Durante la gestión de la pandemia de COVID-19, el Gobierno español reiteró que sus decisiones se basaban en el asesoramiento de un “comité de expertos” técnico. Sin embargo, meses después se reveló que dicho comité, tal como se había dado a entender al público, no existía formalmente. Esta revelación desató una intensa polémica sobre la transparencia del Ejecutivo, la naturaleza de las decisiones sanitarias y la confianza ciudadana en las autoridades.
El 28 de abril de 2020, el Gobierno anunció el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, iniciando la llamada “desescalada” del confinamiento. En aquellos días, las autoridades insinuaron que un grupo técnico asesoraría qué regiones podían avanzar de fase. El 2 de mayo de 2020, el presidente Pedro Sánchez mencionó tras una reunión con una “comisión técnica de desescalada” que las decisiones se basarían en criterios científicos y técnicos. De hecho, en reuniones periódicas presididas por Sánchez se congregaba un Comité Técnico para la Desescalada, compuesto principalmente por miembros del Gobierno (vicepresidentes y ministros involucrados), más que por científicos externos. Esto podía llevar a confusión sobre la naturaleza “experta” de dicho comité.
Paralelamente, el Ministerio de Sanidad contaba con su equipo técnico interno liderado por Fernando Simón en el CCAES. A principios de mayo de 2020, ante preguntas de la prensa, la portavoz del Gobierno María Jesús Montero explicó que “son los técnicos del Ministerio de Sanidad, conformado por los funcionarios habituales y los miembros del CCAES, los que formulan los informes” para la desescalada. En la misma línea, Fernando Simón –portavoz sanitario durante la crisis– se refirió a un “equipo de técnicos que trabajan en la Dirección General de Salud Pública”, indicando que no se darían sus nombres para evitar presiones: “No les voy a dar el nombre de ninguna persona del equipo […]. Las presiones que sufre cualquier persona a la que se nombre […] hacen muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad”. Estas declaraciones daban a entender que las recomendaciones técnicas provenían de personal experto de la administración, aunque sin identificar públicamente a esas personas.
Durante mayo y junio de 2020, conforme avanzaba la desescalada, el Gobierno insistió en que los criterios técnicos guiaban el paso de cada territorio de una fase a otra. No obstante, crecía la opacidad en torno a quiénes eran exactamente esos expertos asesores. Al mismo tiempo, partidos de la oposición exigían los nombres, sospechando falta de transparencia. La respuesta inicial del Consejo de Transparencia, en mayo, fue ambigua: indicó que no había obligación de publicidad activa de esos nombres al no tratarse de un órgano formalizado. Sin embargo, quedó la duda de si se estaba incumpliendo la Ley General de Salud Pública, cuyo artículo 11 establece que “será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública”.
El punto de inflexión llegó a finales de julio de 2020. Varios diputados del Partido Popular recurrieron al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para esclarecer el asunto. Gracias a esta mediación, el Ministerio de Sanidad tuvo que responder oficialmente. En un escrito dirigido al Defensor –tras consulta del Consejo de Transparencia–, la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, zanjó la cuestión admitiendo: “No existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento”. Era la confirmación de que nunca se creó formalmente tal comité específico para la desescalada. La responsabilidad de las decisiones, añadió Sanidad, correspondía “al Ministerio tras su valoración con las distintas comunidades” según la orden ministerial del 3 de mayo de 2020 sobre cogobernanza. En otras palabras, las evaluaciones técnicas las realizó el equipo habitual del CCAES y de la Dirección de Salud Pública, y la decisión final la tomaba el ministro de Sanidad.
La revelación oficial de que el comité de expertos no existía como tal vino acompañada de explicaciones de los portavoces gubernamentales, intentando matizar la situación. Ese mismo 30 de julio de 2020, el ministro de Sanidad Salvador Illa reconoció públicamente que no hubo un comité externo específico al margen del equipo de Fernando Simón. Illa detalló en el Congreso de los Diputados que el “comité de expertos” al que aludía el Gobierno era en realidad el equipo de funcionarios del CCAES (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias) liderado por Simón. Según explicó, dichos técnicos elaboraban informes para la directora general de Salud Pública (Pilar Aparicio), y “en última instancia la responsabilidad [de quién pasaba de fase] es del ministro”, quien tomaba la decisión final. Illa insistió en que “no se creó un comité al margen de las administraciones públicas del Ministerio de Sanidad”, sino que fueron los funcionarios técnicos existentes quienes aplicaron criterios científicos. En suma, el Gobierno defendió que sí había asesoramiento técnico, pero admitiendo que no provino de ningún órgano nuevo o independiente.
Fernando Simón, por su parte, también desmintió explícitamente la existencia de un comité externo para la desescalada. En la misma rueda de prensa, aclaró que las personas que participaron en las evaluaciones fueron “equipos de funcionarios con experiencia […] con acceso a toda la información disponible”. Subrayó: “No había un comité de desescalada. Hubo un comité científico, pero el informe de las fases era una responsabilidad del Ministerio. No podemos cargarle una responsabilidad con un cierto grado de oficialidad a un comité externo”. Con estas palabras, Simón dejó claro que la toma de decisiones recaía en el Ministerio y sus técnicos, y que ningún organismo asesor externo tomó esas determinaciones por sí mismo.
