La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha planteado la posibilidad de abandonar el principio de unanimidad en determinadas decisiones clave de la Unión Europea y avanzar hacia un modelo de integración más flexible, incluso a distintas velocidades.
Aunque el planteamiento se presenta como una forma de mejorar la competitividad europea y evitar bloqueos institucionales, la propuesta tiene implicaciones profundas sobre el equilibrio de poder dentro de la Unión y sobre el papel que desempeñan los Estados miembros más pequeños.
Desde la creación de las comunidades europeas, la unanimidad ha sido uno de los mecanismos que garantizan que los Estados mantengan una parte esencial de su soberanía en determinadas materias. En ámbitos especialmente sensibles —como la política exterior, la fiscalidad o determinadas decisiones institucionales— todos los países deben estar de acuerdo para aprobar una medida.
Este sistema tiene la función de evitar que los países con mayor peso demográfico, económico o político puedan imponer decisiones al resto. En la práctica, supone una salvaguarda para los Estados medianos y pequeños frente a las grandes potencias europeas. Sin embargo, también tiene un efecto colateral evidente: el sistema puede bloquear decisiones cuando uno o varios Estados utilizan su derecho de veto para defender intereses nacionales.
Durante los últimos años, varios gobiernos europeos han recurrido a ese veto en asuntos estratégicos, especialmente en política exterior y sanciones internacionales, generando frustración en las instituciones comunitarias y en algunos gobiernos que defienden una mayor integración.
En este contexto, Ursula von der Leyen ha defendido la necesidad de superar lo que ha descrito como el “dogma de la unanimidad”. Su argumento central es que la Unión Europea necesita mecanismos de decisión más ágiles para poder actuar con rapidez en un entorno geopolítico cada vez más competitivo. Según esta visión, la UE corre el riesgo de quedar paralizada si cada decisión estratégica requiere el consentimiento de los 27 Estados miembros. Por ello, se plantea avanzar hacia sistemas de votación por mayoría cualificada en ámbitos donde actualmente se exige unanimidad.
El debate sobre una “Europa a varias velocidades” no es nuevo. Desde hace décadas se discute la posibilidad de que algunos países avancen más rápido en determinados procesos de integración mientras otros se quedan al margen.
De hecho, ya existen precedentes claros:
-
El euro, que no es utilizado por todos los países de la UE.
-
El espacio Schengen, del que tampoco forman parte todos los Estados miembros.
-
Las cooperaciones reforzadas, mecanismos que permiten que un grupo de países avance en políticas comunes sin necesidad de unanimidad.
La novedad es que ahora esta lógica podría extenderse a ámbitos mucho más sensibles, lo que podría generar una Unión con distintos niveles de integración política. En la práctica, esto significaría que los países con mayor peso político y económico podrían coordinarse entre sí y avanzar en decisiones estratégicas sin necesidad de contar con el respaldo de todos los miembros.
Uno de los principales temores que despierta esta propuesta es la posibilidad de que se consolide una Unión Europea con un núcleo duro de países que toman las decisiones clave, mientras otros Estados quedan relegados a un papel secundario. Este escenario podría generar tensiones dentro del proyecto europeo, especialmente entre los países del este y del sur, que ya han mostrado en ocasiones reticencias a una integración que perciben como dirigida principalmente por las grandes economías del continente. Además, la eliminación de la unanimidad podría modificar profundamente la naturaleza política de la Unión Europea. Mientras que el sistema actual obliga a buscar consensos amplios entre todos los Estados, un modelo basado en mayorías reforzaría el peso de las coaliciones de países más influyentes.