Laura L. Ruiz
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Dos años después del inicio de la pandemia, sigue habiendo dudas en el conteo de fallecidos en las residencias, cuántos de estos murieron al negarles el traslado a hospitales y siguen sin ser depuradas las responsabilidades políticas. La plataforma Verdad y Justicia nace para que los casi 8.000 fallecidos en las residencias de Madrid no se olviden.
“Durante la primera ola de la pandemia, los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020, la Consejería de Sanidad de Madrid emitió unos protocolos por los que se impidió trasladar de las residencias de mayores a los hospitales a las personas más vulnerables, con alto grado de dependencia o deterioro cognitivo, que necesitaron asistencia sanitaria. Como consecuencia, murieron 7291 personas sin recibir atención hospitalaria, de ellos, 5795 con covid”. Así empieza la carta de la Plataforma Verdad y Justicia con la que invita a sumarse a todo aquel que quiera que se esclarezcan las causas del fallecimiento de miles de mayores en los centros residenciales en la Comunidad de Madrid. Personas que no fueron derivadas a hospitales, que muchas no tuvieron la asistencia médica necesaria, que no tuvieron personal de atención suficiente, mientras sí que se derivaban a otras personas en situación médica similar con seguro médico privado o se rechazaban apoyos como centros privados que se propusieron desde el Gobierno central. “Consideramos que, ante una situación tan grave, ninguna sociedad sana puede pasar página o dejar de reaccionar”, dicen en otro párrafo, porque ya han pasado más de dos años, cientos de denuncian son archivadas o vagan en los juzgados y la única vía de investigar el caso de forma política fue cerrada de forma abrupta y precoz.
Esas semanas de incertidumbre y de miedo siguen siendo recordadas por miles de familiares y trabajadoras de los centros. Como María Mercedes Huertas, que perdió a su padre, Juan, el día 6 de abril de 2020. “Después del cierre de puertas para los visitantes, a los 15 días cayó muy malito. Nos dijeron que le habían puesto en una habitación solo y que solo tenía febrícula. Esos días después, solo conseguimos hablar con la residencia tres o cuatro veces, una de ellas cuando nos dijeron que había fallecido”. “Intento no caer en ello -explica a El Salto Mercedes- pero no puedo evitar pensar: ¿él se sintió solo? ¿era consciente de lo que pasaba? ¿sufrió? Me moriré con la duda”. Las dudas de Mercedes son las de muchas personas que no saben ni cómo ni exactamente cuándo murieron sus familiares porque, como en el caso de Juan, fueron encontrados muertos en su habitación por un trabajador tiempo después.
Las mismas preguntas se hace María Jesús Valpa sobre la muerte de su padre, que murió de posible covid el 26 de marzo de 2020. “Hay momentos muy duros porque te llegan historias terribles y piensas que tu padre ha podido morir así, ahogado, solo”, explica María Jesús que lucha para saber cómo y sobre todo por qué murieron todas esas personas mayores. Lo hace en la asociación Marea de Residentes y ahora en la Plataforma Verdad y Justicia que acaba de nacer, junto a Mercedes y otros muchos.
Se presenta en Madrid este próximo 18 de mayo con la esperanza de que cada vez más parte de la sociedad se una y reclame responsabilidades civiles y políticas. No solo se unen familiares, también se han unido caras conocidas del mundo de la cultura, como Tristán Ulloa, o de los medios de comunicación, como Manuel Rico, pero también trabajadoras, como Nandi Gutierrez, técnica en cuidados auxiliares de enfermería. “Me he unido a la plataforma por tres razones: primero como trabajadora, como parte del sindicato Mats, segundo, porque en Marea de Residencias hay muchos familiares con ganas de sacar a la luz lo que hay dentro y, tercero, porque esto es una dictadura”, dice Nandi, en referencia a la sanción que le ha llevado incluso a ser trasladada de centro cuando protesta por la precariedad laboral o por la falta de personal en todos los centros residenciales.
“Me gustaría que fueran todas las residencias 100% públicas, que no sean macrocentros y tomar nota de que la pandemia solo ha hecho evidente lo mal que estaba. Los mayores como negocio”
Ellas como muchas trabajadoras y familiares también tienen en mente que lo ocurrido en la pandemia con los mayores puede volver a pasar y el origen de esas muertes está en el modelo de residencias que el covid no hizo más que evidenciar. “Me gustaría -explica la trabajadora- que fueran todas las residencias 100% públicas, que no sean macrocentros y tomar nota de que la pandemia solo ha hecho evidente lo mal que estaba. Los mayores como negocio”. Por eso, no es raro que muchas de ellas militen en Marea de Residencias, donde luchan por un sistema de cuidados mejor y que hayan entendido que deben centrar sus esfuerzos en esclarecer qué pasó en la primera y segunda ola del covid en los centros geriátricos.
