El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma del Código Penal que endurece las penas para quienes cometen delitos leves de forma reiterada, en una votación que reunió apoyos desde el Gobierno hasta la oposición conservadora y evidenció, al mismo tiempo, profundas divisiones dentro del propio bloque de investidura. La iniciativa, impulsada originalmente por Junts per Catalunya, continúa ahora su tramitación en el Senado y podría suponer uno de los cambios más significativos en la política penal reciente.
La nueva norma introduce que la reiteración de delitos leves ya no será tratada como una suma de faltas aisladas, sino como un patrón que puede justificar penas de prisión. Según el texto aprobado, una persona condenada al menos tres veces por hurtos similares —incluso cuando cada uno de ellos implique cuantías inferiores a 400 euros— podrá enfrentarse a penas de entre uno y tres años de cárcel, en lugar de simples sanciones económicas.
Hasta ahora, el sistema penal español tendía a tratar estos delitos leves con multas, incluso cuando se repetían. La reforma introduce la posibilidad de aplicar agravantes específicos por reincidencia y amplía el alcance del castigo a nuevas conductas, como el robo de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos que contengan datos personales, un fenómeno particularmente frecuente en zonas urbanas y turísticas.
El texto también permite a los jueces prohibir a determinados delincuentes acudir a zonas concretas o acercarse a víctimas específicas. Además, se endurecen las sanciones por estafas reiteradas y se introduce el delito vinculado al llamado “petaqueo”, relacionado con el suministro de combustible a redes de narcotráfico, castigado con penas de hasta cinco años de prisión. Para los defensores de la reforma, el cambio responde a una anomalía jurídica: el sistema anterior, argumentan, no diferenciaba un delito aislado y un comportamiento sistemático. La nueva ley pretende corregir esa distorsión, adaptando el Código Penal a la jurisprudencia reciente y reforzando la capacidad de los tribunales para actuar ante conductas repetitivas.
El debate sobre la multirreincidencia no es nuevo, pero ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente en grandes ciudades donde el hurto reiterado ha generado una creciente sensación de impunidad entre comerciantes y ciudadanos. La reforma pretende responder a esa percepción social, que algunos partidos han convertido en una prioridad política.
No obstante, el impacto real de este tipo de medidas sigue siendo objeto de discusión. Algunos expertos en criminología y miembros de las fuerzas de seguridad han advertido que el endurecimiento de las penas, por sí solo, no resuelve los problemas estructurales del sistema judicial ni reduce necesariamente la reincidencia, especialmente si no va acompañado de medidas preventivas y de reinserción.
Tras su aprobación en el Congreso, la ley deberá ser ratificada por el Senado antes de su entrada en vigor definitiva. Si supera este trámite, marcará un punto de inflexión en el tratamiento penal de los delitos leves en España, reforzando la capacidad del sistema judicial para responder a la reincidencia, pero también abriendo interrogantes sobre su eficacia y consecuencias a largo plazo.