El Ingreso Mínimo Vital (IMV) vuelve a situarse en el centro del debate sobre el gasto público. Apenas transcurrido un tercio del año, el Estado ya ha ejecutado más del 60% de los fondos inicialmente presupuestados para esta prestación, después de que el desembolso acumulado hasta abril superara los 1.700 millones de euros. El dato refleja una aceleración del gasto que coincide con el aumento de beneficiarios y con la revalorización de las cuantías aprobada para 2026.
Según los datos publicados por la Seguridad Social, el IMV alcanzó en abril a más de 846.000 hogares, en los que viven alrededor de 2,58 millones de personas. Más de un millón de ellas son menores de edad. Solo la nómina correspondiente al mes de abril ascendió a 497 millones de euros, una cifra récord desde la creación de la prestación en 2020.
La evolución es significativa. En enero de este mismo año el número de hogares beneficiarios rondaba los 798.000 y la nómina mensual era de unos 458 millones de euros. Tres meses después, la cifra ya se acercaba a los 500 millones mensuales.
Un aumento del gasto superior al 22%
Los datos presupuestarios muestran que el desembolso acumulado creció más de un 22% respecto al mismo periodo del año anterior. A finales de abril ya se había ejecutado el 60,94% del presupuesto inicial previsto para esta partida. Si el ritmo actual se mantiene durante el resto del ejercicio, el coste anual podría acercarse a los 6.000 millones de euros, muy por encima de las previsiones iniciales.
Detrás de este crecimiento se encuentran varios factores. El primero es el aumento constante de beneficiarios. El segundo es la subida de las cuantías aprobada para 2026. El Gobierno elevó el IMV un 11,4%, incrementando tanto la prestación individual como las ayudas destinadas a unidades familiares con menores a cargo.
Actualmente, un beneficiario individual puede percibir hasta 733 euros mensuales, mientras que las familias con hijos reciben importes superiores en función de su composición.
La paradoja: más gasto, pero millones de potenciales beneficiarios siguen fuera
Aunque el gasto no deja de crecer, distintos informes señalan que el IMV continúa presentando importantes problemas de cobertura. La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido en varias ocasiones de que una parte significativa de las familias que podrían tener derecho a la prestación no la solicitan. Algunas estimaciones sitúan esa tasa de no acceso por encima del 50%.
La AIReF también ha recomendado revisar determinados aspectos del diseño de la prestación para mejorar su eficacia y reducir posibles desincentivos a la incorporación al mercado laboral.