La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido en su último informe sobre riesgos fiscales de que las sentencias judiciales desfavorables para el Estado provocaron un impacto superior a 14.400 millones de euros sobre el déficit público entre 2024 y 2025. Se trata de una cifra equivalente a cerca del 1% del PIB español y que confirma que la inseguridad jurídica se ha convertido en uno de los principales riesgos para las finanzas públicas.
El grueso de este coste se concentró en 2024. Solo ese año, las resoluciones judiciales añadieron más de 11.200 millones de euros al déficit público. En 2025 la cifra fue menor, llegando a los 3.100 millones de euros.
La sentencia con mayor impacto económico fue la relacionada con las devoluciones del IRPF a antiguos mutualistas. El Estado tuvo que asumir un coste de 5.936 millones de euros entre la Administración central y las entidades locales. La resolución afectó a pensionistas que habían realizado aportaciones a antiguas mutualidades laborales y que, según los tribunales, habían soportado una tributación indebida durante años.
Otro golpe importante llegó con la anulación parcial de la reforma del Impuesto sobre Sociedades aprobada en 2016. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos aspectos de la norma, obligando a Hacienda a devolver 3.048 millones de euros en 2024 y otros 1.057 millones en 2025. En total, más de 4.100 millones de euros.
A ello se suman las indemnizaciones derivadas de la extensión del complemento de maternidad a los hombres pensionistas. Esta cuestión supuso otros 1.108 millones de euros en 2024 y más de 500 millones adicionales en 2025.
La lista continúa con otros litigios menos conocidos pero igualmente costosos. El bono social eléctrico ha generado un impacto cercano a los 913 millones de euros. El Impuesto sobre Actividades Económicas aplicado a operadores de telefonía móvil ha supuesto alrededor de 1.400 millones. También aparecen devoluciones relacionadas con instituciones de inversión colectiva, fondos de comercio de empresas extranjeras y diversos procedimientos tributarios.
Sin embargo, la AIReF considera que lo más preocupante puede estar todavía por llegar. El organismo identifica como uno de los mayores riesgos fiscales actuales el litigio relacionado con el Impuesto sobre Hidrocarburos. La posible devolución de cantidades cobradas indebidamente podría alcanzar los 6.500 millones de euros, una cifra que ya ha sido provisionada parcialmente por el Estado ante la posibilidad de futuras resoluciones desfavorables.
Además, siguen abiertos procedimientos relacionados con arbitrajes internacionales por las energías renovables, concesiones de autopistas, tasas vinculadas a residuos radiactivos, dominio radioeléctrico y posibles responsabilidades derivadas de los avales ICO concedidos durante la pandemia. Todos ellos podrían traducirse en nuevas obligaciones económicas para el Estado en los próximos años.
La AIReF calcula que, entre 2014 y 2025, las sentencias judiciales desfavorables han supuesto un coste acumulado de 19.407 millones de euros para las administraciones públicas.
La AIReF reclama una evaluación más rigurosa de los riesgos legales antes de aprobar reformas con impacto económico, especialmente en materia tributaria. El objetivo es reducir una factura que, según muestran los datos, ya no puede considerarse excepcional, sino una partida recurrente con efectos muy reales sobre el déficit y la deuda pública.