El 27 de marzo de 2025, el Tribunal de Cuentas aprobó un informe que, si se leyera con la atención que merece, bastaría para desmontar buena parte del relato triunfalista sobre la gestión sanitaria en España durante los años de la pandemia. El documento, centrado en fiscalizar los sistemas de información del Ministerio de Sanidad entre 2019 y 2021, ofrece un retrato tan detallado como incómodo- El sistema de salud digital del Estado español no no funcionó durante la denominada crisis sanitaria y, aún peor, no aprendió casi nada después.
El informe concluye que, cuando se declaró la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Sanidad carecía de un sistema de información para la gestión, monitorización y coordinación de emergencias sanitarias. A su vez, la herramienta utilizada para la vigilancia epidemiológica, SIVIES, no estaba preparada para responder a la supuesta pandemia y las reformas introducidas con posteridad, como la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, de 2024, están pendientes de desarrollo.
Uno de los ejes principales del informe es el sistema REGVACU, el registro creado para seguir la pista de las vacunas contra la COVID-19. En la práctica fue un parche levantado a toda prisa. Las comunidades autónomas enviaban datos de forma irregular, muchas veces en formatos distintos, con errores de duplicación y con lagunas de información crítica. No había un sistema común, no había integración real, no se podía verificar con precisión a quién se había vacunado, con qué dosis, ni cuándo. Es decir, España puso millones de vacunas, pero no podía asegurar —ni después, ni durante— que todos esos datos estuvieran correctamente gestionados.
El sistema de vacunación se convirtió así en una especie de castillo de naipes digital. Desde fuera se veía sólido, pero por dentro bastaba con tocar un dato mal introducido para que todo el seguimiento se desmoronara. Se prometía control, pero no había manera de asegurar ni la trazabilidad de cada vial ni el cumplimiento estricto de los criterios de prioridad. La tecnología, en lugar de garantizar transparencia y precisión, terminó escondiendo las carencias detrás de una pantalla. La información sobre vacunas en la pandemia era “dispersa”, “desfasada”, “heterogénea”, con “deficiencia en coordinación” y difícil “interoperabilidad” entre comunidades autónomas, “limitada”, y los sistemas eran “manifiestamente mejorables”, tenían “errores significativos” y “carecían de funcionalidades fiables”.
A todo esto se sumaba una opacidad estructural. El Tribunal señala que no se garantizó la integridad de los datos ni se implementaron los mecanismos necesarios para auditar el proceso de vacunación con rigor. No se podía saber si una persona había recibido dos dosis, si era elegible según el calendario de vacunación o si se habían registrado correctamente los efectos adversos. En teoría, el sistema existía. En la práctica, no funcionaba con garantías. Se registraba mucho, sí, pero se controlaba poco. Y sin control no hay transparencia; solo simulación de orden.
No fue un caso aislado. El descontrol afectó a todo el entramado de sistemas informáticos del Ministerio de Sanidad. Herramientas de vigilancia epidemiológica desfasadas, sistemas de alerta que no funcionaban, redes de coordinación que se reunían sin actas ni soporte digital, decisiones críticas tomadas sin trazabilidad documental. En pleno siglo XXI y durante la mayor emergencia sanitaria de las últimas décadas, se trabajó con correos electrónicos, hojas de Excel y archivos de Word. La digitalización, en lugar de ser una herramienta de gestión, fue una máscara.