El Gobierno presenta un instrumento dotado con 10.500 millones de euros para movilizar hasta 120.000 millones en sectores estratégicos. La iniciativa, inspirada en los fondos soberanos internacionales, abre un debate sobre su naturaleza, financiación y gobernanza.
En el cierre del Spain Investors Day, ante un auditorio de grandes fondos y ejecutivos internacionales, el presidente del Gobierno anunció la creación del Fondo soberano España Crece. El proyecto arrancará con 10.500 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación y, según el Ejecutivo, pretende actuar como palanca para atraer inversión adicional hasta alcanzar los 120.000 millones, combinando capital público y privado en una misma estrategia.
El Gobierno enmarca la iniciativa como la continuación lógica de los fondos europeos Next Generation, cuyo ciclo termina en 2026. La intención, sostienen desde Moncloa, es evitar que el impulso reformista se diluya con el fin del programa comunitario y asegurar que las transformaciones emprendidas tras la pandemia —desde la transición energética hasta la digitalización y la reindustrialización— mantengan su ritmo en los próximos años.
Qué propone el Gobierno
El fondo será gestionado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y coinvertirá con el sector privado mediante préstamos, avales o instrumentos de capital. La fórmula elegida es la coinversión: el Estado no invertirá en solitario, sino junto a empresas y fondos privados, a través de préstamos, avales o participaciones en capital.
En cuanto a los destinos, el Gobierno ha dibujado un mapa amplio de prioridades: desde la vivienda y la energía hasta la digitalización y la inteligencia artificial, pasando por la reindustrialización, la economía circular, las infraestructuras, el agua o la seguridad. En esencia, los mismos ejes que han vertebrado el discurso de modernización económica de los últimos años.
La pieza central del plan es el llamado “efecto multiplicador”. La idea es sencilla sobre el papel: los 10.500 millones de partida actuarían como palanca para atraer financiación adicional —tanto nacional como internacional— y así escalar el volumen total hasta los 120.000 millones anunciados. No se trata solo de gastar, sino de provocar que otros inviertan junto al Estado.
Desde el Gobierno sostienen que este mecanismo permitirá sostener el ritmo inversor cuando termine el paraguas excepcional de los fondos europeos. En su planteamiento, el fondo no sería un sustituto puntual, sino una herramienta estable para impulsar proyectos productivos y evitar que la economía pierda tracción una vez se cierre el capítulo extraordinario abierto tras la pandemia.
El debate sobre el término “soberano”
El uso del concepto “fondo soberano” ha sido uno de los elementos más discutidos. En la práctica internacional, estos instrumentos suelen nutrirse de excedentes acumulados —como ingresos por recursos naturales o superávits fiscales persistentes— y actúan como reservas estratégicas de largo plazo. El caso más citado es el fondo noruego, alimentado por rentas petroleras y convertido en uno de los mayores inversores institucionales del mundo España, en cambio, parte de una situación distinta. La dotación inicial del nuevo fondo procede de recursos europeos aún disponibles dentro del Plan de Recuperación. No se trata de excedentes fiscales estructurales, sino de financiación vinculada a un programa extraordinario aprobado por Bruselas tras la crisis sanitaria. Para algunos analistas, la diferencia es sustancial, ya que el instrumento español se asemejaría más a un vehículo de política industrial que a un fondo soberano clásico.
Críticas desde la oposición y el ámbito económico
La oposición ha cuestionado tanto el fondo como su justificación. El Partido Popular ha calificado la iniciativa de “humo” y ha acusado al Ejecutivo de intentar evitar la devolución de fondos europeos no ejecutados. Según esta interpretación, el nuevo vehículo serviría para reorganizar recursos pendientes antes de que expiren los plazos comunitarios, más que para inaugurar una arquitectura financiera novedosa.
El reproche no se limita al nombre. También apunta a la gestión pasada. Los críticos recuerdan que la ejecución de algunos programas vinculados al Plan de Recuperación ha sido más lenta de lo previsto y que varios proyectos iniciales se han revisado o ajustado sobre la marcha. Desde esta perspectiva, antes de crear un nuevo vehículo financiero, el Gobierno debería demostrar —dicen— que puede ejecutar con eficacia los instrumentos ya existentes.
Economistas críticos también ponen en duda la viabilidad del multiplicador anunciado. Movilizar 120.000 millones exige atraer volúmenes significativos de capital privado en un entorno internacional competitivo y con elevada incertidumbre geopolítica. La coinversión, subrayan, dependerá de la rentabilidad real de los proyectos, de la estabilidad regulatoria y de la confianza institucional.
Otro foco de debate es la gobernanza. Los fondos soberanos internacionales han sido objeto de escrutinio por posibles riesgos de politización o falta de transparencia. Incluso modelos considerados ejemplares han reforzado sus estándares de información pública y criterios ético. En el caso español, aún están por concretarse con detalle los mecanismos de selección de proyectos, supervisión independiente y evaluación de resultados.