La fundación estadounidense ACLU defiende que la vacunación obligatoria, en realidad, aumenta el compromiso con las libertades civiles.

La fundación de ideología radical -Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) – financiada con decenas de millones de dólares del multimillonario globalista, George Soros, entre otros magnates estadounidenses y organizaciones de extrema izquierda – justificó la imposición de la vacunación obligatoria afirmando que supone en realidad ‘más libertades civiles’

David Cole, director legal de la ACLU, y Daniel Mach, director de su programa sobre libertad de religión y creencias, dos de los abogados principales de la organización, publicaron en Twitter junto con un artículo de opinión del New York Times que lejos de comprometerlos, la vacunación obligatoria en realidad promueve las libertades civiles, y protegen a las personas más vulnerables, a las personas con discapacidades y al sistema inmunológico frágil, a los niños demasiado pequeños para ser vacunados.

Dicha organización defiende que la falta de vacunación supone, de hecho, infligir un daño a la integridad física de otros, al involucrar una enfermedad altamente infecciosa y devastadora. Y muchas instituciones han requerido anteriormente la vacunación para enfermedades contagiosas como las paperas y el sarampión, que representan un riesgo mucho menor que el del coronavirus en la actualidad. Además, afirman que expertos médicos independientes han encontrado que las vacunas Covid-19 son extremadamente seguras y altamente efectivas. En este contexto, atestiguan que la imposición de la vacuna Covid-19, al igual que el uso de mascarillas, son medidas de salud pública necesarias para proteger a las personas de enfermedades graves y la muerte. Por lo tanto, son requeridos en muchos entornos donde los no vacunados representan un riesgo para otros, incluidas escuelas y universidades, hospitales, restaurantes y bares, lugares de trabajo y negocios abiertos al público.

La reacción inicial de la ACLU a la idea de la vacuna COVID obligatoria fue el escepticismo. En un artículo publicado con anterioridad, el analista de políticas senior Jay Stanley advirtió que “hay muchas cosas que pueden salir mal” con los pasaportes de vacunas, citando el potencial abuso de privacidad y la falta de acceso universal asociado con obligar a las personas a proporcionar pruebas de antígenos.

No podemos compartir los planteamientos de la ACLU . Creemos que cuando cualquier tratamiento  carece de un consentimiento no coercitivo e informado, es una intrusión injustificada en la autonomía y la integridad corporal. Todos tenemos el derecho fundamental a tomar nuestras propias decisiones de atención médica. La ley 41/2002 de autonomía del paciente, reconoce de una forma inequívoca el principio de la autonomía que proclama el derecho a aceptar o rechazar terapias médicas. Estas normas tienen su reflejo en la ley 33/2011 general de salud pública.

Tal como indica la organización “Biólogos por la Verdad”, desde un inicio esta plandemía está basada en los test de PCR, junto con los asintomáticos como herramienta básica para mediante la utilización del índice estadístico de la Incidencia Acumulada a 14 días (IA) suma en valor absoluto de positivos al test durante los últimos 14 días.

La utilización de este índice como elemento para la toma de decisiones ha sido el mayor error de esta plandemía no sólo por el propio test, que no sirve para diagnosticar una enfermedad, estando a libre albedrío de los que realizan el mismo según el número de ciclos de amplificación utilizada, sino también por estar albur del interés de quienes dirigen esta falsa para crear olas a su conveniencia.

Resulta sorprendente que la ACLU quiera transmitir al público que las llamadas vacunas COVID, realmente un tratamiento génico, sean seguras cuando se están reportando “oficialmente” gran cantidad de casos adversos. En su comunicado ni tan siquiera se dignan a hacer mención alguna al respecto. Por ejemplo, de acuerdo a los datos de Mortalidad general e infantil de las denominadas VACUNAS COVID, contenidos en los reportes de la Agencia Europea del Medicamento (EMA- Eudravigilance), a fecha 26 de Diciembre de 2021, se habían reportado un total de 14.794 muertes consecuencia de las vacunas, de las cuales 97 eran menores, 13.400 adultos y 1.297 de edad sin especificar. Pfizer (Comirnaty) lidera el ranking en mortalidad con 5.603 muertos, 83 de ellos menores; seguida de Moderna con 4889 fallecidos.

