El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que modifica de forma sustancial la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La medida contempla una inyección adicional de 6.162 millones de euros entre 2026 y 2027, una cifra que el Ejecutivo presenta como la mayor inversión realizada hasta la fecha en este ámbito y que pretende situar la aportación del Estado en torno al 50 % del coste total del sistema.
Más allá del titular, la reforma no consiste en un pago único de 6.200 millones de euros. Se trata de un incremento estructural de la financiación estatal mediante el aumento de las transferencias que la Administración General del Estado realiza a las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido. El nuevo modelo entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y modifica las cuantías del denominado «nivel mínimo de protección», principal mecanismo con el que el Estado participa en la financiación del sistema.
Las cuantías experimentan un aumento especialmente significativo para los grados de dependencia más elevados. En el caso del grado III, correspondiente a la gran dependencia, la aportación estatal pasa de 290 a 660 euros mensuales, un incremento del 128 %. Para el grado II aumenta de 130 a 260 euros mensuales, mientras que el grado I pasa de 76 a 90 euros al mes. Según el Ministerio de Derechos Sociales, este incremento permitirá que la financiación estatal alcance los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones en 2027, aproximadamente el doble de la aportación realizada en 2025.
El objetivo declarado por el Gobierno es doble. Por un lado, reducir las listas de espera, que continúan afectando a cientos de miles de personas pendientes de recibir una prestación o servicio. Por otro, facilitar la transformación del modelo asistencial hacia una atención más centrada en los cuidados domiciliarios y personalizados, reduciendo la dependencia de los grandes centros residenciales. La reforma se acompaña además de cambios normativos vinculados a la futura modificación de la Ley de Dependencia y de la legislación sobre discapacidad, actualmente en tramitación parlamentaria.
Entre las novedades previstas figuran la eliminación de determinadas incompatibilidades entre prestaciones introducidas en 2012, la creación de mecanismos de reconocimiento más ágiles entre discapacidad y dependencia y el impulso a nuevos modelos de vivienda y atención comunitaria. El Ejecutivo sostiene que estas modificaciones pretenden adaptar el sistema al envejecimiento progresivo de la población y a la creciente demanda de cuidados de larga duración.
La dimensión presupuestaria constituye uno de los aspectos más relevantes de la reforma. El Gobierno afirma que la nueva financiación permitirá cumplir el compromiso de que, en 2027, el Estado financie aproximadamente la mitad del coste del sistema, mientras que el resto corresponderá a las comunidades autónomas. Hasta ahora, estas administraciones venían reclamando una mayor implicación financiera de la Administración General del Estado, al considerar que soportaban la mayor parte del gasto derivado de la Ley de Dependencia.
No obstante, la medida también plantea interrogantes sobre su sostenibilidad presupuestaria. La norma supone consolidar un incremento permanente del gasto público en un contexto marcado por el envejecimiento demográfico y por el retorno de las reglas fiscales europeas. Aunque el Ministerio de Derechos Sociales sostiene que la inversión generará actividad económica, empleo y un importante retorno vía impuestos y cotizaciones sociales, el impacto final dependerá de la evolución de las cuentas públicas y de la capacidad de las comunidades autónomas para absorber los nuevos recursos y transformarlos en servicios efectivos.
Otro elemento que seguirá siendo objeto de seguimiento es la eficacia real de la medida para reducir las listas de espera. Diversos informes vienen señalando que el principal problema del sistema no reside únicamente en la financiación, sino también en la disponibilidad de profesionales, la capacidad administrativa de las comunidades autónomas y las diferencias territoriales en la gestión de las prestaciones. El propio Ejecutivo reconoce que el aumento de recursos pretende reforzar la contratación de personal y mejorar las condiciones laborales en un sector que afronta una demanda creciente.