En los últimos años, la preocupación por la desinformación se ha convertido en una prioridad política y mediática en Europa. Instituciones, gobiernos y grandes plataformas digitales han desplegado un entramado de estrategias para combatir lo que denominan fake news, manipulación informativa o discursos nocivos. Sin embargo, diversos informes y voces críticas advierten que, bajo esta lucha contra la desinformación, se está consolidando un nuevo régimen de control del discurso público, en el que la libertad de expresión se ve restringida si no sirve a los intereses dominantes.
Uno de los conceptos más controvertidos es el de malinformation (información maliciosa), que forma parte de las tipologías impulsadas por la Comisión Europea y la OTAN para clasificar los flujos informativos. A diferencia de la desinformación (falsedades difundidas con intención de engañar), la malinformation hace referencia a información veraz, pero difundida con una supuesta intención perjudicial. Es decir, verdades incómodas pueden ser censuradas simplemente porque afectan a la imagen de una institución, una narrativa oficial o una estrategia comunicativa. Esta categoría abre una peligrosa puerta a la censura por utilidad: lo que se reprime no es lo falso, sino lo que no conviene.
Se han registrado múltiples casos de censura bajo esta etiqueta. En Nicaragua, por ejemplo, la Ley Especial de Ciberdelitos (2020) criminaliza la difusión de “noticias falsas” que generen “zozobra”, permitiendo silenciar críticas al gobierno. En Europa, plataformas como Facebook o YouTube han eliminado contenidos por supuesta interferencia electoral o sanitaria sin que medie una revisión independiente ni garantías de apelación. Durante las elecciones en Brasil, Facebook eliminó más de 140.000 mensajes por supuesta desinformación, sin detallar cuántos correspondían a información crítica pero veraz. Estas prácticas muestran cómo se puede aplicar censura indirecta apelando a la “veracidad” institucionalizada.
Expertos como Simona Levi, fundadora del colectivo Xnet, han alzado la voz contra esta tendencia. En sus análisis, critica las leyes contra la desinformación por centrarse en los ciudadanos y las plataformas como chivos expiatorios, mientras se deja al margen a los principales emisores estructurales de bulos: partidos, gobiernos y medios tradicionales. Estas políticas “atacan Internet como si fuera la única fuente de desinformación tóxica”, cuando las fuentes más eficaces de manipulación informativa están en el poder político, institucional y económico.
Diversos expertos advierten que la lucha contra la desinformación puede derivar en un sistema de control del discurso público. Un informe de la OCDE señala que las políticas contra las “campañas de desinformación” no deben “bajo ninguna circunstancia llevar a un mayor control de la información en nuestras democracias”. En la práctica, voces críticas temen que se sustituya el examen de veracidad por criterios de conveniencia para las instituciones. Por ejemplo, el líder opositor Johnny Pujols alertó de que “el control de la información, incluso de manera sutil, es el primer paso hacia la manipulación del discurso público y la erosión de nuestras libertades”. Organizaciones internacionales han llamado a evitar regulaciones que impliquen “censura directa o indirecta” contra medios y periodistas. En suma, informaciones recientes advierten que la pandemia y las campañas anti-bulos ofrecen pretextos para reescribir de hecho las reglas de la comunicación, “acentuando un nuevo régimen de censura previa” que se ejerce mediante la presión indirecta o los incentivos estatales. Esto supone un riesgo: la libertad de expresión dejaría de ser un derecho pleno para ser un privilegio condicionado al apaciguar a los poderes dominantes.
En los últimos años se han documentado casos en que se ha aplicado supuesta lucha contra la desinformación para silenciar voces disidentes. Durante la pandemia de COVID‑19, por ejemplo, varios gobiernos aprovecharon la alarma sanitaria como excusa para restringir canales de comunicación: se impusieron leyes severas y se clausuraron medios para evitar la difusión de “noticias falsas”. Amnistía Internacional denuncia que se clausuraron webs, redes sociales y medios bajo el argumento de frenar bulos, silenciando así «la crítica, el debate y el intercambio de información». En el plano digital, plataformas como X (antes Twitter) han experimentado suspensiones masivas. En abril de 2024 X bloqueó sin aviso decenas de cuentas de divulgadores y medios españoles, incluidas las de especialistas en detección de desinformación. Aunque las restablecieron horas después alegando “falsos positivos” en un filtro antibots, el episodio puso de relieve que algoritmos o normas opacas pueden actuar de forma arbitraría contra el debate legítimo. Otros ejemplos incluyen leyes ambiguas que penalizan contenidos bajo términos genéricos (“vulnerar la dignidad” u “ofender la moral”), lo cual como señala un editorial de El Nuevo Diario convierte la libertad de expresión en “un privilegio condicionado, no en un derecho garantizado”. Tales precedentes demuestran que calificar de «malinformación» una idea molesta puede ser pretexto para censurarla.
