La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles. Sin embargo, mientras los precios continúan marcando máximos y el acceso a una casa resulta cada vez más difícil, el Gobierno ha intensificado las campañas institucionales para defender sus propias políticas. La cuestión no es si un Ejecutivo tiene derecho a informar, sino dónde termina la información de servicio público y dónde comienza la propaganda pagada con dinero de todos.
En las últimas semanas numerosos medios digitales han mostrado anuncios institucionales del Ministerio de Vivienda bajo el lema de que «el Gobierno de España tiene un objetivo claro: consolidar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar». La campaña dirige al usuario a una página oficial que presenta la Ley por el Derecho a la Vivienda como una herramienta eficaz para contener los precios y facilitar el acceso a una vivienda.
Nadie discute que las administraciones públicas deban informar a los ciudadanos sobre campañas de vacunación, plazos tributarios, prevención de incendios o derechos sociales. Ese es precisamente el objetivo que justifica la existencia de la publicidad institucional. Lo que genera un debate legítimo es cuando esas campañas dejan de limitarse a explicar un servicio público y pasan a defender políticamente la gestión del propio Gobierno.
El caso de la vivienda resulta especialmente llamativo porque existe un contraste evidente entre el mensaje institucional y la evolución del mercado. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia en 2018, el precio de la vivienda ha experimentado una fuerte subida —en torno al 45 % según distintos indicadores del mercado— mientras el acceso a la compra y al alquiler se ha complicado para buena parte de la población. En ese contexto, resulta comprensible que muchos ciudadanos se pregunten si es adecuado financiar campañas destinadas a destacar los supuestos éxitos de una política cuyos resultados siguen siendo objeto de una intensa controversia.
El propio Gobierno ha aprobado para 2026 un Plan de Publicidad y Comunicación Institucional con 124 campañas y un presupuesto de 155,6 millones de euros para la Administración General del Estado. Si se suman las campañas comerciales de empresas públicas, el volumen global previsto ronda los 270 millones de euros.
Naturalmente, el hecho de que exista ese presupuesto no implica por sí mismo un uso partidista de los fondos públicos. Muchas de esas campañas responden a obligaciones legales o persiguen fines de interés general. Pero precisamente por ello resulta aún más importante diferenciar con claridad entre informar y persuadir.
La frontera no siempre es sencilla de establecer. Explicar cómo solicitar una ayuda pública es información institucional. Afirmar que una determinada ley «funciona» cuando su eficacia sigue siendo objeto de debate político y económico entra en un terreno mucho más discutible. En ese punto, el ciudadano deja de recibir únicamente información útil y empieza a recibir un relato elaborado por el propio Gobierno sobre el éxito de su gestión.
La controversia no es nueva ni exclusiva de España. Gobiernos de todos los signos políticos han sido criticados por utilizar la publicidad institucional para reforzar su imagen pública. Precisamente para reducir ese riesgo, la legislación española exige que estas campañas respondan al interés público y no tengan carácter partidista. El desafío consiste en garantizar que ese principio se cumpla también en la práctica.