En los últimos años, la educación mediática se ha convertido en una especie de panacea institucional frente a los males informativos de la era digital. Gobiernos, ONGs, fundaciones y organismos supranacionales impulsan campañas, currículos escolares y plataformas formativas con un objetivo común: preparar a los ciudadanos para identificar bulos, desmontar noticias falsas y consumir información de forma crítica. A primera vista, esta misión parece indiscutible. ¿Quién podría estar en contra de formar ciudadanos mejor informados? Sin embargo, detrás de esta aparente neutralidad pedagógica, comienzan a alzarse voces que alertan de una deriva preocupante: la instrumentalización política e ideológica de la educación mediática como forma de adoctrinamiento moderno. En lugar de enseñar a pensar, se está enseñando qué pensar.
Esta crítica no nace del negacionismo ni del cinismo, sino de la experiencia y la observación de cómo se está aplicando la alfabetización mediática en distintos países. Existen indicios claros de que en muchas ocasiones se está utilizando como un filtro para consolidar el discurso oficial, no para fomentar el pensamiento crítico. Se presentan determinadas fuentes como “confiables” por decreto, mientras se descarta todo lo que se aparte del marco establecido. Se adoctrina a los estudiantes en la confianza ciega hacia los medios tradicionales, las agencias de verificación afines al poder, o las versiones gubernamentales de los hechos, sin abrir el debate sobre la legitimidad de la disidencia, el conflicto interpretativo o el derecho a la duda razonada.
Varios investigadores han advertido que este enfoque genera efectos paradójicos. La antropóloga Danah Boyd, especializada en cultura digital, alertó de que algunas prácticas de educación mediática mal diseñadas no refuerzan el pensamiento crítico, sino que alimentan aún más la polarización. En lugar de enseñar a analizar, se enseña a desconfiar automáticamente de cualquier fuente que no figure en una lista oficial. Es lo que ella llama una “cultura de la sospecha sin criterio”, que puede ser tan tóxica como la credulidad. En su análisis, la alfabetización crítica no puede limitarse a repetir que hay que creer a los medios “oficiales” o seguir a los “verificadores confiables”. Porque ¿Quién decide quién es confiable? ¿Quién certifica la verdad? ¿Y qué ocurre cuando los verificadores se equivocan, o cuando la verdad es compleja, incómoda o contradictoria?
La respuesta institucional a estas preguntas suele ser simple: callarlas. Y ahí comienza el verdadero problema. En países con gobiernos autoritarios como China, la educación mediática está directamente integrada en un sistema de “educación patriótica” que enseña a los estudiantes a “amar al partido” y obedecer sin cuestionar. En escuelas primarias se obliga a recitar lemas sobre Xi Jinping y se sanciona duramente cualquier visión alternativa sobre la historia o la política nacional. Pero incluso en democracias liberales supuestamente consolidadas, esta lógica empieza a replicarse de forma más sutil. En programas escolares de Europa del Este, en currículos de América Latina y en campañas financiadas por instituciones europeas, se ve una tendencia a formar “consumidores de información responsables” que en realidad son obedientes a la narrativa dominante.
No se trata solo de lo que se dice, sino de lo que no se permite decir. Las guías de educación mediática rara vez incluyen ejercicios para cuestionar a los medios dominantes, para investigar contradicciones en los discursos institucionales o para explorar fuentes alternativas. Más bien enseñan a “denunciar bulos”, “seguir a los verificadores” y “no compartir contenidos polémicos”. Y si un estudiante decide cuestionar, por ejemplo, la gestión oficial de la pandemia, los efectos adversos de una política pública, o la validez de ciertas campañas de miedo, corre el riesgo de ser etiquetado como conspiracionista, extremista o desinformador. En ese momento, el aula deja de ser un espacio de aprendizaje y se convierte en un entorno de control discursivo.
Esta situación se agrava con el papel creciente de las agencias de verificación. Aunque en teoría cumplen una función necesaria, en la práctica muchas de ellas están vinculadas directa o indirectamente con gobiernos, grandes corporaciones o intereses ideológicos concretos. En Estados Unidos, diversos estudios han mostrado que los fact-checkers tienden a penalizar más duramente a políticos conservadores que a liberales. En Europa, muchas de estas agencias reciben financiación de la Comisión Europea o de plataformas digitales con agendas propias. ¿Cómo confiar en su neutralidad si están insertas en el mismo sistema que deberían fiscalizar? Enseñar a los estudiantes a obedecer ciegamente lo que diga un verificador sin explicar cómo funciona su metodología, quién lo financia o qué intereses representa, no es educar: es domesticar.
A esto se suma el uso político de la educación mediática como instrumento de “resiliencia nacional”. En Ucrania, por ejemplo, se ha implementado una campaña educativa multimillonaria —con apoyo europeo— que enseña a identificar “narrativas rusas” en los medios. Aunque la amenaza de la propaganda es real en contextos bélicos, esta iniciativa ha sido criticada por convertir la alfabetización mediática en un ejercicio de alineamiento ideológico con la visión del gobierno. Lo que comienza como un esfuerzo por proteger la verdad termina sirviendo para blindar un relato único, sin espacio para la complejidad, la crítica o el debate.
El problema no es que se enseñe a los ciudadanos a informarse mejor. El problema es que se confunde pensamiento crítico con pensamiento obediente. Que se sustituya la duda ilustrada por la adhesión automática. Que se use el miedo a los bulos para imponer un discurso único. Y que se disfrace de educación lo que en realidad es una sofisticada forma de propaganda institucional. Si la educación mediática no se construye sobre la base del pluralismo, la transparencia, el conflicto de ideas y la libertad de pensamiento, no sirve para empoderar a los ciudadanos, sino para someterlos a una narrativa impuesta.
Por eso es urgente repensar la alfabetización mediática como una herramienta realmente emancipadora. No se trata de decir a los estudiantes en quién deben confiar, sino de enseñarles a cuestionar, contrastar, indagar, poner en duda y construir su propio criterio. Solo así estaremos formando ciudadanos críticos y libres, no replicadores pasivos de lo que otros han decidido que deben pensar. Porque si la educación deja de ser crítica, deja de ser educación. Y si la alfabetización mediática se convierte en catecismo institucional, entonces no estamos enseñando a combatir la desinformación: estamos perpetuando el poder de quienes deciden qué es verdad.