Cabe recordar que, durante mayo y junio, tanto Illa como Simón habían evitado revelar los nombres concretos de los técnicos asesores. Justificaban el secretismo para proteger a esos profesionales de posibles presiones externas. “Lo mejor que podemos hacer es dejar que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible”, había dicho Simón en mayo. Esta posición chocó con las demandas de transparencia de parte de la opinión pública y de la oposición, generando suspicacias que culminaron en la polémica de julio.
La admisión de que no había un comité de expertos independiente encendió la crítica política. Los partidos de la oposición acusaron al Gobierno de haber construido una narrativa engañosa durante la gestión de la pandemia. La diputada Cuca Gamarra (Partido Popular) afirmó rotundamente en el Parlamento: “No existe comité de expertos. ¿Si no había, quién ha tomado las decisiones? Porque entonces estamos ante decisiones políticas y no técnicas”. Gamarra denunció que cuando se denegaba a una comunidad autónoma el cambio de fase aduciendo “criterios técnicos”, “esos expertos no existían. Esto merece una explicación a todos los españoles”. En la misma comisión parlamentaria, Guillermo Díaz (Ciudadanos) cuestionó: “¿Qué pasa con el comité de expertos? Las cosas existen o no existen, no hay un estado intermedio. ¿Ha sido una coartada para decir que decisiones políticas eran científicas?.
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid (particularmente agraviada por no avanzar de fase en mayo), el consejero Enrique López arremetió con dureza. Acusó al Ejecutivo central de “hacer de la mentira su juego” y calificó la desescalada de “oscurantista”, “falto absolutamente de transparencia” y marcado “exclusivamente” por criterios políticos. Estas declaraciones reflejaban el sentir de varios sectores que consideraron que el Gobierno había engañado al país fingiendo un respaldo técnico objetivo para decisiones que, en opinión de los críticos, pudieron tener motivaciones políticas.
En el plano mediático, la noticia alimentó numerosos titulares y debates. Medios conservadores y afines a la oposición hablaron abiertamente de mentira y falta de transparencia. Por ejemplo, el diario ABC tituló: “El Gobierno reconoce… que nunca existió el comité de expertos para la desescalada”, enfatizando que Moncloa incluso lo había promovido en redes. Efectivamente, la cuenta oficial de La Moncloa en Twitter había publicado el 1 de junio un tuit donde “aseguraba” que “el presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, se encuentra reunido con el Comité Técnico para la #Desescalada”, indicando además que al término de dicha reunión Fernando Simón informaría de los datos del COVID-19. Este mensaje oficial –acompañado de un vídeo– reforzaba la idea de la existencia de un comité técnico asesor, lo que después de julio fue muy criticado como engañoso.
Por su parte, medios de verificación y publicaciones de corte más analítico aportaron contexto para entender el asunto. Se explicó que el Gobierno sí había contado con asesoramiento científico-técnico, pero a través de otros órganos claramente identificados: por un lado un Comité Científico de la COVID-19 (formado en marzo de 2020 con epidemiólogos, virólogos y expertos cuyo nombre sí se hizo público), y por otro un grupo multidisciplinar que diseñó el plan de desescalada (conocido como “grupo de sabios” coordinado por la Vicepresidencia de Teresa Ribera, también con miembros conocidos). Ninguno de esos órganos, sin embargo, decidía qué territorio avanzaba de fase –esa responsabilidad recayó en el Ministerio de Sanidad con los informes del CCAES–.
El caso del “comité de expertos” inexistente plantea serias implicaciones éticas y políticas. En plena emergencia sanitaria, el Gobierno quiso respaldar sus decisiones en la autoridad de técnicos y científicos –un elemento crucial para legitimar medidas drásticas ante la ciudadanía–. Sin embargo, al mantener en secreto la identidad de esos asesores y finalmente reconocer que no había un comité formal, el Ejecutivo quedó expuesto a acusaciones de opacidad e incluso de engaño deliberado.
La transparencia gubernamental sufrió un duro revés. Expertos en acceso a la información señalan que el argumento utilizado para no publicar la composición del supuesto comité “no se sostiene”. La ley española es clara: la composición de comités o grupos que formulen recomendaciones de salud pública debe ser pública, para evitar conflictos de interés y fomentar la confianza. Al no hacerlo, se alimentó la especulación: “Si la gente no sabe, especula”, advierten especialistas, aumentando la desconfianza en las instituciones. En efecto, la falta de transparencia creó un caldo de cultivo para sospechas políticas (y para teorías de manipulación en ciertos sectores sociales), en un momento en que la confianza ciudadana era clave para el cumplimiento de las medidas sanitarias.
La historia del “comité de expertos” fantasma de la desescalada es un recordatorio aleccionador de la importancia de la transparencia gubernamental. En un momento crítico, el Gobierno español construyó un relato de respaldo técnico que, si bien tenía sustento en el trabajo real de funcionarios y científicos, se comunicó de forma ambigua y terminó por volverse en su contra. La revelación de que no existía un comité formal e independiente socavó la credibilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez en plena pandemia, dando munición a sus adversarios políticos y sembrando dudas en parte de la ciudadanía.
A nivel institucional, el caso expuso lagunas en los mecanismos de rendición de cuentas. Solo gracias a la presión de medios, organizaciones civiles y la oposición –canalizada vía el Consejo de Transparencia y el Defensor del Pueblo– se obtuvo claridad sobre un asunto que debió haberse aclarado desde el principio. Si algo demuestra esta polémica es que en gestión de crisis, la confianza pública es tan importante como la eficacia técnica. Sin confianza, las mejores decisiones científicas pueden quedar en entredicho. Y la confianza se nutre de la verdad y la transparencia.