La comisión política cerrada por Ayuso
Las vías que familiares y trabajadoras han encontrado son dos: la vía judicial y la vía política. Esta última logró formarse pero la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la cerró de forma precoz y acelerada. “En el poco tiempo que tuvimos de trabajo en la comisión se evidenció varias cosas: que los protocolos se ejecutaron tal y como se transmitió desde la Dirección General de Atención Sociosanitaria (firmados por el doctor Carlos Mur) tuvieron siempre en contra al entonces consejero de Políticas Sociales, Familias e Igualdad, Alberto Reyero. También pudimos ver que los únicos que tuvieron garantizada la atención médica fueron los mayores con mutua privada. Y otra cosa que constatamos fue que contrataran a la hija de Antonio Burgueño (asesor médico de Ayuso) para medicalizar las residencias con una infraestructura nula fue una pantomima para buscar una solución a esa falta de atención”. Quien explica todos estos puntos es José Ángel Gómez Chamorro, secretario de Atención a la Dependencia del PSOE madrileño y presidente de la comisión de residencias de la Asamblea de Madrid.
La nueva situación política después de las urnas ha puesto aún más difícil volver a convocar la comisión, ya que PP y Vox se aliaron para rechazar esta posibilidad
“El propio Gobierno regional del PP -explica Gómez Chamorro- tuvo dos objetivos claros: hacer oposición al Gobierno estatal no actuando sobre las competencias transferidas en materia de residencias y ajustar cuentas con Reyero, cercenando todas sus competencias de las soluciones, asumidas por Sanidad. La propia consejera desautorizó a Políticas Sociales que insistía en pedir ayuda a la UME”. El trabajo de la comisión acabó con la convocatoria de elecciones, algo que en opinión de Reyero, la propia Ayuso “tenía en mente” cuando dio el paso. La nueva situación política después de las urnas ha puesto aún más difícil volver a convocar la comisión, ya que PP y Vox se aliaron para rechazar esta posibilidad.
Pese a ello, Chamorro sigue manteniendo viva la vía política para que se esclarezca lo ocurrido. “Desde la Asamblea insistimos en la constitución, que es un compromiso que adquirió con Marea de residencias, con los trabajadores, familiares y demás personas involucradas, comenta, por eso no duda en decir que está “totalmente de acuerdo con la posición de la Plataforma Verdad y Justicia para pedir apoyo político para que la comisión se constituya de nuevo”. Esto pasa no solo por la Asamblea de Madrid, si no que desde los ayuntamientos que vieron cómo decenas de mayores morían en las residencias de sus términos municipales se aúpe la investigación. Es el caso de Alcorcón y Getafe, donde ya hay demandas desde los consistorios especialmente por la no medicalización de las residencias.
Casi 400 querellas solo en Madrid
Otra de las vías que tomaron cientos de familias es la penal. Casi 400 casos iniciaron el periplo judicial para que se investigara lo ocurrido. Muchas de ellas han sido archivadas, otras siguen esperando y otras ya están en recursos a instancias superiores. Un conjunto de abogados trabajan pro bono para que estas familias alcancen la justicia. Uno de ellos es Carlos Vila, que lleva meses ayudando desde Marea de Residencias en estas demandas. “Se presentaron querellas de forma conjunta pero los jueces las han ido separando por residencias. Así hay muchos procedimientos tanto en Madrid, como en Leganés, Alcorcón, Majadahonda, Alcalá, Torrejón, etc. Incluso hay querellas divididas por personas, sobre todo al principio en Madrid”, explica el abogado. El equipo legal se ha encontrado con la reticencia de los jueces de instrucción a hacer declaraciones o reunir pruebas, pese a que el Tribunal Supremo en un auto de diciembre de 2020 dio instrucciones de investigar estas querellas. “Lo que han hecho muchos juzgados es tomar declaración a los directores de los centros y pedir el informe forense de la persona fallecida. Solo eso”.
Y es que para abogados, familiares y trabajadores de las residencias lo que llama la atención es que no se haya pedido explicaciones a los que iniciaron los protocolos
Y es que para abogados, familiares y trabajadores de las residencias lo que llama la atención es que no se haya pedido explicaciones a los que iniciaron los protocolos que muchos médicos han declarado haber seguido. “No hay ni un solo juez que haya pedido la declaración de Mur o de Reyero”, indica Vila. Él y sus compañeros abogados pelean para reabrir casos archivados, que se demuestre que no tuvieron la atención médica necesaria, que hay una responsabilidad en ello y que fue una medida discriminatoria. “Por mucho que los sanitarios de las residencias hablaran con el geriatra de enlace con el hospital, este nunca vio a los residentes, nunca se les hicieron pruebas para diagnosticar, como una simple placa de rayos x para ver si había neumonía”, comenta. Es el caso de Juan, el padre de María Mercedes, que tiene como prueba un vídeo grabado en el que se ve que su padre no contaba con oxígeno en la habitación -más allá del pequeño condensador que él ya tenía antes de la pandemia- ni siquiera con una toma para poner una bombona. “Yo estoy segura de que si lo trasladan, mi padre se salva”. De hecho Juan murió con un tratamiento consistente en cuatro antibióticos, uno de ellos al que era intolerante.
