La Comisión Europea ha iniciado la revisión de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (AVMSD), una norma que regula parte del ecosistema audiovisual europeo desde hace más de una década. Entre los asuntos que estudia figura la llamada prominencia de los medios de comunicación de interés general, un concepto que podría influir en la forma en que plataformas y dispositivos presentan determinados contenidos a los usuarios. El debate enfrenta a radiodifusores públicos, plataformas tecnológicas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
La revisión de la Directiva Audiovisual constituye uno de los principales proyectos regulatorios de la Comisión Europea para 2026. Según el calendario oficial, el Ejecutivo comunitario deberá presentar antes del 19 de diciembre de 2026 una evaluación del funcionamiento de la norma, acompañada, si lo considera oportuno, de propuestas legislativas para modificarla. La propia Comisión reconoce que el consumo audiovisual ha cambiado profundamente desde la última reforma de 2018 y que el marco regulatorio debe adaptarse al creciente peso de las plataformas digitales, los sistemas de recomendación y los creadores de contenido.
Uno de los aspectos que más atención está recibiendo es la denominada «prominencia» (prominence). El término hace referencia a la posibilidad de que determinados servicios audiovisuales considerados de interés general tengan una posición destacada en interfaces digitales, televisores conectados, agregadores o sistemas de descubrimiento de contenidos.
La Comisión Europea no ha propuesto todavía una obligación concreta para modificar los algoritmos de recomendación de plataformas como YouTube o TikTok. Sin embargo, sí reconoce expresamente que la revisión analizará si son necesarias nuevas reglas sobre la visibilidad de los medios europeos y de los servicios de interés general, precisamente porque varios Estados miembros ya están desarrollando normativas diferentes en esta materia.
El debate no surge de la nada. En distintos países europeos ya existen mecanismos destinados a garantizar que los canales públicos o determinados servicios audiovisuales aparezcan en posiciones preferentes dentro de los televisores inteligentes o de determinadas plataformas de acceso a contenidos. La Comisión estudia ahora si conviene armonizar estas prácticas a escala europea para evitar un mosaico regulatorio entre Estados miembros.
Los principales defensores de reforzar la prominencia son los organismos públicos de radiodifusión. La Unión Europea de Radiodifusión (EBU), que agrupa a numerosas televisiones y radios públicas europeas, sostiene que la creciente dependencia de algoritmos privados pone en riesgo la visibilidad de contenidos considerados de interés público. Según esta organización, la regulación debería garantizar que dichos contenidos continúen siendo fácilmente accesibles para los ciudadanos, independientemente del dispositivo o plataforma utilizada.
Frente a esta posición, asociaciones que representan a empresas tecnológicas y plataformas digitales muestran reservas. Argumentan que imponer obligaciones de prominencia podría alterar la competencia, favorecer artificialmente a determinados operadores y dificultar el funcionamiento de sistemas de recomendación diseñados en función de las preferencias de los usuarios. También alertan del riesgo de que cada Estado defina de forma distinta qué debe considerarse un medio de «interés general».
Por el momento, no. La revisión actualmente abierta consiste en una evaluación de la legislación vigente y en una consulta con los distintos sectores afectados. Entre las opciones que la Comisión contempla figuran mantener la normativa actual, introducir modificaciones limitadas o plantear una reforma más profunda del marco audiovisual europeo. No existe todavía una propuesta legislativa definitiva que obligue a todas las plataformas a alterar sus algoritmos para favorecer automáticamente a los medios públicos.
No obstante, el concepto de prominencia sí plantea interrogantes jurídicos y políticos relevantes. Si finalmente se amplían estas obligaciones, será necesario determinar qué medios podrán beneficiarse de ellas, quién establecerá los criterios para calificarlos como servicios de interés general y hasta qué punto esa decisión puede afectar a la neutralidad de los sistemas de recomendación utilizados por las grandes plataformas.
La discusión coincide además con la entrada en vigor de otras normas europeas como el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA), que buscan reforzar la protección del pluralismo informativo, aumentar la transparencia de las plataformas y limitar determinados riesgos para los usuarios. Aunque persiguen objetivos distintos, todas ellas forman parte de una estrategia más amplia para redefinir el funcionamiento del ecosistema digital europeo.