Con la apertura en abril de una convocatoria de cinco millones de euros para reforzar una red europea de verificación de hechos, la Comisión Europea ha dado un paso más en su estrategia para supuestamente combatir la desinformación digital. La iniciativa se inscribe dentro del ambicioso plan “European Democracy Shield”, promovido por la presidenta Ursula von der Leyen para el periodo 2024–2029, con el supuesto objetivo declarado de fortalecer el ecosistema informativo europeo y blindar la democracia frente a injerencias externas, como las atribuidas a campañas pro-Kremlin, aunque desde este medio sospechamos que el objetivo real es controlar la narrativa oficial.
El fondo financiará la creación de un repositorio europeo de fact-checks, una capacidad de respuesta ante crisis informativas, y, quizás más llamativamente, un esquema de protección frente al acoso para periodistas y verificadores. Se busca también garantizar una red de verificación presente en todos los Estados miembros y lenguas oficiales, incluyendo países candidatos y asociados.
Sin embargo, esta apuesta institucional por la verificación de hechos no está exenta de críticas. ¿Quién verifica a los verificadores? ¿Qué intereses se articulan tras ese velo de imparcialidad? Y, sobre todo, ¿es posible garantizar un uso verdaderamente neutral de estos mecanismos?
En el centro de este esfuerzo se encuentra el European Digital Media Observatory (EDMO), un consorcio coordinado desde el Instituto Universitario Europeo de Florencia, que agrupa a académicos, medios y organizaciones especializadas. EDMO promueve la colaboración transnacional para estudiar la desinformación, entrenar a verificadores, ofrecer materiales didácticos y facilitar el acceso a datos de plataformas, entre otras funciones. El observatorio cuenta además con ocho hubs regionales financiados por la Unión Europea, encargados de aplicar estos objetivos a escala nacional.
Junto a EDMO opera la European Fact-Checking Standards Network (EFCSN), centrada en establecer estándares éticos y profesionales para las entidades de verificación. Bajo su paraguas, se ha lanzado la plataforma “Elections 24 Check”, que recopila verificaciones sobre narrativas electorales falsas en distintos países de la UE.
Las dudas emergen cuando se analiza quiénes forman parte activa de estas redes y con qué criterios operan. En España, dos de los nombres más visibles son Maldita.es y Newtral, integradas tanto en EDMO como en la EFCSN. Ambas se presentan como medios independientes dedicados a la verificación de datos. No obstante, sus vínculos con actores políticos, empresariales y mediáticos han sido motivo de controversia pública.
Maldita.es, por ejemplo, ha colaborado en la iniciativa “Elections 24 Check” centrando sus verificaciones en cuestiones como migración, seguridad o discursos políticos. Si bien algunos de estos trabajos aportan claridad, otros han sido señalados por adoptar criterios de selección sesgados, interpretaciones discutibles y una actitud sancionadora hacia voces críticas con la narrativa dominante. En lugar de fomentar un espacio de diálogo informado, en ocasiones la verificación ha funcionado como mecanismo de deslegitimación y exclusión de opiniones incómodas.
Newtral, por su parte, ha estado vinculada desde su fundación con figuras del ámbito político y mediático, lo que ha alimentado percepciones de falta de neutralidad. Su participación en redes europeas de verificación otorga un poder significativo sobre qué informaciones se etiquetan como falsas, engañosas o creíbles. En un entorno donde el acceso a la información depende en gran medida de algoritmos y plataformas, este poder se convierte en una herramienta de influencia considerable, con el riesgo de convertirse en una forma encubierta de control informativo más que en una defensa de la verdad objetiva.
Además, el hecho de que estas entidades reciban financiación directa o indirecta de la Unión Europea plantea una cuestión de fondo: ¿hasta qué punto pueden mantener independencia de criterio si su operatividad depende de fondos institucionales? Esta dependencia erosiona la credibilidad de quienes se presentan como guardianes de la verdad, sobre todo cuando sus decisiones tienen impacto directo en la visibilidad y legitimidad de determinados discursos.
A estos problemas se suman otros estructurales. Las plataformas digitales siguen ofreciendo un acceso opaco a sus datos, dificultando el trabajo de investigación independiente sobre la viralidad y el origen de los bulos. Y, aunque la Comisión prevé esquemas de protección para los verificadores, no existe hasta el momento un marco equivalente de garantías para ciudadanos y periodistas que son etiquetados —con razón o sin ella— como desinformadores, lo que abre la puerta a posibles abusos de poder por parte de quienes controlan estos sistemas.
En última instancia, el proyecto europeo de verificación de datos se mueve en una zona ambigua entre protección democrática y paternalismo informativo. La existencia de herramientas rigurosas para combatir la mentira es indiscutiblemente necesaria. Pero cuando esas herramientas se utilizan sin una rendición de cuentas clara, con criterios poco transparentes o en manos de actores ideológicamente alineados, el riesgo es que la verificación deje de ser un instrumento de libertad y se convierta en una tecnología de censura.
Por ello, no basta con crear redes y fondos. Es imprescindible que estas estructuras operen con independencia real, auditorías externas, y un compromiso firme con el pluralismo informativo. De lo contrario, en nombre de proteger la democracia, podríamos estar socavando uno de sus pilares fundamentales: la libertad de expresión.
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