Esta falta de profundización en las investigaciones o la falta de encaje judicial para muchos magistrados ha hecho que de las 400 querellas iniciales muchas se hayan archivado. Algunos familiares han desistido -por el dolor que les genera, por la falta de recursos, entre otras causas- pero muchos han llevado sus casos al Constitucional. De momento son once casos en varios centros: en la residencia Amavir de Fuenlabrada, el centro Francisco de Vitoria en Alcalá de Henares, la Domus Mirasierra, Los Nogales en Pontones y en el centro Aralia de Ensanche de Vallecas. Todas ellas admitidas a trámite, aunque queda por ver el informe para ver si sigue el procesamiento. “En estos recursos de amparo pedimos que el Constitucional obligue a investigar en base al auto del Supremo y que si hay elementos razonables de delito sigan el proceso, al Supremo si hay aforamiento de políticos o el superior de justicia en los otros”, explica Carlos Vila.
El Constitucional y Estrasburgo contra la impunidad
En los procesos que siguen abiertos parece que hay una ligera esperanza tras la reunión de Amnistía Internacional y Marea de residencias con el poder judicial. Un mínimo cambio de actitud que pasa por algo tan elemental como que pidan a los investigados (imputados) que acudan a declarar cuando se les llama. “Si la fiscalía no ve discriminación en estos protocolos, qué puedes esperar de los jueces”, se pregunta María Jesús Valpa, que denuncia un “acuerdo tácito” entre los implicados. Ella, como muchas otras familias que piden justicia para sus familiares, piensa en ir más allá del Constitucional: los tribunales europeos. “No todas las familias tienen recursos y los abogados no pueden asumirlo, pero yo lo llevaría a Estrasburgo (Corte europea de los Derechos Humanos), porque tengo la impresión de que no va a llegar a nada en España. Es muy duro pensar que han muerto casi 8.000 personas, que sepamos, y que no importe”.
Desde los letrados estas vías se muestran difíciles. Partiendo de que el Constitucional ya resolvió un recurso de 13 trabajadores de residencias que denunciaban un delito contra la seguridad en el trabajo y los derechos de los trabajadores. Ocho meses tardaron en dar una contestación que solo constaba de dos líneas de texto y donde el alto tribunal valoraba que no existía ‘contenido constitucional’ en la denuncia. De las pocas vías judiciales que pudieran quedar está la del contencioso-administrativo. Vila opina que los autos obtenidos hasta ahora podrían demostrar que no se hicieron bien las cosas y optar a indemnizaciones. Algo en lo que ya se han puesto a trabajar al tener solo un año para hacerlo desde que el proceso penal acaba.
El objetivo: que no vuelva a pasar
Para quienes han puesto en marcha la Plataforma Verdad y Justicia en las residencias además de aclarar el pasado, tienen un objetivo de futuro: que no vuelva a pasar. Son muchos los integrantes que han sufrido una pérdida en la pandemia pero que también tienen a otro familiar ahora en un centro geriátrico. Es el caso de María de las Mercedes, que tiene a su madre, o de Carmen Martín, con su madre en una residencia de Leganés. Ella se enteró que su madre había tenido covid en junio, tiempo después, porque en un análisis le detectaron anticuerpos en sangre. “No me lo podía creer cuando se dijo lo de los protocolos. Yo tenía claro que no quería que mi madre estuviera conectada a un respirador de forma indefinida, pero tampoco que se ahogara en su propia cama”, explica Carmen, que está segura de que si esos protocolos, muchos ancianos hubieran sobrevivido. “A lo mejor hubiera sido solo el 10%s, pero estamos hablando de 800 padres y madres salvados”.
“Se escudan en que no quieren hacer daño a los familiares con la reapertura, pero el daño fue al discriminar a las personas mayores y que no sepamos qué pasó”
“Esta nueva plataforma -comenta- quiere apoyarse en personas que pongan cara a esta lucha, más conocidas que las hijas o nietas de las personas fallecidas. Queremos que se reabra la comisión de investigación que se cerró en falso en la Asamblea, porque quedó por declarar gente muy importante que realmente podría hablar de la realidad de lo que ocurrió”. “Se escudan en que no quieren hacer daño a los familiares con la reapertura, pero el daño fue al discriminar a las personas mayores y que no sepamos qué pasó”. resuelve Carmen. “Queremos abrir una ventana para que el resto de la sociedad no se quede con una idea vaga de lo que pasó”, concluye María de las Mercedes, que advierte que “nos puede afectar a cualquiera algo parecido y, sobre todo, a los colectivos más vulnerables”.