La posibilidad de que la inmigración contribuya a aliviar la presión financiera sobre el sistema público de pensiones ha sido uno de los argumentos utilizados con frecuencia en el debate político de los últimos años. Sin embargo, el último estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) introduce importantes matices sobre esa idea y concluye que el efecto de la regularización extraordinaria de población extranjera será muy reducido desde el punto de vista de los ingresos del sistema.
El análisis forma parte del Estudio de evaluación de la regla de gasto de pensiones, publicado el 29 de mayo de 2026, en el que la AIReF revisa las perspectivas de sostenibilidad del sistema y evalúa el impacto de las distintas medidas aprobadas desde 2020 para reforzar su financiación.
Uno de los apartados del informe analiza específicamente el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras actualmente en marcha. La AIReF parte de una estimación potencial de 948.876 personas susceptibles de acogerse a esta medida y calcula cuál podría ser su efecto sobre las cotizaciones sociales en distintos escenarios.
El resultado principal es que el incremento medio de ingresos para la Seguridad Social ascendería a 0,031 puntos porcentuales del PIB al año entre 2022 y 2050. Se trata de una cifra que, en el cuadro resumen del propio informe, aparece redondeada a 0,0% del PIB, debido a su reducido peso relativo frente al conjunto de las medidas de ingresos analizadas.
La AIReF insiste además en que esta estimación debe interpretarse con cautela. El organismo recuerda que la regularización todavía se encuentra en fase de implementación y señala expresamente que existe un elevado grado de incertidumbre respecto a su impacto final. Entre los factores que pueden modificar el resultado menciona la permanencia efectiva de estas personas en España, su incorporación al mercado laboral formal, la evolución de sus salarios y el comportamiento de la economía sumergida.
El estudio también incorpora escenarios alternativos más favorables. Incluso bajo hipótesis más optimistas, el incremento de ingresos derivado de la regularización continúa siendo limitado y no alcanza una décima del PIB anual. La conclusión del organismo es que esta medida, por sí sola, tiene un efecto reducido sobre la financiación del sistema de pensiones.
No obstante, la AIReF evita convertir este resultado en una valoración general sobre la inmigración. El organismo fiscal analiza exclusivamente el impacto presupuestario de esta regularización extraordinaria dentro del marco de la regla de gasto de las pensiones y no realiza una evaluación global de los efectos económicos, demográficos o sociales de la inmigración.
Otro aspecto relevante del informe es que la institución reconoce expresamente una limitación metodológica de este ejercicio. La estimación presentada únicamente cuantifica el incremento esperado de las cotizaciones sociales y no incorpora el gasto futuro en pensiones que generarán esos nuevos cotizantes, ni otras prestaciones públicas a las que puedan tener derecho. Por ello, la AIReF advierte de que el análisis no constituye un balance completo de costes e ingresos a largo plazo.
Más allá de la regularización extraordinaria, el documento mantiene una advertencia de mayor alcance sobre la sostenibilidad del sistema. Aunque la AIReF concluye que España cumple formalmente la regla de gasto prevista en la legislación vigente, considera que dicho cumplimiento no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas. Según sus proyecciones, el gasto en pensiones continuará aumentando hasta situarse en torno al 16,4% del PIB en 2050, mientras que la deuda pública podría alcanzar aproximadamente el 123% del PIB en un escenario de políticas constantes.
Por este motivo, la institución vuelve a reclamar una revisión del diseño de la propia regla de gasto, al considerar que ofrece una visión parcial de la evolución futura del sistema y no refleja adecuadamente el conjunto de las presiones derivadas del envejecimiento demográfico.
En definitiva, el informe de la AIReF no sostiene que la inmigración carezca de efectos económicos positivos, pero sí concluye que, en el caso concreto de la regularización extraordinaria actualmente analizada, su contribución prevista a los ingresos del sistema público de pensiones es modesta y no altera de forma significativa las perspectivas de sostenibilidad financiera del sistema.
Fuente:
Estudio_Regla_Gasto_Pensiones-2026