VERDADERO
FALSO
Julian Foulkes, un ex agente especial de policía de 71 años, fue arrestado en su casa por seis agentes del mismo cuerpo al que dedicó diez años de su vida, la Policía de Kent, por publicar un tuit irónico de 26 visualizaciones.
Julian Foulkes sirvió durante una década como agente especial en la Policía de Kent. En noviembre de 2023, mientras el conflicto entre Israel y Hamás acaparaba titulares globales, Foulkes reaccionó a un mensaje en X (antes Twitter) de un activista pro-Palestina que criticaba a Suella Braverman por referirse a las manifestaciones en Londres como “marchas del odio”. Su respuesta fue:
“One step away from storming Heathrow looking for Jewish arrivals…”
Una clara alusión a los acontecimientos recientes en Dagestán, donde una turba antisemita invadió un aeropuerto buscando pasajeros judíos. Su mensaje fue visto solo 26 veces y no recibió denuncias del público. Sin embargo, fue detectado por el Metropolitan Police Intelligence Command, que lo remitió a Kent Police.
Al día siguiente, seis agentes con porras y gas pimienta llegaron a la casa de Foulkes. Lo arrestaron, lo esposaron en su puerta, lo fotografiaron, tomaron muestras de ADN y registraron su biblioteca, señalando libros de Douglas Murray y ediciones de The Spectator como “muy Brexity”. También revisaron recortes personales sobre la trágica muerte de su hija, Francesca.
La base legal para la detención de Foulkes se encuentra en el Artículo 127 de la Ley de Comunicaciones de 2003, una legislación pensada originalmente para combatir el abuso y el acoso a través de servicios públicos de telecomunicaciones.
Este artículo establece que comete un delito quien:
“Envíe por medio de una red pública de comunicaciones un mensaje, u otro contenido, que sea groseramente ofensivo o de carácter obsceno, indecente o amenazante, con la intención de causar molestia, inconveniencia o ansiedad al destinatario”.
El problema radica en la vaguedad de términos como “groseramente ofensivo” o “molestia”. ¿Quién decide qué es ofensivo? ¿En qué momento una crítica política o una ironía se transforma en un delito?
La ley, que nació con el propósito de proteger a las personas de amenazas reales, hoy se enfrenta a un escenario digital muy distinto, donde la subjetividad puede volverse peligrosa y la vigilancia de opiniones genera un efecto de autocensura generalizada.
Tras la intervención legal de sus representantes, la advertencia formal impuesta a Foulkes fue retirada y la Policía de Kent pidió disculpas. El jefe de la fuerza, Tim Smith, incluso lo llamó personalmente. No obstante, los daños emocionales ya estaban hechos. Foulkes declaró sentirse traicionado, afectado psicológicamente, y describió la experiencia como traumática: “Es como un PTSD. Intentas ignorarlo, pero vuelve”.
El caso provocó una ola de reacciones. El diputado Chris Philp lo calificó como “completamente inaceptable” y la propia Suella Braverman dijo que era “un episodio indignante”. El Free Speech Union se ha comprometido a financiar una demanda por arresto y detención indebidos.
El arresto de Foulkes no es un caso aislado. En los últimos años se han multiplicado los incidentes en los que ciudadanos han sido interrogados o detenidos por publicaciones en redes sociales. Desde padres en Hertfordshire arrestados por quejas en un grupo de WhatsApp, hasta periodistas visitados en casa por criticar políticas gubernamentales. Incluso se han registrado como incidentes de odio no delictivos mensajes que no constituyen delitos, pero que la policía considera “preocupantes”.
Estas prácticas han encendido las alarmas sobre el auge de un modelo de vigilancia ideológica que algunos no dudan en comparar con el concepto de “crimen de pensamiento” que George Orwell describía en 1984.
Si la policía interviene en debates públicos no por amenazas, sino por opiniones impopulares, estamos ante un serio problema democrático. El uso del Artículo 127 como arma para perseguir discursos controversiales puede convertirlo en un instrumento de represión.