Juristas y académicos advierten que hay una tendencia peligrosa: se valora más la «utilidad institucional» de una información que su veracidad. Esto equivale a priorizar el interés político del gobierno sobre la verdad objetiva. La jurisprudencia española, por ejemplo, ya señaló que exigir que toda noticia sea la “realidad incontrovertible” equivaldría a buscar la censura previa. Cuando el gobierno o sus aliados deciden qué información conviene, dejan de protegerse derechos y comienzan a controlar narrativas. En este contexto, según especialistas se sustituye implícitamente el criterio de verdad por la conveniencia política. Como criticó un editorial dominicano, proyectos de ley que se presentan como defensa de la libre expresión pueden terminar “definiendo, limitando y condicionando” el derecho, para más tarde “centralizar el pensamiento, uniformar el discurso y castigar la disidencia”. De ese modo, la libertad de opinión deja de ser un derecho inalienable y pasa a ser un favor que solo se concede a quienes se atienen a la visión oficial. Ese giro convierte al discurso libre en un mecanismo funcional al poder en turno, anulando el principio democrático de que las instituciones deben servir a la ciudadanía, no a intereses partidistas.
La gestión de la publicidad institucional (anuncios de campañas gubernamentales en medios) suele ilustrar este sesgo. Múltiples investigaciones señalan que la pauta oficial se reparte de manera opaca y discriminatoria en función de la ideología del partido político que gobierne. En Madrid, por ejemplo, cinco medios críticos (entre ellos La Marea y El Salto) denunciaron que no recibieron ni un solo contrato público en la última legislatura, pese al gran incremento presupuestario en publicidad. En cambio, partidos gobernantes han dirigido a dedo fondos millonarios hacia portales casi desconocidos afines ideológicamente. Una parlamentaria de Castilla y León criticó que en su región no se evalúan campañas y se ignora la audiencia real de los medios: «Lo importante no era el mensaje, sino el dinero que iba a repartir entre sus medios afines». El digital EL ESPAÑOL, por ejemplo, denunció ante la ONU que el Gobierno beneficia con fondos a medios alineados con su gestión. La opacidad de los criterios y la manipulación de las métricas de audiencia han servido para excluir a determinados medios del reparto publicitario, convirtiendo los recursos públicos en una herramienta de control informativo. En resumen, se denuncia que la publicidad institucional se utiliza para premiar a la prensa amiga y castigar a la crítica. Al otorgarse estas ayudas sin criterios objetivos ni transparencia, se fomenta una prensa dependiente que refuerza el discurso del gobierno, mientras que el periodismo independiente queda marginado.
El derecho a la libertad de opinión no consiste en un aval para decir solo lo que “gusta”. Al contrario, el sistema democrático garantiza que cualquier individuo pueda opinar sin coerción, incluso si ofende o incomoda al poder. Como establece el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, lo que incluye el derecho a sostener opiniones sin interferencia y difundir ideas por cualquier medio. De hecho, censurar a quien defiende ideas impopulares o crítica a los poderosos es ignorar esa norma básica. La labor de revelar hechos ocultos o proponer interpretaciones alternativas debería considerarse parte del debate público, no motivo de represión. En una sociedad democrática, no existe una “verdad única” oficial: la pluralidad se construye justamente con el contraste respetuoso de puntos de vista diversos. Por ello, como subraya la Declaración de Santiago +30, los estados deben respetar «el trabajo periodístico en sus roles democráticos ligados a la transmisión de noticias, vigilancia sobre funcionarios electos [y] tolerancia ante las opiniones disidentes». En definitiva, el derecho a opinar (incluso si molesta) es la esencia de la democracia, y cualquier acusación de desinformación contra quien debate con rigor debe ser respondida con información y argumentos, no con censura.
