Un informe sitúa el coste de la sobrerregulación en España en el 4% del PIB

Un informe del Instituto Juan de Mariana analiza el impacto económico de la regulación en España y concluye que la acumulación normativa podría estar generando un coste relevante sobre la actividad económica. Según este estudio, el exceso de regulación actuaría como un “impuesto oculto”, con un impacto estimado de unos 70.000 millones de euros anuales, lo que equivale a más del 4% del Producto Interior Bruto.

El análisis también cifra en aproximadamente 1.470 euros anuales el coste medio por ciudadano, derivado de factores como la complejidad administrativa, los tiempos de tramitación y la carga burocrática. Asimismo, señala que la calidad normativa habría descendido en torno a un 50% desde el año 2015, en un contexto de incremento del volumen regulatorio.

El informe se basa en modelos económicos que evalúan la relación entre regulación y crecimiento, como la denominada “curva de Laffer regulatoria”, que plantea la existencia de un punto a partir del cual el aumento de normas puede tener efectos negativos sobre la actividad económica, la inversión y la innovación.

En términos comparativos, el estudio sitúa a España entre los países con mayor complejidad regulatoria dentro de la Unión Europea. Entre los factores señalados se encuentran la fragmentación normativa entre distintas administraciones, la duplicidad de procedimientos y los plazos administrativos prolongados.

Diversos organismos nacionales e internacionales han señalado en los últimos años la influencia de estos elementos sobre variables económicas clave. Informes del Banco de España o de la OCDE han vinculado la complejidad regulatoria con efectos sobre la productividad, la movilidad laboral o el acceso a la vivienda, especialmente en entornos urbanos.

El informe plantea, en este contexto, la conveniencia de revisar el marco normativo con el objetivo de reducir duplicidades y simplificar procedimientos administrativos, en línea con propuestas habituales en el ámbito económico orientadas a mejorar la eficiencia del sistema regulatorio.

Fuente: INFORME-CEU-CEFAS-IJM-DESENREDAR-ESPANA-B5