Nos dijeron que la vacuna era la solución. Que había que hacerlo “por responsabilidad social”. Que vacunarse era un deber moral, casi un salvamento heroico. Lo que no nos dijeron fue que, si algo salía mal, estábamos solos.
Pedro García, profesor de secundaria en Barcelona, lo sabe bien. Se vacunó con AstraZeneca en 2021 porque el gobierno así lo decidió. Como personal esencial, no tuvo elección: o se vacunaba, o no trabajaba. No fue el único. Profesores, sanitarios, policías… miles de trabajadores recibieron una vacuna que, tiempo después, se demostraría peligrosa. Pero cuando empezaron los efectos adversos, el Estado miró para otro lado.
Pedro no tenía antecedentes médicos, pero semanas después de vacunarse, terminó en la UCI con trombosis en el pulmón y el hígado. Un diagnóstico demoledor: trombocitopenia trombótica inmune inducida por la vacuna. Y aún así, su baja fue tramitada como una enfermedad común, como si fuera un resfriado, como si nada tuviera que ver con la vacuna que le habían impuesto.
El gobierno defendió durante años que la vacunación fue un acto voluntario. Pero, ¿Cómo puede ser voluntario cuando no había otra opción real? En el caso de Pedro y miles de trabajadores esenciales, la vacuna no fue una elección, fue una obligación encubierta. Se les asignó un día y un lugar, sin posibilidad de elegir qué vacuna recibir ni de rechazarla sin consecuencias laborales.
Esto es lo que un juez en Barcelona ha reconocido recientemente: que los efectos secundarios de la vacuna son un accidente laboral y no una enfermedad común. Es decir, que Pedro García no se enfermó por azar, sino porque fue obligado a recibir un medicamento que le causó un daño irreversible.
El fallo judicial abre la puerta a que otros trabajadores esenciales afectados por la vacuna de AstraZeneca puedan reclamar lo mismo. Porque Pedro no es un caso aislado: hay cientos de personas con efectos adversos, desde trombosis hasta problemas neurológicos graves. Algunos siguen en tratamiento, otros han quedado incapacitados para siempre, y unos cuantos, simplemente, ya no están.
Mientras tanto, AstraZeneca ha retirado discretamente su vacuna del mercado. ¿Por qué? Oficialmente, por “razones comerciales”. Extraoficialmente, porque admitieron que su inyección puede causar el síndrome de trombosis con trombocitopenia (TTS), el mismo que mandó a Pedro a la UCI y dejó a otros en el cementerio.