Durante la pandemia de COVID-19, YouTube impuso normas muy restrictivas que limitaron la publicación de contenidos relacionados con la salud y con los procesos electorales. Bajo esos criterios se bloquearon vídeos sobre tratamientos alternativos frente a la COVID-19 y se eliminaron publicaciones que cuestionaban la validez de determinados procesos electorales. Estas medidas se tradujeron en el cierre de miles de canales, lo que muchos interpretaron como un intento de acallar voces críticas respecto a las versiones oficiales de la pandemia y de las elecciones.
Sin embargo, en los últimos años la plataforma comenzó a relajar esas restricciones. En junio de 2023 eliminó la prohibición interna contra debatir posibles irregularidades electorales, y a finales de 2024 retiró sus normas dedicadas al COVID, pasando esos casos al marco general de desinformación médica. En la práctica, YouTube hizo posible que ahora se hable abiertamente sobre tratamientos o supuestos fraudes —temas que antes eran estrictamente bloqueados.
El debate escaló cuando Alphabet (matriz de Google y YouTube) envió el 23 de septiembre de 2025 una carta al Congreso de EE. UU. Dirigida al presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, esta misiva fue firmada por el abogado de Google, Daniel Donovan. En ella, Google reconoció ante los legisladores que altos funcionarios de la Casa Blanca «mantuvieron contactos repetidos y sostenidos» para presionar la eliminación de videos sobre la pandemia, incluso cuando ese contenido “no violaba las políticas de YouTube”. Alphabet calificó esas gestiones como “inaceptable y erróneo” y subrayó que ningún gobierno, “incluida la administración Biden, intente dictar cómo moderar el contenido” de la plataforma. Según la carta, la presión gubernamental creó un clima político que influyó en lo que se podía publicar durante la emergencia sanitaria y el ciclo electoral. Los republicanos que investigan el caso llevan meses acusando al Gobierno de Joe Biden de “jawboning” (coacción política) para silenciar discursos legales en Internet.
Frente a estas controversias, Alphabet anunció un cambio de rumbo y aseguró que permitirá el regreso de numerosos creadores cuyos canales habían sido eliminados bajo normas que ya no están vigentes. YouTube afirmó en su carta que “se compromete a brindar a todos los creadores una nueva oportunidad para regresar a la plataforma”, subrayando su apuesta por la libertad de expresión. En la práctica, esto significa que los canales cerrados durante la pandemia o a raíz de debates sobre procesos electorales podrán ser reactivados, aunque aún no está claro en qué condiciones económicas. La empresa insiste en que quiere dar cabida a una pluralidad de voces y recuperar parte del debate cívico que quedó fuera de la plataforma en los últimos años. Este anuncio se suma a la tendencia observada también en otras redes sociales, donde se han flexibilizado las políticas de moderación de contenidos.
La misiva aclaró además la postura de la compañía sobre los verificadores de hechos y la regulación internacional. Google resaltó que YouTube “no ha tenido ni tendrá programas de verificación de hechos que faculten a otros para decidir sobre el material” en sus plataformas; es decir, la moderación seguirá guiada por sus propias políticas internas, sin delegar ese poder a terceros. Asimismo, advirtió sobre la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA). Alphabet teme que esas reglas puedan obligar a retirar «contenido legal» en Estados Unidos y otros países, imponiendo cargas “desproporcionadas” a las empresas estadounidenses. En concreto, la carta señala que el DSA “podría ser interpretado de manera que obligue a Alphabet y a otros proveedores a eliminar expresiones legítimas”, lo cual sería visto como una amenaza indirecta a la libertad de expresión global.
Alphabet usa esta carta para redefinir sus políticas: reconoce las concesiones hechas durante la pandemia, rechaza la intromisión gubernamental y subraya su voluntad de apertura al discurso. El anuncio de restituir cuentas bloqueadas y de prescindir de verificadores externos busca proyectar a YouTube como una plataforma más incluyente, donde prima el debate amplio. La empresa afirma que esto refleja su «compromiso con la libertad de expresión», intentando cerrar la polémica sobre moderación con un nuevo énfasis en la autonomía de sus normas y en un diálogo más libre entre los usuarios.