La Unión Europea ha dado un paso relevante en la construcción de un marco penal común contra la corrupción. La nueva Directiva (UE) 2026/1021, aprobada el 29 de abril de 2026, no crea un “Código Penal europeo” en sentido estricto, pero sí obliga a los Estados miembros a armonizar delitos, sanciones y herramientas de prevención para perseguir con mayor eficacia las prácticas corruptas en el sector público y privado.
La norma parte de que la corrupción no es solo un problema interno de cada país. La propia directiva afirma que socava las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y la confianza pública, y que las diferencias entre legislaciones nacionales dificultan una respuesta coherente en toda la Unión. Su objetivo declarado es combatir la corrupción mediante el Derecho penal y facilitar la cooperación transfronteriza entre autoridades.
El texto fija normas mínimas sobre la tipificación de delitos y sanciones penales y no penales. Es decir, Bruselas no sustituye los códigos penales nacionales, pero marca un suelo común que los Estados deberán incorporar a su legislación. Entre las conductas afectadas figuran el cohecho, el soborno en el sector privado, la malversación, el tráfico de influencias, la obstrucción a la justicia, el encubrimiento y el enriquecimiento derivado de delitos de corrupción.
Uno de los puntos más relevantes es la amplitud con la que la directiva define al funcionario público. No se limita al funcionario clásico de una administración nacional, sino que incluye a personas con funciones públicas en Estados miembros, terceros países, organizaciones internacionales y organismos de la Unión. También contempla expresamente a altos cargos, entre ellos miembros de gobiernos, parlamentos, tribunales superiores, instituciones de auditoría, comisarios europeos y eurodiputados, sin perjuicio de las inmunidades previstas en cada ordenamiento.
La directiva también endurece el marco sancionador. Para las personas físicas, exige penas máximas de al menos cinco años de prisión en determinados supuestos de cohecho cuando exista incumplimiento de deberes; al menos cuatro años para otros delitos como la malversación, el enriquecimiento por corrupción o el encubrimiento; y al menos tres años para otras conductas incluidas en la norma. Además, abre la puerta a medidas accesorias como multas, destitución, suspensión, inhabilitación para cargos públicos, prohibición temporal de presentarse a elecciones o exclusión del acceso a financiación pública.
El impacto empresarial tampoco es menor. Las personas jurídicas podrán ser consideradas responsables cuando los delitos se cometan en su beneficio por directivos o por personas con poder de representación, decisión o control. También cuando la falta de supervisión haya permitido que un subordinado cometa el delito. Las sanciones pueden incluir la exclusión de ayudas públicas, la prohibición de contratar, la retirada de autorizaciones, la vigilancia judicial, la disolución o el cierre del establecimiento utilizado para delinquir. En los casos más graves, las multas máximas no podrán ser inferiores al 5% del volumen de negocios mundial o a 40 millones de euros; para otros delitos, al 3% o 24 millones.
La norma introduce además una lógica preventiva. Los Estados deberán promover instrumentos de transparencia, control de conflictos de intereses, declaraciones de activos, regulación de puertas giratorias, transparencia en financiación política y evaluación de sectores con mayor riesgo de corrupción. También deberán adoptar y publicar una estrategia nacional de prevención y lucha contra la corrupción.
Otro elemento importante es la protección de quienes denuncien. La directiva conecta expresamente estos delitos con la normativa europea de protección de denunciantes y exige medidas de apoyo y asistencia para quienes aporten pruebas o colaboren con las autoridades. También obliga a disponer de instrumentos de investigación eficaces, incluidos, cuando proceda, medios especiales similares a los utilizados contra la delincuencia organizada.
Para España, la clave estará en la transposición. Los Estados miembros deberán adaptar su legislación antes del 1 de junio de 2028, aunque algunas obligaciones preventivas, como las evaluaciones de sectores de riesgo y las estrategias nacionales, tendrán plazo hasta el 1 de junio de 2029. La directiva entró en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.