EUvsDisinfo: anatomía de una herramienta de vigilancia narrativa en la Unión Europea

EUvsDisinfo es una iniciativa del Grupo de Trabajo East StratCom Task Force, una unidad del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), creada en 2015 tras un mandato del Consejo Europeo. Su misión declarada es contrarrestar las campañas de desinformación atribuidas a actores extranjeros —especialmente Rusia— y reforzar la resiliencia informativa de los ciudadanos europeos. Aunque se presenta como un proyecto defensivo, esta herramienta ha generado intensos debates sobre sus métodos, su transparencia y su impacto en la libertad de expresión dentro del espacio digital europeo.

Desde un punto de vista operativo, EUvsDisinfo funciona como un centro de vigilancia y documentación de narrativas que considera desinformativas. El equipo recopila, analiza y cataloga miles de contenidos provenientes de medios digitales, redes sociales y emisiones en al menos 15 idiomas. Su principal producto es una base de datos pública donde registra ejemplos concretos de lo que considera desinformación pro-Kremlin o contraria a los valores europeos. Cada entrada incluye un breve resumen, la fuente, el país, y el motivo de la clasificación. Además, el equipo publica informes semanales, análisis narrativos, infografías y alertas comunicativas que se difunden a través de redes sociales oficiales, campañas institucionales y delegaciones exteriores de la UE.

La estructura de la iniciativa se fue profesionalizando con el tiempo. De contar con apenas siete personas en 2015, East StratCom pasó a recibir presupuestos específicos del Parlamento Europeo: 1,1 millones de euros en 2018, 3 millones en 2019 y más de 4 millones en 2020. Para 2021, se estimaba que el conjunto del departamento de comunicación estratégica del SEAE disponía de más de 11 millones de euros anuales. Su ámbito geográfico también se expandió: del foco original en Europa del Este y Rusia, EUvsDisinfo amplió su cobertura a los Balcanes Occidentales, el Mediterráneo Sur y, progresivamente, al conjunto del entorno informativo europeo.

Aunque el objetivo inicial fue combatir campañas de influencia rusas, la iniciativa ha ido incorporando una amplia variedad de narrativas que incluyen supuesta desinformación sobre la pandemia de COVID-19, cambio climático, inmigración, políticas energéticas y euroescepticismo. Esta ampliación del foco ha despertado preocupaciones legítimas sobre los límites entre la lucha contra la propaganda y la vigilancia de la disidencia legítima.

En cuanto a su relación con plataformas digitales y agencias de verificación, EUvsDisinfo no actúa directamente como órgano de censura ni solicita formalmente la eliminación de contenidos. Sin embargo, participa en el ecosistema europeo de lucha contra la desinformación junto a iniciativas como el Código de Buenas Prácticas —firmado por Google, Meta, TikTok, Mozilla y otras empresas— y el Observatorio Europeo de Medios Digitales, que coordina a verificadores, universidades y centros de investigación. Aunque formalmente no toma decisiones sobre la visibilidad de contenidos, los informes de EUvsDisinfo son consultados por plataformas para diseñar políticas de moderación algorítmica, lo que genera un efecto indirecto sobre la circulación de ideas y mensajes.

Uno de los aspectos más criticados de EUvsDisinfo es la falta de un procedimiento de apelación claro para medios o personas incluidos en su base de datos. El caso más emblemático ocurrió en 2018, cuando varios medios de comunicación de los Países Bajos —GeenStijl, The Post Online y De Gelderlander— denunciaron haber sido etiquetados como desinformación sin posibilidad de réplica. La presión pública y legal obligó a la eliminación de esas entradas, pero no a una disculpa formal ni a una revisión metodológica. Este episodio motivó una moción parlamentaria en los Países Bajos pidiendo el cierre de la iniciativa, y derivó en una queja formal ante la Defensora del Pueblo Europeo firmada por académicos y defensores de la libertad de prensa. En dicha queja se señalaba que EUvsDisinfo no cumplía con los estándares de transparencia, imparcialidad ni con el derecho al debido proceso.

A estas críticas se suman preocupaciones por el sesgo ideológico. Algunos analistas consideran que el proyecto tiende a clasificar como desinformación contenidos que simplemente expresan posturas contrarias a las políticas oficiales de la Unión Europea, especialmente en temas delicados como la seguridad energética, la inmigración o la gestión de la pandemia. Aunque los responsables del Task Force insisten en que su foco está en el mensaje y no en el mensajero, muchos expertos temen que se esté construyendo un sistema institucional de catalogación narrativa que margine el disenso legítimo bajo la excusa de combatir la manipulación extranjera.

Otro punto delicado es la falta de claridad metodológica. EUvsDisinfo no publica con detalle los criterios técnicos que utiliza para clasificar los contenidos, ni somete sus decisiones a revisión externa. A diferencia de muchas agencias de verificación afiliadas a redes internacionales como la International Fact-Checking Network, esta iniciativa opera como un instrumento diplomático del SEAE, lo que genera dudas sobre su independencia respecto a los intereses políticos y geoestratégicos de la Unión.

El riesgo de censura indirecta también está presente. Aunque el proyecto no tiene poder ejecutivo para restringir contenidos, sus informes influyen en el entorno regulatorio y en las decisiones algorítmicas de las plataformas. En un contexto donde la desinformación se ha convertido en un nuevo eje de gobernanza digital, catalogar una idea o narrativa como peligrosa puede tener consecuencias tangibles sobre su visibilidad, su monetización y su credibilidad pública. Este tipo de prácticas pueden generar un clima de autocensura entre periodistas, analistas y ciudadanos críticos que temen ser objeto de vigilancia o estigmatización.

El debate en torno a EUvsDisinfo no es sobre la necesidad de combatir la manipulación informativa, sino sobre cómo hacerlo sin vulnerar los principios fundamentales del pluralismo democrático. El derecho a disentir, a cuestionar políticas públicas, a expresar opiniones incómodas o a divulgar enfoques alternativos no puede quedar supeditado a una burocracia opaca sin contrapesos. Una cosa es desmentir bulos deliberados; otra muy distinta es construir una arquitectura narrativa institucional desde donde se dicte qué es verdad y qué no, sin procedimientos garantistas.

En definitiva, EUvsDisinfo es un proyecto que refleja la creciente preocupación de las democracias occidentales por el control del discurso público. Pero también es una advertencia sobre los riesgos de delegar ese control en estructuras que combinan poder diplomático, financiación opaca y criterios poco auditables. En nombre de la lucha contra la desinformación, Europa se enfrenta al reto de no caer en el espejo que dice combatir: el de una tecnocracia que decide qué puede decirse, quién puede decirlo y en qué términos. Por eso, cualquier herramienta que intervenga en el espacio informativo debe estar sometida a transparencia, revisión independiente y respeto estricto de las libertades fundamentales.