La libertad de prensa suele invocarse como uno de los pilares fundamentales de la democracia europea. Bruselas lo repite con frecuencia, especialmente desde la aprobación de la Unión Europea y del nuevo marco regulatorio conocido como European Media Freedom Act (EMFA), concebido oficialmente para reforzar la independencia editorial y proteger a los medios frente a presiones políticas o empresariales. Sin embargo, el verdadero examen no está en los discursos institucionales, sino en cómo actúan los propios Estados miembros cuando el foco se posa sobre ellos.
Durante los últimos meses, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acumulado una serie de movimientos que, para parte de la oposición política y determinados analistas internacionales, dibuja una creciente intervención del poder político en sectores estratégicos de comunicación e influencia mediática.
El punto de inflexión llegó en julio de 2024, cuando Sánchez anunció reformas destinadas a actuar contra los llamados “pseudomedios”. El Ejecutivo presentó la iniciativa como una respuesta frente a la desinformación y a estructuras mediáticas opacas. Sin embargo, el debate rápidamente se desplazó hacia quién decide qué es un medio legítimo y bajo qué criterios puede acceder a financiación pública o institucional.
La polémica no fue menor porque coincidía con la entrada en vigor progresiva del EMFA, una normativa europea diseñada precisamente para evitar interferencias gubernamentales sobre el ecosistema mediático. Diversos críticos comenzaron entonces a advertir de un posible uso político del concepto de “desinformación”, no tanto para perseguir contenidos falsos demostrables, sino para establecer mecanismos de exclusión institucional sobre medios incómodos o críticos con el Gobierno.
La discusión no es exclusivamente española. En varios países europeos existe desde hace años una tensión creciente entre regulación digital, control narrativo y pluralismo informativo. Pero el caso español empezó a llamar especialmente la atención cuando el Ejecutivo amplió su influencia sobre Telefónica. A finales de 2023, el Estado español, a través de la SEPI, anunció la adquisición de hasta un 10% del capital de Telefónica con el argumento oficial de proteger una infraestructura crítica nacional tras la entrada del grupo saudí STC en el accionariado.
Formalmente, la operación fue presentada como una decisión estratégica similar a las que aplican otros países europeos en sectores sensibles. Pero la situación cambió de dimensión cuando el Gobierno impulsó posteriormente una renovación en la cúpula de la compañía. El propio Sánchez defendió públicamente el relevo directivo en Telefónica durante el foro económico de Davos, calificándolo como un movimiento “estratégico”. A partir de ahí comenzaron las sospechas sobre el posible uso indirecto de Telefónica como instrumento de influencia política.
El elemento más delicado apareció en torno a PRISA, grupo propietario de El País y de la Cadena SER, dos de los principales activos mediáticos de España. Diversas informaciones publicadas en medios internacionales apuntaron a una pugna interna dentro del grupo, enfrentando al principal accionista, Joseph Oughourlian, con sectores próximos al Gobierno. Según esas publicaciones, el conflicto giraría alrededor del el control estratégico del grupo y la posible creación de un nuevo canal de televisión alineado con posiciones favorables al Ejecutivo. Informaciones aparecidas en prensa francesa y británica sostienen que el entorno gubernamental habría intentado influir en movimientos accionariales y en la gobernanza de PRISA utilizando su creciente peso institucional y empresarial.
El debate resulta especialmente sensible porque El País no es un medio cualquiera dentro del ecosistema español. Fundado durante la Transición, el diario ha sido históricamente identificado como uno de los símbolos del periodismo democrático español tras el franquismo. La posibilidad de que pueda convertirse en escenario de una disputa político-empresarial ha generado inquietud incluso entre sectores tradicionalmente próximos al progresismo mediático.
El Gobierno, por supuesto, rechaza las acusaciones. Desde el Ejecutivo se insiste en que la participación estatal en Telefónica responde únicamente a razones estratégicas y de seguridad nacional. También niega cualquier intento de controlar líneas editoriales o estructuras informativas privadas.
Pero el problema político no reside únicamente en si existe una intervención directa demostrable. El verdadero núcleo del debate es hasta qué punto puede un Gobierno aumentar simultáneamente su influencia regulatoria, económica y empresarial sobre actores mediáticos sin erosionar la percepción de independencia institucional.
Ese es precisamente el punto que Bruselas suele exigir a países como Hungría o Serbia cuando cuestiona sus estándares democráticos y mediáticos. Y ahí aparece una contradicción incómoda para la propia Unión Europea: resulta difícil defender la neutralidad institucional frente a gobiernos considerados iliberales mientras se minimizan dinámicas similares cuando ocurren dentro de grandes Estados miembros occidentales.
La cuestión de fondo va más allá de Sánchez, del PSOE o incluso de España. Europa atraviesa una etapa donde el concepto de “desinformación” se ha convertido en un terreno político extremadamente ambiguo. En nombre de combatir campañas manipulativas reales —que existen— también puede abrirse la puerta a mecanismos de presión indirecta sobre el pluralismo informativo.
La libertad de prensa no solo depende de que no exista censura explícita. También depende de que los medios puedan operar sin depender de relaciones de proximidad política, financiera o institucional con quienes gobiernan.