El Gobierno ha adjudicado una nueva licencia nacional de televisión en abierto al consorcio SIETE, una sociedad vinculada a accionistas minoritarios de Prisa enfrentados con la actual dirección del grupo. Sobre el papel, se trata de un concurso público previsto por la ley y derivado del nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT. En la práctica, la decisión ha abierto un debate de si el Ejecutivo está contribuyendo a reforzar un espacio mediático favorable a sus intereses antes del próximo ciclo electoral.
La concesión fue aprobada por el Consejo de Ministros el 26 de mayo de 2026 y publicada después en el Boletín Oficial del Estado. La licencia permite a Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo, SL explotar un canal nacional en abierto dentro del múltiple digital MPE5. Según el BOE, la adjudicación procede de un concurso convocado en octubre de 2025 y responde a la capacidad libre generada por la reorganización técnica de la TDT. La licencia tendrá una duración de quince años y obligará al nuevo operador a cumplir los compromisos presentados en su oferta.
La versión oficial insiste en que no se trataría de una decisión política, sino de una consecuencia técnica y administrativa del nuevo marco audiovisual. Moncloa sostiene que el despliegue de la tecnología DVB-T2 permite mejorar la calidad de emisión, liberar espacio y añadir un nuevo canal estatal. En el concurso se presentaron dos ofertas: una de Mediaset y otra de SIETE. La segunda fue la adjudicataria.
Pero la polémica no nace de la existencia del concurso, sino de quién lo gana y en qué momento lo gana. SIETE aparece vinculado al entorno de Global Alconaba, el grupo de accionistas minoritarios de Prisa agrupado en torno a Andrés Varela Entrecanales. Diversos medios han situado también en el proyecto a figuras como José Miguel Contreras, histórico del sector audiovisual y nombre asociado al nacimiento de La Sexta durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. The Objective, El Español, La Razón y otros medios han interpretado la operación como la creación de una cadena próxima a Moncloa.
La comparación con Mediaset añade otro matiz. El Gobierno ha recordado que el grupo ya dispone de varias licencias en España, lo que puede justificar que se valore la entrada de un nuevo operador para ampliar la pluralidad. Esa explicación tiene lógica desde el punto de vista de la competencia. Sin embargo, la pluralidad real no se mide solo por el número de canales, sino por la independencia efectiva de quienes los controlan. Un nuevo canal no aumenta necesariamente el pluralismo si nace alineado con una estrategia de poder.
El contexto de Prisa agrava la lectura política. El grupo atraviesa desde hace años tensiones internas entre accionistas, dirección y diferentes sensibilidades sobre su futuro. Que el nuevo canal recaiga en empresarios vinculados a sectores enfrentados con la actual cúpula de Prisa permite leer la adjudicación como algo más que una decisión técnica. Puede ser también una pieza dentro de la batalla por el ecosistema mediático español.