El “autoritarismo blando” es un concepto académico que describe formas de poder cada vez más comunes. A diferencia de las dictaduras tradicionales, los regímenes de autoritarismo blando preservan apariencias democráticas (elecciones, parlamento, libertades formales), pero erosiona gradualmente instituciones clave. Según la literatura política, estos regímenes son híbridos o “iliberales”: realizan elecciones regulares, pero restringen libertades civiles, controlan sutilmente los medios y presionan las autoridades de los tres poderes del Estado. No se trata de golpes militares abiertos, sino de prácticas más encubiertas: leyes ambiguas, tribunales parcializados, medios clientelares y vigilancia selectiva. En su estudio sobre el autoritarismo contemporáneo, Javier Lesgart señala que términos como autoritarismo blando, electoral o competitivo describen democracias que «no se agotan en las elecciones» y carecen de los atributos liberales plenos. En otras palabras, en el autoritarismo blando coexisten procedimientos democráticos con un ejercicio del poder concentrado e impermeable a la crítica. Académicos como Diamond o Zakaria han caracterizado este fenómeno como “democracia iliberal” o “autocracia constitucional”, donde las garantías formales existen pero son sistemáticamente violadas de facto. En la práctica, significa que el gobernante utiliza herramientas institucionales (cortes, reglamentos, subvenciones, etc.) para silenciar adversarios y consolidar su control, sin tener que recurrir a la fuerza bruta.
Estas medidas tienden a consolidar lo que Levi y otros llaman una “pensée unique”: un pensamiento único institucional, donde toda opinión que se salga del marco consensuado es etiquetada como peligrosa. Los “informantes de confianza” (trusted flaggers), que deciden qué contenidos deben ser eliminados de las redes, funcionan como guardianes ideológicos. En muchos casos, estos flaggers están alineados con agendas institucionales o empresariales, permitiendo que opiniones críticas sean tratadas como dañinas simplemente por no ajustarse al relato dominante..
Diversos juristas y académicos denuncian que la persecución de la desinformación está sustituyendo el criterio de la verdad por el de la conveniencia política. Ya no importa si una información es cierta, sino si sirve al discurso oficial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que no se puede invocar el derecho a estar informado para justificar censura previa. Cuando el Estado decide qué es “falso” según la necesidad institucional, la libertad de expresión deja de ser un derecho universal y pasa a ser un privilegio condicionado.
En este escenario, se ha insistido en la educación mediática como vía para formar ciudadanos críticos. Aunque necesaria, esta formación no puede ser instrumentalizada para enseñar al ciudadano a “pensar correctamente”. No se trata de adoctrinar en la versión oficial, sino de dotar de herramientas para discernir, contrastar y argumentar. La educación mediática debe fomentar la emancipación, no la sumisión al discurso dominante.
Hemos advertido de forma constante que conceptos como “discurso de odio”, fake news y desinformación se están convirtiendo en categorías ambiguas y expansivas que, lejos de proteger el debate público, están siendo instrumentalizadas para restringirlo. No se trata de negar que existan contenidos dañinos o narrativas intencionadamente manipuladoras; el problema surge cuando estos términos se utilizan sin criterios claros ni garantías jurídicas, permitiendo que expresiones legítimas de crítica, denuncia o disenso queden englobadas en un marco sancionador. Esta ambigüedad abre la puerta a la censura selectiva: lo que se etiqueta como “peligroso” no siempre es falso, sino que a menudo resulta simplemente incómodo para el poder. Así, en nombre de preservar la democracia frente a amenazas supuestamente externas, se instala una lógica en la que cualquier discurso no alineado es considerado sospechoso. La paradoja es evidente: se invoca la necesidad de proteger el sistema democrático para vaciarlo de uno de sus fundamentos esenciales, que es precisamente la posibilidad de cuestionarlo.
La información es un bien común, y la opinión, incluso cuando resulta molesta o incómoda, no puede ser censurada sin dañar el núcleo mismo de la democracia. Defender ideas impopulares, proponer lecturas alternativas, recuperar hechos silenciados o criticar a los poderosos no debería ser motivo de censura, sino de debate. Una sociedad plural no se construye sobre verdades únicas, sino sobre el contraste de ideas, la confrontación respetuosa y la protección de la palabra libre. La lucha contra la desinformación no puede convertirse en una coartada para consolidar un nuevo autoritarismo blando, donde la censura se automatiza, el pensamiento disidente se criminaliza y la verdad se define desde el poder. En nombre de la protección, se erosiona la libertad. Y esa es, posiblemente, la forma más eficaz y peligrosa de censura de nuestro tiempo.