida de los alimentos y que cuatro de cada cinco hogares afirman gastar más en alimentación que hace un año.
La paradoja es que, mientras la inflación anual ronda actualmente el 3%, muchas familias siguen sintiendo que su nivel de vida se deteriora. La razón es sencilla: los precios ya no crecen al ritmo explosivo de hace unos años, pero permanecen en niveles históricamente altos. La inflación puede haberse moderado; la factura del supermercado, no.