Además, nos gustaría saber en que se basa la ACLU cuando califica a esta enfermedad como ” devastadora” cuando la tasa de supervivencia, según las propias cifras de la innombrable Organización Mundial para la Salud, llega al 99,2%. Además, la mayoría de afectados suele presentar patologías previas y tener una edad avanzada. Podemos comprobar la naturaleza de la verdadera pandemia a partir de los protocolos de la muerte impuestos: aislamiento de familiares y amigos; opioides (morfina), sedación anestésica (Propofol) y medicación retroviral (Remdesivir); y ventilación mecánica – Y todo ello ocultado mediante la prohibición de realizar autopsias.

Unión Estadounidense por las Libertades Civiles

La organización ACLU proporciona asesoría legal en los casos en los cuales considera que las libertades civiles podrían estar en riesgo. Aun cuando la ACLU no proporciona representación legal directa, generalmente interviene en los procesos como amicus curiae. Además de su trabajo legal, la organización también ha realizado actividades de lobby y activismo político.

Soros financió la ACLU con al menos $ 37,359,845 solo entre 2000 y 2014. Además, la ACLU recibe aportes anuales de la Ford, Rockefeller, Carnegie, Field, Tides, Gill, Arcus, Horizons, y otras fundaciones.

Algunas de las posiciones políticas de la ACLU:

• Luchar contra las prohibiciones inconstitucionales del aborto. Defienden que el aborto es uno de los procedimientos médicos más comunes que se realizan hoy en día, y es increíblemente seguro. Una decisión sobre tener un bebé o tener un aborto es una decisión profundamente personal y privada que es mejor dejar a una persona, su familia y su médico.
• Control de natalidad. El acceso a la anticoncepción es fundamental para la autonomía, la igualdad y la capacidad de un individuo para participar en la vida social, económica y política de la nación. La ACLU busca políticas gubernamentales que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos asequibles; respetar la voluntariedad; proteger la confidencialidad; y prohibir la discriminación sexual, ya sea en forma de sancionar las negativas religiosas o tratar la anticoncepción de manera diferente a otros cuidados.

• Justicia Racial. Defensores del movimiento Black Live Mather. El Programa de Justicia Racial se esfuerza por crear un mundo donde “nosotros, el pueblo” realmente nos signifique todo, esto significa desmantelar el racismo sistémico y trabajar para reparar siglos de daño infligido a las comunidades de color.

• LGBTQ. El Proyecto Lesbiana Gay Bisexual Transgénero de la ACLU busca crear una sociedad justa para todas las personas LGBTQ, independientemente de su raza o ingresos.
• La descriminalización del consumo de drogas tales como la heroína, cocaína y marihuana. Se opone a la prohibición criminal de las drogas. La prohibición    somete a los ciudadanos que, por lo demás, respetuosos de la ley, a arrestos, enjuiciamientos y encarcelamientos por lo que hacen en privado.

• Los derechos de los inmigrantes. Desafiar las leyes que niegan a los inmigrantes el acceso a los tribunales, imponen la detención indefinida y obligatoria, y discriminan sobre la base de la nacionalidad.
• Reforma de las leyes penales. Poner fin a las políticas de justicia penal excesivamente duras que resultan en encarcelamiento masivo. Al luchar por reformas a nivel nacional a la prisión preventiva y la vigilancia, las prácticas policiales, los sistemas de defensa pública, las sentencias desproporcionadas, los abusos de autoridad fiscales y / o judiciales en nombre de la seguridad pública y las políticas de drogas fallidas que no han logrado lograr la salud.

Los responsables del comunicado emitido por la ACLU:

• David D. Cole. Director Legal Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Antes de unirse a la ACLU en julio de 2016, Cole fue profesor de Derecho y Políticas Públicas en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown desde marzo de 2014 hasta diciembre de 2016. De su curriculum nos ha llamado la atención su libro “Jugando con las reglas de la pornografía: la regulación de la expresión sexual”. Revista de Derecho de la Universidad de Pensilvania. En el mismo aborda las consecuencias legales de la distribución de materiales pornográficos.

• Daniel Mach. Director del Programa de Libertad de Religión y Creencias de la ACLU. Dirige una amplia gama de litigios, defensa y esfuerzos de educación pública sobre libertad religiosa en todo el país, y a menudo escribe, enseña y habla públicamente sobre temas de libertad religiosa,