Alemania ha puesto sobre la mesa una de las reformas de pensiones más profundas de las últimas décadas consistente en retrasar progresivamente la edad de jubilación hasta los 70 años y crear un sistema obligatorio de ahorro complementario inspirado en Suecia. La medida no se aplicaría de inmediato, sino a muy largo plazo, pero marca una dirección clara en el que el envejecimiento de la población empieza a obligar a Europa a revisar las promesas sobre las que se construyó su Estado del bienestar.
La propuesta procede de una comisión designada por el Gobierno de Friedrich Merz y servirá de base para la reforma que el Ejecutivo quiere tramitar en los próximos meses. El plan plantea mantener el actual sistema público de reparto, pero añadir un pilar obligatorio de capitalización. Trabajadores y empresas aportarían de forma progresiva hasta un 2% del salario, con el objetivo de invertir ese dinero en mercados financieros y complementar la pensión pública futura.
El otro gran cambio es la edad de jubilación. Alemania ya tenía previsto elevarla hasta los 67 años en 2031. A partir de ahí, la comisión propone vincularla a la esperanza de vida. Según los cálculos actuales, eso llevaría la edad legal hasta los 70 años en torno a 2091 o 2092. No es, por tanto, una jubilación a los 70 inmediata, pero sí una señal política de fondo: si se vive más, el sistema exigirá trabajar más tiempo.
El motivo central es demográfico. Alemania afronta la jubilación masiva de la generación del baby boom, una fuerza laboral más reducida y unas cuentas públicas sometidas a una presión creciente. En un sistema de reparto, las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones de los trabajadores actuales. Cuando hay menos cotizantes por pensionista, solo quedan varias opciones: subir cotizaciones, bajar prestaciones, aumentar transferencias del Estado o retrasar la edad de retiro. Berlín intenta combinar varias de ellas antes de que el problema sea inmanejable.
La reforma también incluye medidas impopulares, como limitar la jubilación anticipada sin penalización a los 63 años tras largas carreras laborales. Esa posibilidad ha sido durante años una vía de salida para trabajadores con trayectorias duras o prolongadas, y su eliminación es uno de los puntos que más rechazo genera entre sindicatos y sectores del Partido Socialdemócrata. Las organizaciones empresariales, por su parte, ven con mejores ojos el giro hacia la capitalización, aunque advierten del aumento de costes laborales que implican las nuevas aportaciones obligatorias.
El Gobierno defiende que el objetivo no es desmontar la pensión pública, sino sostenerla. El modelo sueco aparece como referencia porque combina pensión estatal, cuentas individuales y una mayor exposición al ahorro invertido. La idea es que una parte del retiro dependa no solo de las cotizaciones presentes, sino también de los rendimientos acumulados durante décadas. Esa fórmula, sin embargo, traslada una parte del riesgo al trabajador, ya que los mercados pueden mejorar las pensiones futuras, pero también introducir incertidumbre allí donde antes había una promesa pública más clara.
La discusión alemana tiene una importancia que va más allá de Alemania. Si la mayor economía de Europa asume que el sistema público necesita una edad de retiro más alta y un complemento obligatorio de capitalización, otros países mirarán con atención. España comparte varios de los problemas de fondo, como la baja natalidad, envejecimiento acelerado y una generación numerosa que se jubilará en los próximos años. La diferencia es que Berlín ha decidido plantear el debate de forma frontal, aunque lo sitúe en un calendario de décadas.