Coloca bajo el ministerio de Economía las principales funciones de inteligencia financiera, supervisión e inspección
El Gobierno ha aprovechado el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones para aprobar una reforma que le otorga un control sin precedentes sobre el sistema español de prevención del blanqueo de capitales. La creación de la nueva Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), integrada dentro del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), coloca bajo la órbita directa del Ministerio de Economía las principales funciones de inteligencia financiera, supervisión e inspección que hasta ahora se ejercían con la participación del Banco de España. El movimiento llega además cuando siguen abiertas investigaciones por presunta corrupción política y con el precedente del caso Plus Ultra todavía muy caliente.
El cambio preocupa a fuentes conocedoras del funcionamiento del sistema porque consideran que el nuevo modelo permitirá al Ejecutivo controlar el circuito por el que pasa la información financiera más sensible. Esa documentación resulta determinante para investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. El temor es que, al desaparecer el contrapeso que suponía el Banco de España y quedar todo integrado bajo Economía, el Gobierno pueda condicionar qué información se considera relevante, retrasar determinados expedientes o conocer de antemano investigaciones especialmente delicadas. Las fuentes consultadas subrayan que se trata de un riesgo potencial derivado del nuevo diseño institucional, no de hechos ya constatados.
Economía absorbe ‘antiblanqueo’
Oficialmente, el Ejecutivo sostiene que la reforma responde a la adaptación de España al nuevo paquete europeo contra el blanqueo de capitales aprobado en 2024. La nueva Anifi unificará las competencias de inteligencia financiera, supervisión, inspección, potestad sancionadora y control de las sanciones financieras internacionales, convirtiéndose además en el interlocutor único con la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA).
Sin embargo, el aspecto que más controversia genera es la decisión de integrar este organismo dentro del FROB, dependiente del Ministerio de Economía, en lugar de mantener el equilibrio institucional existente hasta ahora con el Banco de España y el Sepblac.
Fuentes conocedoras de la reorganización sostienen que «Economía se mete en el bolsillo el servicio de blanqueo de capitales». Según explican, «quieren utilizar el cascarón del FROB para que sea la nueva autoridad de blanqueo de capitales, por encima del Sepblac», concentrando en una única estructura funciones ejecutivas, preventivas, supervisoras y sancionadoras.
A juicio de estas fuentes, el problema no reside únicamente en la reorganización administrativa, sino en que desaparece buena parte de la independencia institucional que hasta ahora existía en el análisis de operaciones financieras susceptibles de constituir delitos de blanqueo.
Precisamente por ello, consideran que investigaciones especialmente sensibles, como las relacionadas con corrupción política o con operaciones tan controvertidas como el rescate de Plus Ultra, podrían desarrollarse bajo un modelo mucho menos transparente para los cuerpos policiales encargados de seguir el rastro del dinero.
El nombramiento de Carla Díaz
Las dudas aumentan por la coincidencia temporal entre la creación de la nueva autoridad y el nombramiento de Carla Díaz Álvarez de Toledo como nueva presidenta del FROB, aprobado también en el último Consejo de Ministros antes del verano.
Fuentes internas del organismo consideran que ambos movimientos forman parte de una misma estrategia. «No es casualidad». Según explican, Carla Díaz «conocía perfectamente la creación de esta nueva autoridad contra el blanqueo», del mismo modo que sabe «quién la nombra y en qué momento».
Las mismas fuentes cuestionan además que su perfil sea el más adecuado para dirigir un organismo cuya naturaleza cambia radicalmente. «¿Es un perfil idóneo para resolución bancaria y blanqueo?», se preguntan, antes de concluir que la operación «da una imagen de que el Gobierno improvisa».
La futura Anifi contará con alrededor de 250 trabajadores procedentes del FROB, el Sepblac y el Tesoro, dispondrá de un presupuesto cercano a los 50 millones de euros anuales (financiado mediante tasas a los sujetos obligados y no con cargo directo a los Presupuestos) y asumirá también nuevas competencias como la supervisión de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Además, la reforma amplía el número de sectores sometidos al control antiblanqueo. Entre los nuevos sujetos obligados figuran los proveedores de servicios de criptoactivos, las plataformas de financiación participativa y los clubes y agentes del fútbol profesional, al tiempo que endurece las exigencias sobre la identificación de los titulares reales y refuerza el control de los movimientos de efectivo.
Pero, más allá de esas novedades técnicas, el debate se centra en la concentración del poder. La desaparición del papel de contrapeso que ejercía el Banco de España y el traslado del núcleo del sistema antiblanqueo al Ministerio de Economía han abierto un intenso debate sobre las garantías de independencia de un instrumento esencial para las investigaciones sobre delincuencia económica y corrupción política.
Este artículo fue publicado originalmente en okdiario. Lea el original.