Pocas crisis han sido tan globales, tan mediáticas y tan rentables como la pandemia de COVID-19. Mientras millones de personas perdían la vida, otras la salud, y muchas más su empleo, sus negocios y su estabilidad emocional, una élite financiera supo ver en ese colapso una oportunidad histórica de enriquecimiento. La salud, presentada como valor supremo, se convirtió en un bien especulativo. Y los que más se beneficiaron no fueron médicos, enfermeros o investigadores independientes, sino fondos de inversión opacos, conocidos en el argot económico como fondos buitre, que encontraron en hospitales, farmacéuticas y laboratorios el terreno perfecto para maximizar sus beneficios sin escrutinio público.
Un fondo buitre es una entidad financiera que invierte capital en activos de riesgo —generalmente en situación de crisis— para luego obtener rendimientos extraordinarios mediante la especulación, la venta fragmentada o la reestructuración agresiva. Su nombre proviene de su estrategia carroñera: aprovechar la debilidad del sistema, comprar barato y extraer beneficios rápidos sin interés real por el producto o servicio. Durante la pandemia, el sistema sanitario global, especialmente en países donde la sanidad está parcial o totalmente privatizada, fue uno de los objetivos principales de este modelo de negocio.
El primer campo de operaciones fue el hospitalario. En Estados Unidos, Reino Unido, España y América Latina, varios grupos financieros —entre ellos Blackstone, KKR, CVC Capital Partners o Centene— invirtieron en redes hospitalarias privadas, laboratorios de análisis clínico y aseguradoras sanitarias. En España, por ejemplo, los fondos buitre aprovecharon la saturación del sistema público para impulsar las pruebas PCR y test de antígenos en laboratorios privados, multiplicando sus ingresos. Las urgencias colapsadas y las listas de espera derivaron miles de pacientes al sector privado, donde se inflaron los precios, se recortaron servicios y se maximizó el beneficio, a menudo a costa del trato al paciente y de las condiciones laborales del personal.
El segundo ámbito de negocio fue el farmacéutico. Las vacunas de ARN mensajero fueron desarrolladas con inversión pública masiva, pero los beneficios quedaron en manos privadas. Empresas como Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson & Johnson vieron dispararse su capitalización bursátil en cuestión de meses. En paralelo, fondos como Vanguard, BlackRock y State Street, los tres principales accionistas de las grandes farmacéuticas del mundo, cosecharon beneficios multimillonarios gracias al alza de las acciones y a los contratos blindados firmados con gobiernos, que garantizaban compras masivas sin responsabilidad legal por efectos secundarios. Estos contratos, en su mayoría confidenciales, incluían cláusulas de protección jurídica para las farmacéuticas, incluso en caso de negligencia.
Pero los movimientos más agresivos se produjeron en el terreno menos visible: el de los laboratorios clínicos, los fabricantes de material médico y las plataformas tecnológicas aplicadas a la salud. Desde el comienzo de la pandemia, empresas especializadas en kits diagnósticos, equipos de protección individual (EPI), respiradores o sistemas de trazabilidad digital fueron objeto de adquisiciones por parte de grandes fondos. También se financiaron startups de vigilancia sanitaria, inteligencia artificial aplicada al control epidemiológico y compañías que desarrollaban aplicaciones de rastreo, pasaportes digitales y certificados de inmunidad. El negocio no era solo biológico, sino también informacional: controlar los datos sanitarios de la población se convirtió en uno de los activos más codiciados.
El caso de Moderna es paradigmático. En 2019, antes del estallido del COVID-19, la empresa apenas figuraba en el mercado. En menos de dos años, y gracias a su vacuna basada en tecnología ARNm, su cotización se multiplicó exponencialmente. ¿Quiénes se beneficiaron? Además de sus directivos —que vendieron acciones en momentos estratégicos por cientos de millones de dólares—, los fondos que habían invertido previamente en la compañía vieron dispararse sus dividendos. Una parte sustancial de ese enriquecimiento fue posible por las garantías estatales: compra asegurada, sin competencia, y con promoción institucional en medios y campañas públicas.
Pero más allá de los datos económicos, lo preocupante es el modelo que se consolidó: la salud como terreno de especulación. En lugar de fortalecer los sistemas públicos, muchos gobiernos optaron por subcontratar, externalizar o financiar con dinero público a empresas privadas. El resultado fue doble: por un lado, la privatización encubierta de funciones sanitarias; por otro, el debilitamiento de lo común, de lo público, de lo que debería ser un bien no mercantilizable. El relato oficial hablaba de solidaridad, pero la práctica evidenció una concentración brutal de poder económico en manos de los de siempre.
Este fenómeno plantea una pregunta fundamental: ¿quién decide sobre nuestra salud? ¿Los profesionales sanitarios, las instituciones públicas y los pacientes? ¿O los consejos de administración de fondos cuyo objetivo no es la vida, sino el beneficio trimestral? Cuando el sistema de salud depende de decisiones tomadas en despachos financieros, se distorsiona el propósito original de la medicina. La prevención, el cuidado, el acceso universal y la ética quedan subordinados a la rentabilidad, al crecimiento bursátil y a las decisiones de inversores que ni conocen ni sufren las consecuencias de sus acciones.
La pandemia no inventó el problema, pero lo evidenció con crudeza. Y lo que es peor: normalizó la idea de que es legítimo hacer negocio con la enfermedad, que está bien lucrarse del miedo, del colapso, del dolor colectivo. Los aplausos a las 8 de la tarde no impidieron que hospitales fueran absorbidos por fondos extranjeros, que miles de sanitarios fueran despedidos tras la primera ola, o que la salud mental fuera sistemáticamente ignorada porque no generaba dividendos.
Hoy, cuando se habla de “reconstrucción postpandémica”, es indispensable abrir este debate. Porque no hay democracia sanitaria posible mientras los mercados financieros dicten las prioridades médicas. Porque no puede haber ética en la medicina si el horizonte es la maximización del beneficio. Y porque el dolor colectivo no puede seguir siendo un activo especulativo más.
La salud debe ser recuperada como un bien común, gestionado de forma transparente, con criterios de justicia, equidad y participación ciudadana. Para ello, no basta con más inversión: hace falta una reforma estructural que saque a los fondos buitre de la gestión sanitaria, que devuelva el protagonismo a lo público y que proteja el derecho a la salud como lo que es: un derecho humano, no un negocio de alta rentabilidad.